El convicto está condenado a 17 años por un homicidio y por el tiempo que lleva peso, aún no puede tener ningún beneficio para salir de la cárcel. Familiares de la víctima reconocieron al condenado en la calle y lo denunciaron. José Carrizo, jefe del SP de La Rioja puso su renuncia a disposición y fue aceptada.
El jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia de La Rioja (SPP) fue desplazado de su cargo luego de que se encontró en la vía pública a un condenado a 17 años de prisión por homicidio que debía estar encarcelado. Familiares de la víctima que dijeron haber visto al preso en la calle.
El ministro de Seguridad y Justicia riojano, Claudio Saúl, señaló que aceptó la renuncia del director penitenciario José Carrizo y también se inició un sumario a otros guardiacárceres para determinar los responsables directos de permitir la libertad de Leonardo Godoy, sentenciado por el crimen de Víctor Gallardo.
En esa oportunidad, Carrizo dijo que en este caso había "una responsabilidad directa, imputable y localizable sobre quienes protagonizaron este episodio" y también "responsables institucionales como es el director del SPP". "Asumo esa responsabilidad y me pongo a disposición de mis superiores", señaló el funcionario desplazado.
Sobre la situación de Godoy, el ex director del SPP señaló: "Fue autorizado por los guardiacárceles a saludar a integrantes de su familia en la vía pública, mientras hacía tareas de desmalezamiento fuera del predio, lo que también está afuera de la reglamentación".
Por su parte, el juez de la causa por el homicidio de Gallardo, Francisco Baigorrí Ocampo, declaró: "Yo recibí un informe del Servicio Penitenciario que sostiene que esa persona (por Godoy) estaba realizando trabajos dentro del predio de la cárcel, bajo las órdenes y disposiciones del Servicio Penitenciario. Pero quiero aclarar que mi juzgado no otorgó ningún tipo de autorización para que ello ocurra".
Para el magistrado, "por el tiempo que lleva cumplido de condena, al interno no le corresponde ningún tipo de beneficio" y agregó que "en caso de probarse que hubo violaciones en los controles, o si no se siguieron los protocolos de seguridad que corresponden, en el Servicio Penitenciario deberán hacerse cargo de las sanciones administrativas".
El crimen de Gallardo (41) fue en octubre de 2010, en la capital riojana, y en noviembre del año siguiente, Godoy recibió una pena de cumplimiento efectivo a 17 años de prisión por el delito de “homicidio simple”.