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Joaquín Romero sobrevivió a la masacre de José León Suarez. El 3 de febrero de 2011 lo atravesaron dos balas. Una le perforó el pulmón y salió por la espalda. La otra se incrustó en los intestinos.  Joaquín  tenía 19 años y estuvo 15 días internado. Sus dos amigos, vecinos de la villa La Cárcova en José León Suárez, no tuvieron la misma suerte: tanto Franco Almirón, de 16 años, como Mauricio "El Pela" Ramos, de 17, murieron. El plomo que hirió a Agustín y mató a Mauricio y Franco salió de las armas de la Policía Bonaerense. La represión se desató cuando un tren de carga descarriló y los vecinos de la villa se acercaron a rescatar lo que podían.

“Ese día mataron a mis dos amigos”, dice Joaquín a Infojus Noticias. Al resto de los recuerdos le cuesta ordenarlos. Llegan alterados y lo aturden. El lunes se cumplen tres años del crimen. El próximo 20 de febrero comenzará el debate oral en el que serán juzgados el subinspector Gustavo Vega de la Comisaría 2ª de San Martín y al oficial Gustavo Rey, de la Policía Buenos Aires 2. Son la cara visible de la represión. Ambos cumplen con prisión preventiva.

El caso se conoció como “la masacre de José León Suárez”. Fue inevitable la conexión mental con Rodolfo Walsh y los fusilamientos de 1956. Joaquín, por carácter transitivo, se convirtió el fusilado que vive. Las heridas no fueron sólo físicas para él. Al poco tiempo murió su bebé. Había nacido sietemesino por el trauma que le causó a su mujer ver a Joaquín internado. El testimonio del fusilado que vive es una pieza clave en la instrucción.  Pudo reconocer al tirador: el subinspector Vega.

La tarde del 3 de febrero de 2011 un tren carguero de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que transportaba alimentos y autopartes descarriló en el final del recorrido, donde las vías del ramal Mitre se convierten en montañas de chatarra y canchitas de fútbol. Los vecinos se acercaron a ver e intentaron levantar lo que había caído. Entre ellos estaban Franco, Mauricio y Joaquín. Los tres amigos pasaban por ahí porque iban con sus bicicletas, como todas las tardes, hacia el predio del CEAMSE en busca de desechos para consumir o vender. La maratón es la rutina de los vecinos de esta parte del conurbano.

El personal de la empresa de trenes había pedido seguridad policial ante el descarrilamiento. Tres móviles de la comisaría 4ª de José León Suárez llegaron al lugar y pidieron refuerzos. Llegaron más agentes de las comisarías 2ª, 8ª y 9ª de San Martín, y de la Policía Bonaerense 2 (PB2). Primero fueron balas de goma, después gases y por último municiones de plomo. Los vecinos respondieron con piedras.

Ante la balacera, Franco, Mauricio y Joaquín se resguardaron tras un montículo de chatarras. Un gas lacrimógeno los obligó a correr.Apenas salieron del refugio fueron alcanzados por los proyectiles de la policía. Franco murió antes de llegar al Hospital Belgrano. Mauricio horas después. Con el cuerpo atravesado por dos balas y mientras los policías seguían disparando, Joaquín cruzó una zanja por un tablón precario. “Un amigo me levantó y me llevó al Hospital”, recuerda.

Para los agentes, el descarrilamiento había sido provocado por los vecinos que estaban armados y la represión se desató ante el ataque. Los medios, primero, reprodujeron este relato. Luego se vieron obligados a dar lugar a las voces de los vecinos que habían estado en el lugar.

“Como sucede en muchos casos cuando la policía comete abusos, se plantea la cuestión como un enfrentamiento. Hubo una situación de saqueo y represión después. Cualquier respuesta de la policía fue excesiva y desproporcionada”, opinó Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña la causa.

La “masacre de José León Suárez” tuvo una amplia cobertura mediática y el barrio  se movilizó en búsqueda de justicia. El entierro de los chicos fue masivo: se acercaron 300 vecinos. Dos semanas después se desató una purga en la Bonaerense. El entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, relevó a toda la cúpula con excepción del jefe máximo, Juan Carlos Paggi. Fueron pasados a retiro 15 altos jefes policiales.

Uno de los policías participantes en el operativo, el oficial subinspector Vega de la comisaría 2ª de San Martín, fue el primero en reconocer que había utilizado postas de plomo para reprimir. Vega lo justificó con un relato poco verosímil para un instructor de tiro de la policía.  Dijo que se equivocó al agarrar los cartuchos de plomo.

El juicio

La causa tardó tres años en llegar a instancia oral. “Es muy importante que se haya llegado a juicio. En los casos de violencia institucional es atípico. Normalmente no alcanzan ni una instancia de investigación seria”, dijo Efrón.

Los jueces Alejandro Moramarco Terrarosa, Oscar Correa y Silvio Chagaya, del Tribunal Oral Criminal 1 (TOC), donde había recaído la causa, decían que el descarrilamiento del tren había sido intencional y los vecinos habían protagonizado un “ataque vandálico”. En mayo del año pasado el CELS recusó a los magistrados y el caso pasó al TOC 2.  “El maquinista declaró que nadie provocó el descarrilamiento. Fue por el mal estado de las vías” explicó a Infojus Noticias Juan Carlos Dietze, abogado de la familia de Mauricio y a Joaquín.

Por ahora están programadas 20 audiencias. Para el abogado es fundamental que se establezca quién apretó el gatillo. “Es empezar a reconstruir la historia desde la víctima hacia atrás”, explicó. Los familiares arriban al juicio con expectativas altas. “Esperamos que sea justo. La vida de los chicos no la devuelven y la vida normal que llevaba Joaquín”, dijo a Infojus Noticias Ana Ramos, la tía de Mauricio.

El día del juicio la Campaña nacional contra la Violencia Institucional convoca a una movilización a las 10, frente a los Tribunales de San Martín y, por la tarde, a un Festival por los Derechos Humanos en el que tocarán distintas bandas. Este espacio impulsado por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, recordará a los chicos con un mes dedicado a la lucha contra la violencia institucional que incluye una serie de actividades programadas. El próximo lunes a las 17 se hará una caminata en La Cárcova y una misa en memoria de Mauricio y Franco.

La responsabilidad de la cúpula

El debate oral abrirá una mamushka de causas. Además del responsable material, los familiares de las víctimas y los abogados que los acompañan buscan determinar la responsabilidades institucionales y jerárquicas en la causa bautizada “La Cárcova II”. “Esperemos que a partir de la prueba que se recolecte en el juicio y los testimonios de otros testigos, los jueces se vean obligados a investigar a otros policías que actuaron ese día y los jefes que tomaron las decisiones”, dijo Efrón.

Así lo documenta una investigación del CELS sobre el caso: “El disparo de gases para obligar a salir a los chicos que se protegían detrás de las chapas fue un ataque coordinado que no pudo haberse producido sin la autorización de los jefes policiales presentes en el lugar. El comisario Víctor Hualde, máximo responsable de la comisaría de José León Suárez, en un momento del operativo se dirigió a esa dependencia a buscar la pistola lanza gases”.

El abogado de este organismo de derechos humanos que representa a dos de las víctimas sintetiza: “Lo que pasó no fue casualidad ni fue el accionar solitario de uno de los policías. Hubo una respuesta coordinada, una decisión de ir a buscar más cartuchos y la pistola lanza gases a la comisaría”.

La estampa de La Cárcova es siempre la misma para esta fecha. La calle central, una de las pocas asfaltadas, es invadida por banderines de colores que pregonan el carnaval, pero también anuncian la llegada de los recuerdos de ese febrero de hace tres años, cuando asesinaron a Mauricio y Franco.