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La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si debe o no ser obligatoria  la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas de Salta. Es porque la Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un recurso extraordinario que presentaron un grupo de madres.  En julio del año pasado, el máximo salteño avaló la obligatoriedad.  

En 2008, la Legislatura salteña sancionó una nueva Ley de Educación Provincial que estableció la obligatoriedad de enseñar religión en escuelas públicas y privadas. Dos años después, un grupo de madres y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) iniciaron una acción de amparo colectiva contra el Ministerio de Educación de Salta para que se garantice la neutralidad del Estado en materia religiosa en las escuelas públicas de esa provincia.

El juez Marcelo Domínguez, integrante de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta hizo lugar al amparo en marzo de 2012 y ordenó al estado provincial a que adopte las medidas necesarias para que cesen las conductas que imponen prácticas de la religión católica a estudiantes de las escuelas públicas de educación primaria. “El Estado –sea nacional o provincial- no puede sugerir, orientar o fomentar un credo, máxime en un sector vulnerable como el de los niños”, dijo el juez en esa sentencia.

Pero la Corte salteña consideró, en julio de 2013, constitucional la enseñanza católica en las escuelas públicas de la provincia pero estableció que la provincia debía arbitrar “un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica”.

Ante esto, las madres de los chicos presentaron un recurso extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que la Corte salteña accedió, por lo que  el expediente llegará al máximo tribunal del país.

Los jueces Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Abel Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman de Martinelli, junto con  Graciela Carlsen –juez de Cámara llamada a integrar el tribunal- consideraron que el recurso reunía las condiciones formales para llegar al máximo tribunal del país.

Los magistrados consideraron que como en el planteo de las madres “se pusieron en tela de juicio disposiciones locales por lesionar normas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales, y la apreciación de si esas normas provinciales colisionan o no con los principios contenidos en las disposiciones superiores tiene una relación directa e inmediata con la materia del proceso”, el caso deberá ser analizado por la Corte Suprema.