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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia en la que se condenó a la delegada del gremio de empleados judiciales de Bahía Blanca, Graciela Diez Paz, por injurias con el integrante de la Cámara Federal de esa provincia, Néstor Luis Montezanti, quien formó parte del personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura. Montezanti tiene un historial de presentaciones y la Justicia le dio la razón en otras dos ocasiones.

Un comunicado de prensa de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) enardeció al juez Montezanti.  En él se comentaban presuntas irregularidades del magistrado cuando ostentó el cargo de presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca años atrás y el juez le inició un juicio por injurias a la delegada local del gremio. El comunicado había sido difundido a través del fax en las oficinas de la Superintendencia y biblioteca de la cámara.

Un traslado compulsivo de una empleada de esa Cámara fue una de las circunstancias que hicieron que el gremio realizara el comunicado. Allí se detallaba las “numerosas, reiteradas y graves irregularidades que desde hace años está cometiendo el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca”. Montezanti no fue directamente mencionado en el comunicado pero sí era quien en ese momento ostentaba la presidencia.

El comunicado, que llevaba la firma de Diez Paz, hablaba de los jueces que “siguen actuando, como si todavía siguiera la dictadura; que añoran esos tiempos y se aferran a ellos; que más que jueces ejerciendo la justicia parecen ser señores feudales o mandamás de campos de concentración”. Además hacía una referencia a una frase de Joseph Goebbels “miente, miente que algo quedará”.

La justicia de Bahía Blanca le dio la razón a Montezanti y condenó a la sindicalista a indemnizar al magistrado con 70 mil pesos. La sala I de la Cámara  e Apelación Civil y Comercial de Bahía Blanca consideró que los términos en que fue redactado el comunicado “pone de manifiesto que la cuestión iba más allá de la mera información y de la “obediencia”. Diaz Paz sostenía que sólo se “limitó a acompañar” con su firma un comunicado de la Comisión Directiva de la UEJN “siguiendo instrucciones de la entidad gremial a la que pertenece”

Denuncias cruzadas

Los camaristas bahienses –los jueces Miguel Diez, Guillermo Ribichini y Gustavo Salvatore Reviriego- sostuvieron que “al difundirse periodísticamente los cargos, lo que no fueron en absoluto acreditados por la injuriante, el marco de la injuria se amplía” y “dejan de ser rumores o sospechan que circulan exclusivamente en el ámbito tribunalicio local” y que “trascienden instalándose en la sociedad; no encontrándose probada la tergiversación de la verdad por algunos medios”.

Este fallo, de marzo del año pasado, llegó a la Corte Suprema de Justicia para ser revisado pero en una sentencia firmada por Carlos Fayt, Elena Higthon, Eugenio Zaffaroni y Juan Maqueda, se declaró “inadmisible” el recurso presentado por el abogado de la gremialista, Ricardo Campaña, confirmando así la sentencia.

Para desestimar el recurso, los supremos se basaron en una cuestión procesal, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, que no establece la obligación de argumentar la decisión. La sentencia conocida hoy fue firmada por la Corte el pasado 11 de diciembre.

Montezanti fue denunciado en 2008 el Consejo de la Magistratura por la UEJN presuntas irregularidades cometidas contra los empleados judiciales y representantes gremiales; por su presunta participación en la organización Triple A y por su comprobado desempeño como agente secreto del Ejército durante la última dictadura. La denuncia fue archivada en marzo de 2013 porque se extendió en más de tres años y cuatro meses sin ser tratado el expediente.

Otros fallos favorables

En un juicio por calumnias e injurias que propio Montezanti le inició al ex alumno Alberto Rodríguez en 2006, el juez correccional José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 lo vieron a las risas con un grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional. Como consignó entonces Página /12, Rodríguez había presenciado en abril de 1975 el asesinato de su compañero David Cilleruelo y lo había acusado como “cómplice de los crímenes en esta universidad”.

La mencionada sala I bahiense también realizó otro fallo favorable a Montezanti en octubre pasado cuando condenó a Dante Patrignani, un docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS), a indemnizar con 70 mil al magistrado por haber lacerado su “privacidad, tranquilidad y honra” en un afiche en el que se ve al actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca con una boina militar.