Infojus Noticias

El pastor evangelista Eduardo Trasante se despertó la madrugada del 1° de enero de 2012 con la noticia de la muerte de su hijo Jeremías. El joven había sido acribillado a balazos junto a dos de sus compañeros del Frente Popular Darío Santillán en la canchita de fútbol del club Oroño, en el barrio Villa Moreno de Rosario. Dos años después la escena se repitió. Su hijo Jairo recibió un disparo en el abdomen cuando volvía del boliche y murió en el hospital. Tras la muerte de los jóvenes empezó a transitar los pasillos de Tribunales y encabezó marchas en reclamo de justicia. Además, su trabajo pastoral lo llevó a brindar asistencia a otros familiares de víctimas. Pero también trabaja con victimarios detenidos. Entre ellos están los asesinos de su hijo. “Cuando me los encontré tuve una batalla en mi mente: ¿habrá sido este muchacho el que lo remató a Jeremías?”, pensó en ese momento.

En cinco años en la ciudad de Rosario se triplicaron las tasas de homicidios. Casos como los de Trasante se multiplicaron. “Por falta de herramientas, de recursos o de leyes, las víctimas no pueden llegar a satisfacer necesidades de orden primario que se van suscitando con el tiempo”, explicó el pastor a Infojus Noticias. En este contexto, el Frente Para la Ciudad Futura (FCF) abrió el debate para la sanción de una Ley General de Víctimas que les brinde una contención económica, jurídica y simbólica.

El proyecto de ley apunta a empoderar a las víctimas y generar políticas de prevención. Se basa en los exitosos modelos colombiano y mexicano. A diferencia de esos casos, la iniciativa local se reduce al ámbito del Poder Ejecutivo. “Es una ley más fácil de aplicar. Además en Santa Fe hace poco que se renovó el sistema penal, que contempla algunas de estas cuestiones”, explicó a Infojus Noticias Juan Monteverde, miembro del FCF, principal impulsor del proyecto y coordinador de los debates.

Serán contempladas como víctimas aquellas personas “que hayan sufrido un menoscabo a los derechos humanos por un delito cometido por parte del Estado y quienes hayan sufrido un daño grave por la comisión de delito común contra la vida y la libertad”, explicó Monteverde. “Las victimas terminan siendo muchas veces carne de cañón de la derecha mediática, que usa el peregrinar de estas personas y los convierte en un sujeto legitimador del discurso de mano dura”, agregó.

“La primera necesidad es una asistencia de orden psicológico -explicó Trasante-también hay gente que tiene que dejar de trabajar por la crisis que genera una muerte en la familia, o hay casos en los que la víctima es quien llevaba el alimento a la casa”.

Derechos fundamentales

Tras la muerte de Jeremías, su padre aprendió un lenguaje judicial hasta ese momento desconocido. Visitó despachos de fiscales, jueces y funcionarios. “El caso me hizo un hombre público, hay una suerte de atención preferencial. Pero hay otras personas a las que les cuesta acceder”, explicó Trasante.  El proyecto, contó Monteverde, apunta a “que no existan víctimas de primera y víctimas de segunda”. “Que haya un reconocimiento estatal, derecho a asistencia y que avancen las causas judiciales”, agregó.

La iniciativa contempla que se garanticen cuatro derechos fundamentales para las víctimas directas o indirectas (por ejemplo, las familias, en casos de homicidio). “El primero es la reparación integral, que engloba a todos los demás. No solamente tiene en cuenta la pena, que es desde donde repara el derecho penal, si no buscando otras vías. Apunta al resarcimiento económico pero también a garantizar otros derechos”, explicó Monteverde.

El segundo punto garantiza a la asistencia inmediata: apoyo psicológico y jurídico, transportes y gastos de sepelio. “En los sectores populares esto es importante: en el momento más difícil, cuando a las personas le mataron un familiar, en el barrio tienen que hacer una vaquita para juntar el dinero”, dijo. El tercer derecho es el de retrotraer la situación previo al daño. “La muerte no se puede reparar, pero hay determinadas situaciones que pueden mejorar. Si a una persona le matan al hijo y tenía un trabajo precario, después de esa situación puede tener un trabajo digno, una vivienda propia. Busca empoderar a las víctimas estructuralmente, poner a su disposición programas sociales ya existentes, que tengan prioridad”.

“El cuarto es el aspecto más simbólico pero no por eso menos importante: es el derecho a ser reconocido. Ley mexicana se hace mucho hincapié en esto. La idea es crear un registro de víctimas, que el Estado se vea en la obligación de pedir disculpas, realice actos conmemorativos, reconstruya la historia de esa persona”, detalló Monteverde.

El debate

El  tema comenzó a debatirse a principios de mayo. Funcionarios judiciales, legisladores, periodistas, familiares de víctimas y especialistas discutieron sobre los derechos de las víctimas, su visibilización, la relación con el estado y las fuerzas de seguridad y el rol de los medios de comunicación. “Planteamos la necesidad de abrir un proceso de debate para incorporar la mayor cantidad de voces posibles -explicó Monteverde- creemos que a fin de mes se podría conformar el comité redactor que elaborará los primeros borradores”.

Una vez redactados, los proyectos serán presentados en el Concejo Municipal de Rosario y en la Legislatura provincial. “La ley provincial  tendría un mayor alcance, por los recursos que tiene la provincia y por las responsabilidades que tiene en materia de seguridad”, explicó Monteverde.

“Apuntamos a que la asistencia a las víctimas se vehiculice a través de la creación de un ente autárquico. Que sea un lugar físico, donde se les brinde atención inmediata y se pongan en marcha las diferentes estrategias de empoderamientos”, dijo Monteverde. Y agregó: “Hay tal desprotección que las víctimas ni siquiera tienen un lugar para ser escuchados”.