Mendoza: Justicia Legítima debatió sobre el Código Procesal Penal
El colectivo Justicia Legítima realizó en la provincia un seminario abierto para discutir sobre la transformación de las estructuras y prácticas judiciales en la Argentina. El lema fue “Hacia una justicia rápida, transparente y garante de derechos”.
María Laura Garrigós de Rébori, jueza y titular del colectivo Justicia Legítima.
Leo Vaca.
El colectivo Justicia Legítima realizó un seminario abierto para discutir sobre la transformación de las estructuras y prácticas judiciales en la Argentina. Con el lema “Hacia una justicia rápida, transparente y garante de derechos”, la provincia de Mendoza discutió acerca de la propuesta de reformar el Código Procesal Penal de la Nación.
El público -unas 300 personas- llenó uno de los salones principales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. La apertura estuvo a cargo de Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Luego, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, habló de la importancia de la adopción de un sistema acusatorio para el proceso por la normativa nacional y dijo que el cambio “hay que hacerlo considerando la perspectiva de garantizar derechos sobre todo de los sectores más pobres de la sociedad”.
En la conferencia inaugural, Gils Carbó también se refirió al narcotráfico y dijo que “se debe trabajar para terminar con la corrupción de las fuerzas de seguridad”. En cuanto al sistema jurídico en esta temática, dijo que “debe abocar en sus esfuerzos no a perseguir al consumidor, ni ensañarse con quien planta para consumo, ni al que hace el trabajo hormiga: hay que combatir a las grandes bandas”.
María Laura Garrigós de Rébori, jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y presidenta de Justicia Legítima, participó del un panel sobre la reforma procesal penal. La acompañaron Beinusz Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, y Dante Vega, fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Garrigós de Rébori planteó que “es incomprensible que terminemos aprobando antes un Código Civil que el Código Procesal Penal. La oralidad es una manera de transparentar el sistema y, aun cuando pudieran producirse injusticias por esa transparencia, de esa manera todos podríamos saber por qué se producen”.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del jurista Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
