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Desde que el Gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota se propuso mejorar la imagen de la policía tras los saqueos del 3 y 4 de diciembre, las calles se llenaron de policías. El primer mandatario provincial aseguró que se trata de una respuesta del Estado a los linchamientos, entre ellos algunos barrios de la Capital cordobesa. Sin embargo, la fractura entre la sociedad y la fuerza a partir del levantamiento policial es irrefutable.

En ese contexto, hoy la Policía realizó un nuevo megaoperativo que significó 40 allanamientos simultáneos, la detención de 40 personas y el secuestro de armas de fuego, droga, electrodomésticos y numerosos vehículos. Sin embargo, la exposición de los detenidos, entre los que se encontraban menores, durante más de cinco horas en corralitos para la prensa, cosechó voces de rechazo. Las personas quedaron detenidas en el piso con un trapo en la cara.

El abogado especialista en Derechos Humanos, Claudio Oroz, señaló que “se están violando los derechos humanos básicos. Estas son las típicas campañas de ley y de orden dirigidas hacia la prensa para blanquear su situación y buscar mayores recursos y legitimación”.

El letrado dirigió la responsabilidad de estos hechos no sólo a los policías a cargo de los operativos sino también a los funcionarios judiciales que ordenaron esos allanamientos. “Son los que tienen que arbitrar los medios para el tratamiento de los detenidos. Si tuviéramos una Fiscalía General seria ya estaría investigando esas arbitrariedades contra los detenidos”.

Por su parte, el jefe de Policía, Julio César Suárez, admitió a este medio que “todo lo que hacemos es para limpiar la imagen de la policía, tenemos que recuperar la confianza de la gente”.

“No somos todos motochorros”

La política de seguridad provincial está acompañada además de un cuestionado Código de Faltas que a través de la figura del “merodeo” detiene a diario a cientos de jóvenes de los barrios de la periferia de la ciudad.

A esto se sumó que, tras la ola de linchamientos, el Gobierno de la Provincia determinó una serie de operativos dirigidos a “los motochorros, a los delincuentes que a bordo de una moto golpean y roban a los ciudadanos”, según dichos del propio Jefe de Policía.

Desde entonces, 40 retenes policiales se instalan a diario en distintos punto de la ciudad, para controlar los vehículos de dos ruedas. Suarez informó al respecto que “desde que lanzamos esta campaña hace un mes se secuestraron al menos 4.000 motos”.

Para el abogado y especialista en seguridad Lucas Crisafulli, la “medida atenta contra la presunción de inocencia. Lleva en su germen la lógica del stop and search, que se aplica en Estados Unidos. Es decir: primero detiene y después investiga”.

La medida produjo la resistencia de los motociclistas que aseguran “ser estigmatizados por estos controles, tildando de delincuente a todo vecinos que se sube a una moto”.

Así lo manifestó Paulo Graglia, presidente de la Cámara de Motociclistas de Córdoba, quien además encabezó las últimas marchas de los usuarios de este vehículo contra la arbitrariedad de los controles y la ley Provincial que obligará a colocar stickers con la patente de la moto en el casco.

“Primero empezaron por los chicos que usan gorra, ahora van por los que andan en moto, cuando a los periodistas les digan que ahora van por ellos van a entender de qué se trata la cosa, no somos todos motochorros, sólo nos gusta andar en moto”, añadió.

Organizadores de las movilizaciones denunciaron además ante este medio “la arbitrariedad durante los procedimientos y el maltrato por parte de policías hacia los motociclistas, aunque tengan todos los papeles los llevan detenidos por desacato”.

Esta tarde los motociclistas mantendrán una reunión con el Jefe de Policía a quien entregarán un petitorio con cuatro puntos. El primero exige la derogación de la ley que obliga a plasmar stickers en los cascos, el segundo solicita que la policía especifique claramente los motivos por los que secuestra las motos, el tercero pide que se emita un acta de cada secuestro, y el último propone que una vez derogada la ley, los motociclistas conformen una comisión de seguridad vial y seguridad ciudadana.