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Paula Perassi desapareció hace casi cuatro años en la localidad santafesina de San Lorenzo. Tenía dos hijos chiquitos y estaba embarazada del tercero. Por el caso, en abril pasado, fueron detenidas ocho personas, entre ellas cinco policías. Ayer, el juez de  la Sala Unicameral II de la Cámara Penal de Rosario, Adolfo Prunotto Laborde, decidió liberarlos a todos. “La decisión de revocar las prisiones preventivas nos sorprendió”, dijo a Infojus Noticias el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini. Durante la audiencia, cuando los padres de Paula hicieron su descargo, se vivieron momentos de angustia en la sala.

En su fallo, Prunotto Laborde, sólo hizo referencia a los dichos de los defensores de los detenidos que enfrentan los cargos de “aborto sin consentimiento seguido de muerte” y “encubrimiento agravado”, en el caso de los policías. La hipótesis de los investigadores es que la mujer, de 34 años, murió tras ser sometida a un aborto clandestino y luego se deshicieron de su cuerpo. “¿Quién me devuelve a mi hija? Lo único que quiero es que aparezcan sus huesos”, dijo Alicia, la mamá de Paula, a la salida de la audiencia.

La última vez que Paula fue vista con vida fue el 18 de septiembre de 2011. Delgada, de tez blanca, ojos verdosos y cabello castaño, ese día se vistió con unos jeans azules, una campera negra y  zapatillas blancas. Salió de su casa -en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros al norte de Rosario- y nunca más regresó.  Dijo que iba a buscar la tarea de uno de sus hijos, que entonces tenían 3 y 6 años.  

Desde que la familia empezó a buscarla fue objeto de amenazas y ataques que se repitieron durante los últimos tres años.  La causa estuvo marcada desde el inicio por el encubrimiento y la inacción. Durante los primeros tiempos, Alberto, el papá de Paula, salió a buscarla acompañado por varios de los policías que hoy están acusados por el encubrimiento.

Los acusados

En abril de este año el juez de Instrucción Penal de la ciudad de San Lorenzo, Juan José Tutau, que había asumido poco antes en el caso, ordenó la detención de los ocho acusados. Tutau hizo lugar así al pedido del fiscal del caso Ramón Moscetta, quien explicó que existían pruebas para considerar que dos ex jefes policiales de la zona y otros tres efectivos de la policía santafesina colaboraron en un plan para encubrir la presunta muerte de Paula. Moscetta, junto a su par rosarino, Donato Trotta, consideraron que el inspector Daniel Puyol, el jefe de la Agrupación Cuerpos, Jorge Enrique Krenz, encargado de la Agrupación de Unidades Especiales de la Unidad Regional XVII y los efectivos Aldo Gómez, Ramón Godoy y María José Galtelli habrían actuado en forma conjunta para beneficiar a los civiles investigados en la causa. Estos eran el empresario Gabriel Strumia, con quien Paula había mantenido una relación de la cual había quedado embarazada, su esposa, Roxana Michl, y Mirtha Rusñisky, sindicada como la persona que habría practicado el aborto. Todos fueron detenidos y se les dictó la prisión preventiva. Tutau consideró que se habrían cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte, entre otros delitos.

Un nuevo revés judicial

Ayer, tras conocerse la decisión de Prunotto Laborde, de revocar las prisiones preventivas y liberar a los ocho, todo fue indignación en los tribunales rosarinos. “Aparecieron el teléfono político y la billetera con dólares”, dijo Alberto Perassi tras la audiencia. El fiscal Camporini señaló a esta agencia la “disparidad” de criterios entre lo planteado por la fiscalía y querella  y el juez. El fiscal resaltó que desde la fiscalía y la querella dieron cuenta al magistrado sobre la “peligrosidad procesal” que significaba que los ochos acusados estuvieran en libertad, ya que podían “entorpecer la investigación”. Y agregó “tienen poder económico y hay peligro de fuga, pero el juez entendió al revés, que como tienen trabajo y arraigo, hay baja peligrosidad”, explicó Camporini. 

 “A todos les puso cauciones reales de cien mil pesos -a Strumia- para abajo hasta llegar a los treinta mil pesos”, contó Camporini. El fiscal señaló que los ocho “siguen vinculados a la causa, procesados, esto no se ha trastocado, por el lado de la fiscalía consideramos que hay elementos para incluso citar a indagatoria a personas que ya estuvieron vinculadas a la causa”, señaló entre algunas de las medidas que se darán en la causa.

Además, Camporini, se mostró esperanzado con el trabajo delEquipo de Antropología Forense (EAAF), que en abril comenzó a trabajar en el caso. Miembros del equipo están abocados a las excavaciones para dar con los restos de Paula en una cava cercana a la localidad de Timbúes, una población cercana a San Lorenzo, donde algunos testigos señalaron que los restos de la joven fueron arrojados.

Durante la audiencia, luego de que los imputados hicieran uso de su derecho a hablar, Camporini pidió que también pudieran hacerlo los papás de la joven. Fue entonces cuando la mamá de Paula contó que sus nietos –que hoy tienen 7 y 10 años- le dicen a diario, “el abuelo salió a buscar mamá, siempre sale a buscarla, pero nunca la trae de vuelta”. 

CD/LC