Infojus Noticias

Cuando el agua bajó en el barrio La Loma, cerca de las seis de la mañana, Gabriel Colautti cruzó la ciudad para buscar a sus padres. No fue el único: miles de personas habían dejado de hablar la noche anterior con sus familiares, en los momentos más dramáticos de la inundación de La Plata. Sus padres vivían en la calle 36 y 28 y el agua, que llegó al metro cincuenta, casi la tapó por completo. Gabriel no durmió. Esa noche del 2 de abril, sus padres estaban con Agustín, su hijo de 8 años.

-Vieji, voy a llevar al nene con su mamá. Ya vuelvo- le dijo Jorge Pío Colautti a su mujer. Vestía pantalón claro, una camisa azul y un piloto amarillo.

Apenas salió a la calle, el hombre de 74 años fue arrastrado por la corriente. Agarró a su nieto en brazos. Dos jóvenes que estaban en el techo de una casa les tiraron una soga a ambos, pero Jorge no logró tomarla y la corriente se lo llevó. Agustín fue rescatado. A un año de la inundación, Gabriel Colautti, que es presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación (AFAVI), dijo que no quiere cobrar ningún tipo de indemnización. “Sólo busco justicia por mi papá. Tendría que estar acá, con nosotros, estaba sano antes de la inundación. No busco dinero. Deseo que los responsables sean sometidos a juicio”, dijo a Infojus Noticias.

En materia oficial, no hubo ninguna reparación civil a las víctimas: según pudo saber este medio, se diseñaron planes de emergencia de vivienda que fueron cajoneados. AFAVI aún sigue reclamando el fondo de 35 millones de pesos asignado a inundados y no otorgado. El año pasado, la Municipalidad de La Plata ofreció cheques de 2.500 pesos a los damnificados. Se entregó en algunos barrios pero no en todos.  Sin embargo, ni Colautti ni ningún integrante de la Asociación fue a recibirlo. El subsidio también fue rechazado por algunas de las organizaciones de la Unión de Asambleas Barriales “2 de abril”, un espacio conformado por vecinos afectados por el agua. “Esa plata fue un chiste, la recibieron cuarenta tipos a dedo, de una forma clientelista. Nos quisieron comprar con dos mangos”, dijo Susana López, de la asamblea de Tolosa.

Pero las opiniones están divididas. Alfredo Peñalba, de la asamblea de La Loma, dijo que hubo algunos vecinos que cobraron el subsidio, y otros lo pidieron y aún no existió respuesta. ¿Cuáles son sus expectativas? “Somos casi 80 vecinos que pedimos que se investiguen las responsabilidades penales de la inundación. Pero, al mismo tiempo, tuvimos daños concretos en las casas, tanto materiales como afectivos, y queremos ser reparados. Tenemos discusiones, porque hay quienes piensan en la cantidad de plata que gastaron por las pérdidas y necesitan recuperarla, y otro dicen que aceptar el subsidio es bajar la intensidad del reclamo en la justicia”, explicó.

En los barrios periféricos, como en Villa Elvira, el subsidio se recibió de forma discriminada. “Convocaron para una reunión en un club, hicieron una lista arbitraria y la cola se acabó rápidamente. El agua se nos llevó todo y hasta hubo casas de madera y chapa que fueron arrancadas de cuajo. Tuvimos que empezar de cero, perdimos lo poco que teníamos y todos los pedidos que hicimos de ayuda todavía no fueron respondidas por el municipio”, dijo Gabriela Suárez, pobladora de ese barrio a Infojus Noticias.

Según AFAVI, hay un nuevo escenario judicial después de la sentencia dictada por el juez Luis Arias. Los familiares de las víctimas están esperando que las autoridades provinciales den una respuesta política. “Como me ocurrió a mí le pasó a todos los parientes. Después de la instrucción de Arias, mi viejo, que había tenido un certificado de defunción trucha de asfixia por inmersión, ahora fue reconocido por la Justicia como un muerto de la inundación.  Eso nos da instrumentos para presentar acciones de demanda civil. Lo haremos en las próximas semanas, pero antes esperamos la respuesta del poder ejecutivo”, explicó Colautti.

Desde la asamblea del barrio Castelli contaron el antecedente de Santa Fe. En este sentido, dijo que los vecinos temen que la justicia dilate los tiempos. “No queremos bajar los brazos en el pedido de justicia. Nos importa que todos los vecinos cobren una indemnización, pero sin renunciar a la acción penal”, dijo e hizo referencia a cuando el exgobernador santafesino  Jorge Obeid repartió un subsidio –que promedió entre los 8 y los 16 mil pesos por casa- para 27 mil familias que fueron obligadas a firmar un escrito en el que renunciaban a iniciar acciones legales en el futuro.

La denuncia penal y la búsqueda de responsables

El abogado Alejandro Montone perdió miles de expedientes de su estudio en Plaza Moreno, que tuvo casi dos metros de agua. Como particular damnificado, pidió que se investigaran las responsabilidades penales del gobernador Daniel Scioli y funcionarios del área de infraestructura. La presentación la hizo –como cientos de damnificados- en la Unidad Fiscal (UFI) Nº 8 de Investigaciones de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Jorge Paolini. En dicha fiscalía, está concentrada la investigación penal, dividida en dos partes: una investiga la responsabilidad de los funcionarios provinciales y municipales; la otra, apunta a averiguar los causales de muerte de las víctimas de la inundación.

“La instrucción está avanzada, y estamos dando respuesta a pedidos de informes y peritajes. Hay siete denuncias contra los gobiernos provinciales y municipales sobre si se pudo o no haber evitado la inundación y también a dilucidar sobre cómo fue la respuesta estatal después de producida la tragedia”, dijo una secretaria del fiscal a Infojus Noticias. La otra denuncia que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos es la que presentó el fiscal Marcelo Romero para investigar la explosión en la planta de YPF durante el temporal.

En la causa, que acumula más de veinte cuerpos, aún no hay procesados ni imputados ni un número certero de víctimas fatales. Otro de los querellantes de la causa penal es el abogado Martín Berasategui –que representa a la mayoría de los inundados- que denunció al intendente Pablo Bruera por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideró que el Ejecutivo municipal estuvo al tanto del “riesgo certero” que corría la población y “omitió realizar las acciones tendientes” para evitar la tragedia.

No es la única denuncia que Bruera tiene en su contra: el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) pidió investigarlo por “estrago culposo” para analizar “cuáles fueron las respuestas inmediatas que proporcionó el área de emergencias municipal en su conjunto”. El CIAJ se basó en un estudio realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional local (UNLP) en 2007. Su escrito considera que "la inundación padecida en la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril, y los daños provocados por ella, fueron “consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento".

En el fuero penal, la  materia de análisis son las responsabilidades, no las víctimas. Los únicos funcionarios que han sido citados hasta el momento son los de más bajo rango: delegados comunales. De acuerdo a la Revista La Pulseada, en la instrucción se buscará saber a quién dejó a cargo durante su último viaje a Brasil el intendente Bruera y qué obras de infraestructura hidráulica solicitó el Municipio a la Provincia desde 2007.  Según la fiscalía, éste último punto es esencial para determinar las responsabilidades provinciales y municipales.