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Los familiares de Sergio Daniel Ávalos serán recibidos esta tarde por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. El joven neuquino está desaparecido desde junio de 2003. La Corte Suprema de Justicia debe decidir respecto de la jurisdicción del caso.

El 14 de junio de ese año Sergio fue a bailar con sus amigos al boliche “Las Palmas” de Neuquén, la ciudad en la que vivía y estudiaba la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Oriundo de la localidad neuquina de Picún Leufú, tenía 18 años y esa noche fue a bailar con sus amigos de la residencia universitaria dónde vivía. Ellos declararon haberlo visto por última vez a las 7 de la mañana. Desde entonces se investigaron diferentes pistas, pero ninguna arrojó resultados positivos.

En una entrevista realizada por el portal La Retaguardia a Luis Virgilio Sánchez, abogado de la familia Aválos, dio a conocer irregularidades de la causa. El abogado aseguró que “el boliche tenía cuarenta cámaras de seguridad que dejaron de funcionar quince minutos antes de que ingresara Sergio al local, algo muy extraño que no sé por qué no investigó en aquel momento el Ministerio Público. Por otra parte hubo testimonios de chicos que sufrieron apremios ilegales de parte de la seguridad del boliche”.

Sánchez también afirmó que la seguridad de Las Palmas estaba a cargo de siete personas, la mitad era personal retirado del Ejército y los otros eran policías haciendo adicionales, que además trabajaban en forma coordinada con los efectivos que estaban en actividad normal, porque esa noche se hicieron detenciones.

“Hay testigos que vieron cómo golpeaban salvajemente a una persona con las características de Sergio en el baño. Esos testimonios se recabaron, pero cuando le tomaron declaración al personal de seguridad del boliche hablaron como si hubiera sido un día tranquilo. Uno sabe que cuando hay contradicciones entre los testimonios se debe someter a un careo, pero no se hizo absolutamente nada”.

En febrero de este año, el juez de Garantías Marcelo Muñoz, hizo lugar al pedido de Sánchez para que la causa deje de estar caratulada como “averiguación de paradero” y pase a ser “desaparición forzada”. Al hacerlo, el magistrado declaró la incompetencia de la justicia provincial y envió el expediente a la justicia Federal de Neuquén. Pero en junio el juez Federal Villanueva fue declarado incompetente por la Cámara Federal de Fiske Menuco para investigar la desaparición del estudiante.

Ante el conflicto jurisdiccional, la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva.