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El megajuicio de Mendoza es considerado inédito en el país porque además de juzgar la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, contempla por primera vez en la provincia a los ataques sexuales que sufrieron ex detenidas durante sus cautiverios como un delito independiente de las torturas y tormentos. Después de la feria y de cinco meses de debate se reiniciaron las audiencias. Dos testigos volvieron a comprometer a los jueces Otilio Romano y Luis Miret y subrayaron la connivencia entre la justicia federal y la policía provincial.

Nilo Torrejón fue militante de la Juventud Peronista (JP). El 24 de febrero de 1976 fue secuestrado y permaneció detenido ilegalmente en el Regimiento de Infantería de San Rafael, Mendoza y en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Mendoza (D2) hasta el 21 de marzo de 1976. Entre esa fecha y diciembre de 1979 estuvo preso en distintas cárceles del país. En diciembre de 1979 se exilió en Suecia y regresó a la Argentina en 1984.

En la audiencia, reconoció a su torturador: un oficial penitenciario de apellido Bianchi, que está imputado en el megajuicio de Mendoza. “Venía de civil a torturarnos, lo vi varias veces”, dijo, y desmintió la estrategia del abogado defensor de Bianchi, quien había dicho que su defendido estaba de licencia. En la sala de torturas, según dijo el abogado querellante Pablo Salinas a esta agencia, los represores no solían usar uniforme: torturaban vestidos con ropa informal.

Luego fue el turno de Elba Fernández del Río, hermana de la abogada Haydee, ex presa del centro clandestino D2, detenida y torturada en 1976. En la audiencia 26, Haydee había explicado la persecución ideológica que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”. Ahora, su hermana declaró que cuando detuvieron a Haydee presentó un habeas corpus en el despacho de Romano. “El juez no hizo nada. Volví varias veces y nunca me dio respuesta. Sólo se fijó en una lista de personas y dijo que mi hermana no estaba”, dijo. De acuerdo a la interpretación del abogado Salinas, ese dato no es menor: que Romano tuviera una lista con personas detenidas demostraría la estrecha colaboración de la justicia con los represores.

Por último, declaró Daniel Paradiso, que también fue militante de la JP y fue detenido en 1975, antes del golpe militar. “Su caso es importante porque revela que por la ley 20840 de lucha contra la subversión, los jueces ya colaboraban con los policías. Paradiso fue juzgado tres veces y sin embargo fue preso. Y Miret y Romano, que fueron los jueces que avalaron la persecución ideológica antes de la dictadura, luego fueron premiados y ascendidos a puestos de mayor prestigio con los militares”, dijo Pablo Salinas a Infojus Noticias.

“Los testimonios de Paradiso y Fernández del Río incrementan el nivel de pruebas sobre  la relación entre la justicia federal y  la policía provincial. Es clave para entender cómo funcionaba el circuito represivo, pórque funcionaban como un mismo bloque. Hay que entender que las órdenes de detención las emitían Miret y Romano, que luego iban los represores y las ejecutaban y que cuando los familiares acudían a la justicia presentando habeas corpus y recursos de amparo, hacían la vista gorda y no accionaban. Esa complicidad se está demostrando en las audiencias de este juicio”, concluyó Salinas.

Mañana se retomarán las audiencias con la declaración de Adriana Espínola, que fue compañera de militancia de Nilo Torrejón. Su testimonio aportará precisiones sobre las circunstancias de detención en el D2.