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En los diez años y diez meses que estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, Raúl Reynoso supo ganarse fama de investigador implacable contra el narcotráfico. Ahora, el magistrado quedó a un paso del juicio político y la cárcel: su par salteño Julio Bavio lo procesó como líder de una organización que recibía “dinero o dádivas” a cambio de liberar a acusados en causas por tráfico de drogas. También dictó su detención, que quedó supeditada al pedido de destitución que deberá resolver el Consejo de la Magistratura.

La medida alcanza a los abogados María Esper Durán, de 71 años, René Gómez, de 76, Arsenio Gaona, de 53 y Ramón Valor, de 52, a los empleados del Juzgado Miguel Ángel Saavedra (jefe de Despacho) y César Aparicio y su hermana Rosalía Aparicio, jubilada de 64 años. Todos ellos fueron procesados sin prisión preventiva, por lo que quedarán en libertad. El juez ordenó embargos de entre cuatro millones y 200 mil pesos.

En la resolución de 87 páginas, Bavio sostuvo que Reynoso es “autor responsable” de los delitos de “asociación ilícita en carácter de jefe u organizador”, concusión y prevaricato. El juez adoptó la resolución tras el pedido del fiscal Federal 2 de Salta, Eduardo Villalba, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.

El jueves 26 de noviembre, los fiscales habían pedido procesamiento y la detención de todos los imputados. Entre las pruebas citadas figura el diálogo entre la abogada María Esper y su defendido en el que le explica: “No hay forma de sacarte sin poner plata”.

El jury y la destitución

El juez Bavio notificó a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, de la decisión para que se inicien los trámites vinculados al juicio político, requisito necesario para concretar la destitución del cargo.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura citó a declarar al magistrado para el próximo 4 de diciembre y ordenó una auditoría en el Juzgado a partir de una denuncia anterior por mal desempeño a la que se incorporaron las actuaciones de la Justicia salteña.

El expediente original, el 133/2015, nació a partir de una denuncia de David Ramón Mazzutti por atropellos e ilegalidades. Mazzuti acusó a Reynoso de ordenar su detención –a fines de 2014- sin la intervención de un fiscal y sin ser informado de los motivos de la privación de la libertad. La causa estuvo caratulada originalmente como “averiguación de delito”. Tras la presentación de un hábeas corpus, Reynoso la cambió a “amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones”. Finalmente el juez se inhibió y remitió el expediente al juez Julio Leonardo Bavio, que declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la libertad de Mazzutti. A este expediente se le acumuló el 181/2015 iniciado a partir de las actuaciones que envió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobre la investigación penal contra el juez de Orán.

El juez de Orán podrá declarar de forma oral o escrita. A partir de ese testimonio, los consejeros de la comisión deberán dictaminar: o desestiman las denuncias o determinan que se inicie un proceso de juicio político contra el juez. Mientras tanto, Reynoso seguirá en libertad y ejerciendo el cargo que ocupa desde hace 10 años y 10 meses en el único juzgado que tiene jurisdicción sobre los 700 kilómetros de frontera salteña con Bolivia, en un punto estratégico del tráfico de cocaína hacia los grandes centros urbanos de Argentina.

La punta del ovillo: devolución de la mercadería incautada

El caso testigo que puso bajo la lupa de la justicia al juez Reynoso fue el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales —vicepresidente de la Cámara de Transportes de Santa Cruz de la Sierra—, que manejaba una flota de 90 camiones cisterna para trasladar mercadería desde Bolivia hacia la Argentina. Entre 2011 y marzo de 2015, Gendarmería interceptó nueve de sus vehículos que transportaban cocaína. Reynoso abrió nueve expedientes separados y procesó a los choferes de los camiones. Cada vez que las fuerzas de seguridad argentinas incautaban un camión, los hijos del empresario se presentaban acompañados del abogado Ramón Antonio Valor en el Juzgado para pedir la devolución de la mercadería.

El juez, atento, autorizaba la entrega. En una oportunidad, incluso, devolvió la carga de un camión en el que se habían encontrado diez kilos de cocaína diluidos en el tanque de nafta. El abogado argumentó que se trataba de 35 mil litros de alcohol etílico que debían entregar en Chile. Los análisis posteriores demostraron que se trataba de touleno, un precursor químico para cocinar cocaína.

SO/LC