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Soledad Lescano denunció los maltratos de su marido y en principio la justicia mendocina no la oyó. Ella y su pareja trabajaban en la policía, pero a tres meses de la denuncia la despidieron y quedó sin empleo y a cargo de su hija, mientras que su marido seguía en las fuerzas de seguridad. La abogada defensora Carolina Jacky insistió con la cautelar que le habían rechazado en primera instancia y la mujer recuperó su trabajo. El fallo sienta un precedente, ya que hasta el momento Mendoza no había tenido en cuenta las normas y tratados de violencia contra la mujer que priorizan los tiempos y facilitan los requisitos que suelen exigir los jueces ante las cautelares. “Lo ideal es que la justicia esté al lado de la víctima”, dijo Jacky a Infojus Noticias.

Cuando Lescano, que sufría los golpes reiterados de su marido,  terminó con una fractura de mandíbula se decidió a denunciarlo.  Fue a la oficina de Asistencia al Policía y comunicó el maltrato, de ahí le recomendaron que hiciera la denuncia penal. Entonces fue derivada a la Oficina de sanidad policial, y como prevención le quitaron el arma a ella y a su pareja. Pero a ella la mandaron a seguir un tratamiento psicológico. Según la demanda principal, Lescano se atendió con un psiquiatra del Hospital El Sauce que le dio el alta, aunque de Sanidad Policial dijeron que no estaba en condiciones y le dieron 30 días más de licencia.

“En ese momento le pagaban el sueldo pero no cobraba ningún adicional. Y como ella también es el sostén de su hija, volvió con su pareja y le volvió a golpear. La denuncia penal estaba parada y ella seguía sin trabajar”, explicó la abogada Jacky.  

En un colapso nervioso Lescano intentó suicidarse y la llevaron otra vez al psiquiátrico.  Al mes un médico le dio el alta y pero la policía le dijo que no estaba en condiciones y la oficina de sanidad policial instruyó el expediente para darle la baja.

“A ella le dieron la baja y él quedó trabajando en la Policía. Antes que eso pasara inicié la demanda y le pedí al juez de primera instancia, como medida cautelar,  que la sostuvieran en su trabajo, porque era una injusticia. Se estaba revictimizando a la víctima, pero la cautelar fue rechazada”, dijo Jacky.

Ahora, un fallo de la Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil, sentó un precedente en la justicia provincial al hacer lugar al pedido de cautelar y devolverle el trabajo a Lescano.  Los jueces Graciela Mastrascusa y Gustavo Colotto dispusieron “preventivamente que Lescano sea reincorporada a la fuerza policial de la Provincia, asignándosele temporariamente las funciones administrativas que sean más adecuadas al caso, con el mismo salario, y por un plazo de tres meses”, mientras toma curso el proceso judicial.

El recurso de apelación presentado por Jacky expuso que “en el presente caso, resultan de aplicación necesaria los principios específicos de la ley 26485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y su decreto reglamentario”, además de citar varios tratados internacionales a los cuales la Argentina adhiere.

“Esta medida cautelar es importante en Mendoza. Porque la víctima ya está con toda una carga emocional que muchas veces hace que la decisión de llegar a la Justicia sea complicada. Por eso se la debe acompañar en primera instancia y rápido, ya que si la Justicia la rechaza no tiene a dónde más recurrir. Lo ideal es que la justicia este al lado de la víctima. Y eso es lo que esta sentencia de la cámara está marcando”, dijo Jacky.