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El salón de actos del Poder Judicial de Mendoza estuvo colmado de jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, autoridades de los colegios de abogados, referentes de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la infancia que participaron de una conferencia de la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Con esa clase magistral se inauguró la capacitación sobre responsabilidad penal juvenil en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua.

En 1999 Lucas Matías Mendoza fue condenado a prisión perpetua por delitos que cometió cuando tenía 16 años. Junto con otros cuatro casos, el de Mendoza llegó a la CIDH. Durante la presentación, el ministro de la Corte de Mendoza, Omar Palermo, explicó que la sentencia de la Corte impuso una serie de obligaciones: revisión de la legislación nacional en materia de derecho penal juvenil, revisión de las condenas a prisión perpetua aplicadas a niños, niñas y adolescentes, y la realización de cursos de capacitación que garanticen la protección de ese sector en situación de vulnerabilidad. “Es la razón por la que estamos hoy todos estamos aquí”, señaló.

La jurista, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial, propuso resignificar el hecho de haber sido condenados internacionalmente. Si bien aclaró que “no es algo para celebrar”, invitó a “reflexionar sobre lo que nos pasó”. En el salón de actos del Poder Judicial, unas doscientas personas seguían la conferencia. Entre el público estaba el procurador General Rodolfo González, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia Cristian Bassín, el subsecretario de Justicia Sergio Bonsangüe, entre otras autoridades.

“No es que la justicia mendocina esté formada por represores o personas que carezcan de una educación  -planteó Kemelmajer-, el problema son  los defectos de la educación en éste ámbito, concretamente la falta conocimiento de la globalidad, contextualidad, conflictividad, y complejidad, y el no estar acostumbrado a abrir la mente y ver los nuevos derechos que estamos obligados a ver”. “No estaríamos hoy acá si hubiésemos estudiado en forma obligatoria los tratados y la interpretación que de esos tratados hacen los organismos internacionales”, agregó.

Kemelmajer propuso un desafío: salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina del hecho de que la CIDH condene al país por dictar perpetua a un chico por los delitos cometidos. “Estoy segura que una gran mayoría va a decir qué le parece mal que se meta la Corte Interamericana, porque se sabe bien que a esos infelices hay que mantenerlos adentro”.

Derechos del Niño

Meses atrás, el Estado argentino ratificó el último de cuatro Protocolos Facultativos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Kemelmajer desarrolló este instrumento que se inscribe en la preocupación del derecho internacional por la eficacia del derecho respecto de hacer un seguimiento de las decisiones o recomendaciones. “Pocas veces he visto en un documento internacional algo tan parecido a la realidad”, señaló la jurista. 

La Justicia y los medios

“Mucha gente no denuncia por miedo -planteó la jurista-. Lamentablemente hay gente que percibiendo que los controles no funcionan, acude a la prensa, pero resulta que esos controles sociales no pueden sustituir a los jurídicos”. “La prensa nos pone un problema en el diario un día, pero después nada, no hay más interés, dan por terminado el asunto. Lo que nosotros tenemos que hacer es incentivar los controles jurídicos para que funcionen. Y bien. Si no, la gente va a desconfiar del sistema jurídico”.

Otras condenas

Kemelmajer también se refirió a la tensión que generaron otras condenas al Estado por la situación de los penales. “Siempre he creído en el aspecto positivo de esto, aunque a lo mejor nuestras cárceles estuvieran mejor que en otros lugares, la condena está diciendo que tenemos abogados que nos están controlando, que hicieron la denuncia para que funcionemos mejor. Es más: si en otros lados no los están condenando será porque no hay abogados que sepan luchar. Acá, afortunadamente sí tenemos de esos que han llevado las causas ante la Corte IDH, sin duda,  sin ellos no hubiésemos sido condenados”. 

Télam/LC