Marita Verón: para el fiscal general hay que confirmar las condenas
Con una nueva integración, el máximo tribunal provincial deberá resolver sobre la apelación de la sentencia que presentaron los defensores. Para eso, los magistrados contarán con la opinión del titular del Ministerio Público Fiscal que sugiere confirmar nueve de las diez condenas, y omite referirse a una.
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El expediente en el que en abril de este año se fijaron los montos de las penas para los diez condenados por el secuestro y la explotación sexual de María de los Ángeles "Marita" Verón vuelve a ser objeto de tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Con una nueva integración, el máximo tribunal provincial deberá resolver sobre la apelación de la sentencia que presentaron los defensores. Para eso, los magistrados contarán con la opinión del titular del Ministerio Público Fiscal que sugiere confirmar nueve de las diez condenas, y omite referirse a una.
En el dictamen que firmó el pasado 26 de agosto el jefe de los fiscales tucumanos, Edmundo Jiménez, se advierte que las presentaciones de los defensores carecen de la “debida fundamentación y suficiencia”. Y, por tanto, tornan “inadmisible” la revisión de las condenas de Daniela Natalia Milhein (condenada a 18 años de cárcel); José Fernando "Chenga" Gómez (condenado a 22 años); Gonzalo José Gómez (condenado a 22 años); Cynthia Paola Gaitán (condenada a 10 años); Carlos Luna (condenado a 17 años; Domingo Pascual Andrada (condenado a 17 años); Mariana Natalia Bustos (condenada a 10 años); María Azucena Márquez (condenada a 15 años) y Humberto Derobertis (condenado a 12 años).
En el dictamen, Jiménez omitió referirse al planteo presentado por la defensa de Alejandro González, pareja de Milhein y como ella condenado a 18 años de cárcel por haber retenido y ocultado a Marita en los domicilios que compartían en el barrio Feput y en Yerba Buena, en mayo y diciembre de 2002. Cabe aclarar que este dictamen no resulta vinculante para los jueces que integraran el tribunal que finalmente revisará la sentencia; cuya conformación aún está pendiente por la recusación por parte de una de las defensas sobre uno de los tres magistrados elegidos.
Pedido de nuevo juicio
En mayo, los defensores de los condenados presentaron una serie de recursos ante Casación. Por la necesidad de establecer lo que se llama “doble conforme”—como hay una absolución y después una condena— se abrió una nueva instancia de Casación. Ahora la Corte tucumana conformó un nuevo Tribunal con los jueces Goane, Freidenberg y Zóttoli. Una vez que haya sentencia en esta instancia, solo restará el recurso extraordinario federal para dar por terminado el extenso proceso judicial por la desaparición de Marita Verón.
En el mes de julio quedó integrado integrado el tribunal que debería resolver por: el vocal René Mario Goane –único integrante de la Suprema Corte provincial habilitado para intervenir en esta etapa procesal– y los camaristas Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli, designados por sorteo.
Pero el defensor de Gonzalo “El Chenga” Gómez, recusó a Zóttoli, según informaron fuentes judiciales, por su participación como expositor en el primero de los Encuentros Federales sobre la democratización de la Justicia “La sociedad le habla a la Justicia”, donde el secretario de Justicia Julián Álvarez cerró el encuentro junto Susana Trimarco, la madre de la joven secuestrada en 2002.
Esta semana se zanjará finalmente esta cuestión. Mañana, los jueces Freidenberg, Goane y la jueza María Alejandra Balcázar deberán dirimir la recusación. Recién entonces se conocerá si Zóttoli finalmente participará de la revisión de la condena que dictaron en diciembre de 2013 sus pares en el superior tribunal provincial Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Antonio Estofán y las las penas fijadas por la Sala IIa de la Cámara Penal, integrada por Dante Ibáñez, Juana Juárez y Emilio Páez de la Torre (con la disidencia de este último). Si los magistrados aceptan la recusación, se deberá proceder a un nuevo sorteo.
En el dictamen, al que pueden remitirse los magistrados que resuelvan en la máxima instancia de la Justicia provincial, Jiménez afirmó que los defensores habían dirigido sus ataques contra este mecanismo y que habían reclamado la celebración de un nuevo juicio oral que “garantice los derechos de los imputados”. Y fundamentaron su reclamo en el voto en disidencia del camarista Emilio Páez de la Torre, a la hora de fijar las penas. Pero, según el fiscal el “memorial casatorio no contiene la mención clara y concreta de los argumentos” para presentar el recurso de apelación que carece de “autosuficiencia técnica”.
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