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El 6 de marzo de 1978 Mabel Blanco, su padre, y Carlos Zapata, su marido, volvían con sus hijos de una atención médica en San Rafael. El matrimonio de maestros rurales, que vivía cerca de Las Leñas después de haber trabajado en Neuquén y Río Negro, iba en una Citroneta roja cuando un auto se les cruzó en medio del desierto. Un grupo de personas vestidos de civil les apuntaron con armas largas y, de pronto, les colocaron capuchas y los esposaron. A Mabel la llevaron en un auto y a su marido en otro. Luego los condujeron a distintos sitios de confinamiento, donde los pusieron juntos con otros detenidos. Los chicos y el abuelo permanecieron solos a la vera del camino y tuvieron que pasar la noche en una carpa, sin saber dónde los habían llevado.

Mabel contó el largo periplo de su detención en una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Megacausa San Rafael”, que tiene 26 imputados y 72 víctimas. El relato de Mabel se suma al de otros sobrevivientes que detallaron cómo operaron la policía mendocina y el Ejército en la construcción de un plan represivo en el sur de Mendoza. El centro clandestino Casa Departamental, que funcionó dentro del edificio de los tribunales sanrafaelinos, ocupó un lugar estratégico.  Su esposo continúa desaparecido. La novedad de la jornada la dio el testimonio de su hija, que viajó especialmente de Alemania para declarar en el juicio.

A Mabel la llevaron de un lugar a otro, a los que no pudo identificar con precisión porque estaba con los ojos vendados. “No sé dónde estábamos, pero al tiempo escuchaba que salían aviones”, “entramos a un lugar, me hicieron desnudar, me subieron a una mesa de metal me esposaron y usaron picana”, fueron algunas de las frases que permitieron reconstruir su historia. “Mi marido pedía agua, una de esas personas le dijo que no podía tomar agua porque tenía electricidad en el cuerpo. Después me llevaron a lo que supongo era una carpa. Otra vez me interrogaron, me pegaron supongo que con la mano abierta en la cara. Lo que si me dijeron cuando estaba en la mesa, es que si no hablaba iban a torturar a mi papa e hijos. Que era grande y no lo iba a resistir”, agregó luego.

En su hipótesis del itinerario de cautiverio, Mabel narró: “Mi suposición es que fuimos hacia el sur. El camino era de montaña, el camino era de ripio. Viajamos toda esa noche, parte del día”. Pasó 40 días esposada a una cama, tabicada y sufriendo simulacros de fusilamiento. Al poco tiempo, los separaron. Una noche cierta persona le dijo que la liberarían porque se habían equivocado de persona. Le dieron shampoo, peine y ropa para que se diera un baño y luego le pusieron un parche y anteojos. La llevaron hasta la terminal de Miramar. Le dieron un pasaje micro hasta Constitución. “Me vi muy pálida, ojerosa. Había adelgazado 10 kilos”, recordó. El 16 de abril llegó a Buenos Aires. Llamó a su familia y supo que su padre e hijos estaban vivos. A su marido, en cambio, no lo vio nunca más.

Su padre le contó que, al día siguiente que se la llevaran detenida, fue a hacer la denuncia a “El Sosneado”, una localidad de San Rafael. En la comisaría le dijeron que la denuncia había pasado a Tribunales. En un libro de guardia, el documento demuestra que se registró el acta, aunque la denuncia jamás apareció.  Cuando Mabel fue a averiguar, un empleado le dijo al otro: “Acordate que esos expedientes por orden de arriba no están”.

“Recuerdo mirar las estrellas toda la noche y no poder dormir”

Años después supo que el expediente existió y que se había remitido al Comando del Ejército. Mabel contó, además, que el Obispado de Neuquén intervino a través de los hermanos de su marido, pero que tampoco hubo respuesta. Carlos Zapata tenía afinidad por el peronismo, pero no militaba. En las escuelas rurales de Neuquén donde trabajó había sufrido la persecución junto a sus compañeros, como el caso de un sacerdote que fue detenido por los militares. “Les enseñaba a los chicos que tenían que leer y aprender para que no los estafaran cuando les pagaran los sueldos”, graficó.

Malena, su hija, tenía 6 años cuando vio cómo sus padres fueron detenidos por los represores. Ahora viajó desde Alemania para complementar el relato de su madre. Contó que, cuando quedaron solos con su abuelo y su hermano, los represores fueron amables. “Nos convidaron facturas. Nos dijeron que teníamos que caminar hacia una estancia donde nos íbamos a reencontrar con mis padres. Luego nos encontramos con un auto donde había una pareja mayor con la hermana. Estaban acampando al costado de la ruta. Nos dejaron quedarnos con ellos”, relató.

El abuelo, dijo, estaba asustado y no hablaba. Su hermano no paraba de llorar. “Recuerdo mirar las estrellas toda la noche y no poder dormir”, contó. Sobre la posible explicación de la desaparición de su padre, dijo: “Pidió la legalización de las 23 hectáreas para la escuela en la estancia Las Bayas. Supongo tuvo conflicto por eso. Como que lo marcaron para que no siguiera con su tarea social”.

Para el fiscal Pablo Garciarena, el caso de Carlos Zapata evidencia una coordinación de la inteligencia militar entre Río Negro, Neuquén y de Mendoza. “Se desprende que cuando el matrimonio se fue a vivir en Los Molles, cerca de Las Leñas, hubo un seguimiento y los detuvieron por sorpresa”, dijo a Infojus Noticias. Y precisó: “De este caso no teníamos testimonios y las declaraciones de la madre y la hija fueron muy importantes. Que alguien viaje de Alemania especialmente para prestar testimonio habla de la relevancia de este juicio. Ahora tenemos una punta para investigar la responsabilidad judicial de qué pasó con la denuncia que hizo el abuelo”.

El tribunal que fue centro clandestino

Entre audiencias que duran cuatro horas en una megacausa con 26 imputados y 72 víctimas, San Rafael vive el segundo juicio de lesa humanidad de su historia. Cuna del turismo en el sur mendocino, la ciudad de 200 mil habitantes saca a relucir las sombras de un pasado que lo asemeja a cualquier pueblo de provincia en cómo operó la última dictadura militar.

Pero, además, en San Rafael existió algo único en el país: un centro clandestino que funcionó en la sede de Tribunales, ante los ojos de fiscales, jueces y empleados judiciales. Los represores lo nombraban como “Casa Departamental” y tenía una estructura de tres calabozos, donde se llevaba ilegalmente a detenidos y se los torturaba.

El juicio se desarrolla en la Universidad Tecnológica Nacional y se juzgan a 26 represores -10 del Ejército y 16 de la policía mendocina- por 72 hechos entre desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y otros delitos.  Son, en total, 72 víctimas en cinco causas acumuladas, que incluye lo que sucedió también en localidades cercanas como Alvear y Malargüe.

Sólo los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena han pedido que declaren 120 personas, que incluyen a víctimas, testigos que declararon en la instrucción, en el juicio anterior y también nuevos testigos: se espera que, en los próximos meses, la querella acerque más pruebas testimonial.  Entre las víctimas, 68 fueron secuestradas en 1976 -catorce antes del golpe de Estado- y las otras cuatro entre 1977 y 1978.

JMM/RA