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Con su estilo provocador, el ex juez Luis Miret sacó de su bolsillo una cámara de fotos, enfocó y disparó sobre el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. El fiscal presenciaba la audiencia, iniciada minutos antes. “Quieren intimidar”, dijo a Infojus Noticias. El presidente del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, Alejandro Waldo Piña, le preguntó a Miret si era cierto. El imputado asintió y ratificó que había sacado la foto. Así comenzó hoy el décimo tercer juicio de lesa humanidad en Mendoza, con 41 imputados en perjuicio de 200 víctimas.

Poco antes de las 10, militantes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar ocuparon el salón de actos del Poder Judicial provincial. En las inmediaciones del tribunal, cientos de personas siguieron el proceso judicial. Durante la primera audiencia, que duró poco más de dos horas, se realizó la identificación de unos veinte imputados. El juicio continuará el lunes próximo con el resto de las identificaciones.

El TOF 1 está integrado por Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, de la provincia de San Luis y. Los tres eligieron vestirse con traje negro a diferencia de la mayoría de los imputados que prefirió la informalidad de los jeans y camisas.  

Uno a uno, los imputados respondieron al TOF preguntas sobre su estado civil, domicilio y actividad actual. Estaban vigilados por otra larga fila de policías locales y del Servicio Penitenciario Federal. También hubo videoconferencia desde el tribunal de Comodoro Py y de los penales de Marcos Paz y Ezeiza, donde están detenidos varios de los acusados. Como Carlos Horacio Tragant, que también es juzgado por el Plan Cóndor. Hubo problemas con las imágenes del proyector y el sonido, que tardaba varios segundos en aparecer.

La particularidad de este proceso es juzgar a exfuncionarios del Poder Judicial de Mendoza. Los ex magistrados Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo están acusados de no investigar denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron a sus juzgados en forma de hábeas corpus durante la dictadura. Guzzo se salvó de estar en el banquillo por problemas de salud.

Los ex camaristas Romano y Miret fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Durante la dictadura, Romano ejerció como fiscal federal y como juez subrogante. Se lo imputa por no intervenir en delitos de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas que continúan desaparecidas y 26 casos de tortura. Romano estuvo prófugo dos años en Chile y fue extraditado en septiembre del año pasado.

El caso de Luz Faingold será analizado en el juicio. En agosto de 1975, Luz tenía 17 años y estaba secuestrada con otras diez personas en el centro clandestino Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. Miret la visitó como juez federal y sabiendo de las violaciones y torturas la dejó varios días más en el D2. El juez destituido argumentó que la chica no estaba contenida por sus padres, así que era mejor que se quedara bajo el cuidado de los torturadores.

Con una falta de mérito, Petra benefició al teniente coronel Luis Stuhldreher, que fue intendente de San Rafael en 1976. Se lo había imputado por 18 desapariciones. Gracias al ex juez, Stuhldreher –que estuvo dos años prófugo de la Justicia- nunca llegó al banquillo de los acusados ante un tribunal oral. El Consejo de la Magistratura también investigó a Petra por excarcelar masivamente a represores.

Los otros dos jueces imputados, Guzzo y Carrizo también recibieron denuncias por mal desempeño. En un juicio anterior, el dibujante Daniel Rabanal declaró que cuando era militante montonero semanas antes del golpe militar lo detuvieron ilegalmente y lo torturaron. Cuando lo llevaron todo golpeado ante el juez Carrizo, éste solo se limitó a identificarlo sin atender el estado de deterioro y le puso un defensor oficial que nunca ejerció como tal. En la causa de Rabanal, el juez Carrizo fue reemplazo por Guzzo, que lo condenó a perpetua por el asesinato del policía Alberto Cuello, ocurrida semanas antes.

A lo largo del debate oral, se juzgará la apropiación de Celina Rebeca Manrique Terrera, única nieta recuperada de la provincia También la desaparición de su madre Laura Terrera y de su padre Alfredo Manrique, que fueron secuestrados juntos a su beba en la terminal de micros de la capital provincial.

Otra particularidad del juicio es que los delitos sexuales serán abordados independientemente de las torturas, con entidad propia. Por esto se juzgará a miembros de lo que fue el máximo centro clandestino de la provincia, el Departamento de Información 2 de la Policía de la provincia de Mendoza por "violación agravada por el uso de la fuerza".

Los acusados

Los acusados por el Ejército son el comandante de la Región, Luciano Benjamín Menéndez, el comandante de la VIII Brigada, Roberto Montes; y el jefe de la Compañía de Comunicaciones N° 8, Ramón Puebla. También Tragant, ex director de Liceo Militar General Espejo; y el subdirector Pablo Tradi; los oficiales Dardo Migno y Paulino Furió (sentenciados en juicios anteriores); y el suboficial José Fuertes.

Por la Fuerza Aérea, están imputados los ex vicecomodoros Alcides París Francisca y Mario Laporta, quienes ejercieron la Jefatura de la Policía de Mendoza.

Por parte de la Policía de Mendoza, serán juzgados 16 miembros de distinta jerarquía que revistaban en el D2, incluye a los jefes Aldo Bruno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, y Luis Rodríguez; los agentes de inteligencia Eduardo Smaha y Armando Fernández (todos ya condenados en juicios anteriores).

A ellos se les sumarán Félix Andrada, Alfredo Castro, Pablo Gutiérrez, Francisco López Rodríguez, Diego Morales, Marcelo Moroy, Timoteo Rosales, Miguel Tello, Julio Lapaz, y Rubén González, acusados por integrar la "patota" del D2.

También serán juzgados policías que cumplían funciones en diferentes comisarías: Armando Guevara; Héctor Camargo, Miguel Ángel, y Juan Carlos Ponce; y Antonio Garro y José Lorenzo.

Por la Policía Federal, será enjuiciado Jorge Marchelli, quien era el jefe de la Delegación Mendoza en 1979, y los agentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares, acusados de torturar a los presos políticos alojados en la cárcel de Mendoza.