Infojus Noticias

En Bahía Blanca empezó una nueva audiencia del tercer juicio por delitos de lesa humanidad, que tiene el epicentro en develar el funcionamiento de la Armada en la última dictadura militar. Esta semana, adelantaron fuentes judiciales a Infojus Noticias, los testimonios darán cuenta de los hechos ocurridos en la Base Naval Puerto Belgrano. Ayer declaró Dina Elisa Cornago, una mujer de 70 años que se desempeñó en la Dirección de Bienestar Social de la municipalidad de Punta Alta. Habló sobre las circunstancias de su detención y precisó detalles de cómo fue interrogada por los represores. En el juicio hay imputados 25 miembros del Ejército y la Armada. Entre los 66 casos que figuran, están los de los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.

Ante los jueces, Cornago precisó de qué modo fue secuestrada: "Fui detenida en marzo del '76, no recuerdo el día. Primero golpearon la puerta del frente de mi casa. No quise abrir enseguida, y entonces llamé a un primo que trabajaba en la policía porque no sabía qué pasaba". "Como no abría la puerta, amenazaban con tirarla abajo y le pedí que esperaran. Vino enseguida mi primo, abrí y entraron militares, revisaron toda la casa, estaba presente mi esposo ya fallecido, mi hijo de dos años y otro de un año, y mi mamá", dijo.

Luego continuó: "Después de revisar la casa me dijeron que tenía que acompañarlos, me subieron a una camioneta de color verde, con algún escudo y me pusieron una capucha. De ahí en más no me enteré de nada hasta que me restituyeron a mi casa porque estuve siempre encapuchada". Cornago declaró que la llevaron a una sala grande, y que le ordenaron levantar los brazos. “Estaba acalambrada, quise bajarlos y me dijeron que me estaban apuntando y que me quedara quieta".

La testigo dijo que la interrogaron varias veces y que en la "municipalidad se había formado una comisión del sindicato, porque había elecciones y en la comisión estaba yo con otra gente". Consultada por sus compañeros de militancia, dijo: "La líder de la comisión era una persona que se llamaba Raquel Israel, militaba en un partido de izquierda y era amiga personal de ella", dijo.

“Cuando me interrogaron me di cuenta la finalidad de la interrogación: querían saber dónde estaba ella, pero yo no lo sabía. Me pedían nombres de la gente que estaba con nosotros, pero no se los pude dar porque no tenía trato continuo con esa gente con la que Raquel militaba", agregó. También dijo que la volvieron a interrogar dos o tres veces más y luego la subieron a un camión. “Después me llevaron a un buque, lo supe porque tuve que pasar por la planchada", en referencia al buque 9 de Julio que funcionó como centro clandestino de detención en Bahía Blanca.

"Ahí me sacaron la capucha y me pusieron en un camarote y dijeron que mirara la pared. Me descompuse, me dieron un remedio y me quedé dormida", detalló. Luego precisó que la volvieron a encapuchar y la  llevaron en una camioneta hasta su casa.  “Estuve 26 horas, hasta que me sacaron la capucha, me dejaron en la esquina y me dijeron que no me diera vuelta". 

En la parte final del testimonio, la mujer habló del estigma social. Expresó  que luego de haber estado detenida y secuestrada "estuve tres días sin ir al trabajo" y que poco después debió renunciar por pedido de un funcionario de la comuna. En Punta Alta, donde vivía, había un fuerte apoyo a la última dictadura militar. Cornago sintió el peso de las miradas de sus vecinos sobre los hombros.  “Mucha gente se apartó, me dio la espalda, decían 'algo habrán hecho'”, concluyó.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, está a cargo de los debates, que se desarrollan en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Los jueces son los mismos que participaron de los dos primeros juicios orales y públicos que se llevaron a cabo en esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

La Armada en el centro del debate

El tercer juicio por delitos de lesa humanidad se conoce como la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.

Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Féliz Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.

También se analizará la conducta del integrante de la Bonaerense Víctor Oscar Fogelman y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Sobre el juicio, el fiscal José Nebbia, quien junto con su par Miguel Angel Pallazani integra la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, informó que "es el primer juicio por los hechos cometidos en la Armada y por primera vez se va a develar en el debate oral el rol que tuvo en la zona". Y agregó: "Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada”. En ellos, se habría “marcado” a los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos del diario  “La Nueva Provincia y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña.