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El juez federal Santiago Inchausti ordenó el embargo de una propiedad que pertenece a una mujer procesada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.  La medida fue tomada a pedido de la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Pablo Larriera y de la titular de la Unidad de Recupero de Activos, María del Carmen Chena. La intención del embargo es “garantizar la indemnización del daño material y moral causado a las víctimas y la pena de multa en el caso de una sentencia condenatoria”.

La investigación por este caso comenzó luego de una denuncia presentada por el Equipo Técnico de Rescate y Asistencia a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de la Municipalidad de General Pueyrredon. En ella se decía que un grupo de mujeres extranjeras estaban siendo explotadas sexualmente en un local nocturno denominado “Nautilius”, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Cinco personas fueron llevadas a declaración indagatoria por haber captado, acogido y retenido en un domicilio particular al menos a siete mujeres en situación de vulnerabilidad, cuatro de ellas oriundas de República Dominicana con el trámite migratorio incompleto. La hipótesis de la acusación es que fueron ofrecidas en el prostíbulo, para finalmente ser explotadas sexualmente en una vivienda particular, donde trabajaban todos los días de la semana durante la noche y solamente recibían una parte del dinero que recaudaban.

JC/PW