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El Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora negó la excarcelación a Víctor Kearney, de 72 años, propietario de un campo en el que se crían animales. Se lo acusa de tener a dos trabajadores en condiciones de trata laboral. Una de las víctimas rescatadas dormía en un colectivo abandonado y  cobraba 50 pesos a la semana. El pedido había sido realizado por la defensa. El fiscal Leonel Gómez Barbella se opuso con el argumento de que el imputado, de quedar en libertad, podría intervenir en el rumbo de la investigación.

A Kearney se le atribuye “haber captado, trasladado y acogido” a dos trabajadores rurales –uno de ellos oriundo de Entre Ríos–, “con fines de explotación laboral, para lo cual se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, como así también el haber detentado en su esfera de custodia armas de fuego de uso civil condicional”.

El 21 de julio pasado la justicia allanó el campo de la Ruta 3, Km 77 en el partido de Cañuelas. Allí, se rescató a las víctimas y se incautaron dos carabinas calibre .22; un revólver del mismo calibre y otro .32; una escopeta calibre .20 y municiones para estas armas. Ese mismo día detuvieron a Kearney, que  quedó imputado por tenencia ilegal de armas de uso civil y trata de personas agravada por haber mediado una situación de vulnerabilidad.

El colectivo donde vivía el trabajador de Cañuelas no tenía baño, ni agua caliente, ni calefacción, ni energía eléctrica. El peón, oriundo de Lobos, dormía al lado de toneles con antibióticos para los animales. El otro trabajador vivía en una pieza en condiciones precarias y trabajaba en negro por un salario semanal de 800 pesos.

La situación llegó oídos de los funcionarios de RENATEA por una denuncia anónima. Cuando se presentaron para fiscalizar el campo, fueron recibidos de manera hostil. Por eso se labró un acta de obstrucción y presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

En su denegatoria a la excarcelación, el fiscal señaló que la actitud del imputado era central a la hora de que el juez determinara o no si se le concedía el beneficio. Además, dijo: “Debo decir que, si bien el imputado acusó tener domicilio fijo, un empleo estable y no registra antecedentes condenatorios, el domicilio aportado no es otro que aquél que fuera allanado y en el cual, no solo fueron habidas las víctimas sino también se incautaron las armas de fuego en cuestión”. Y agregó: “En lo que hace a los riesgos procesales, no debe perderse de la naturaleza del delito investigado, el estado actual de la pesquisa, la cual se encuentra en pleno desarrollo y, sobre todo la circunstancia de que tras su liberación del encausado podría coaccionar a las víctimas”. A estos elementos, Gómez Barbella sumó la pena en expectativa que le corresponde a Kearney por el delito que se le imputa.

El juez Alberto Santa Marina se inclinó por estos argumentos y negó la excarcelación. Kearney quedó alojado en el Penal de Ezeiza mientras la investigación continúa. 

JC/SH