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El escándalo de los “narcopolicías” que provocó renuncias y cambios en el gabinete del gobernador cordobés José Manuel de la Sota empezó de una forma extraña. Antes que el jefe de la fuerza, Ramón Frías, y su jefe civil, Alejo Paredes, fueran cadáveres políticos. Antes incluso de que Juan Alós, uno de los policías denunciados por vínculos estrechos con los narcos de la provincia, fuera un cadáver, a secas. Empezó el 18 de julio con una gresca en la calle, afuera de una estación de servicio. Dos personas reconocieron al farsante que les había comprado un auto de lujo con dólares falsos. El empleado del servicentro llamó a la policía y los detuvieron a todos. Después, la Justicia Federal allanó la casa del supuesto estafador y encontró 340 mil dólares falsos. El hombre quedó detenido. Se llamaba Juan “El Francés” Viarnes.

Unos días después, el 8 de agosto, el preso pidió ver al juez de su causa, Ricardo Bustos Fierro, y le ofreció declarar como arrepentido. Según la ley argentina, la única forma de acceder a esa condición, la de arrepentido, y gozar de los privilegios que eso conlleva, es declarar en casos de “lucha contra el narcotráfico”. El Juez aceptó esa declaración, que duró cinco días: en lo medular de esa larga confesión contó que, durante tres años y medio, había trabajado en dependencias de la Dirección General de Drogas como agente encubierto, y que los policías armaban causas con droga incautada, con la que también le compraban información a los narcos. Ese fue el germen de la investigación judicial que llevó adelante el fiscal federal Enrique Senestrari. El inicio de la caída del ministro de Seguridad y la cúpula policial.

La investigación avanzó, los primeras semanas, en el mayor de los secretos. Senestrari asegura que el silencio era prudente y que el ritmo cansino se debía a la complejidad del trabajo. Había que chequear no sólo que Viarnes había sido doble agente, sino encontrar pruebas válidas de que todo lo que denunciaba era cierto.

El miércoles 4 de setiembre, Viarnes volvió a patear el tablero: le dio una entrevista al programa televisivo ADN, de Canal 10, en la que repitió lo esencial de su denuncia judicial. Los periodistas cordobeses que siguieron el caso especulan que se sintió amenazado y lo hizo para resguardarse. En el mismo programa, el “arrepentido” hizo cámaras ocultas a policías de la división Drogas donde quedó en evidencia la confianza que tenía con ellos, aunque no los delitos que había denunciado. Al día siguiente pasaron a licencia a tres de los policías mencionados: el jefe de la División del narcotráfico, comisario mayor Rafael Sosa, y dos de sus subordinados.

El escándalo ganó lugar en los diarios, disparó acusaciones cruzadas entre dirigentes políticos, y tuvo otras derivaciones. El sábado 7 de septiembre, uno de los policías nombrados por Viarnes en su entrevista, Juan Alós, apareció muerto de un tiro en la cabeza en la cabina de su auto, estacionado en una ruta del interior. Dejó una carta pidiendo que limpien su buen nombre y honor. Al día siguiente, durante el velatorio y rodeado de 300 policías, Ramón Frías acusó al periodismo y al fiscal Senestrari de haberlo empujado a un presunto suicidio que aún no está cerrado.

El lunes 9 de septiembre, en medio de los incendios que asolaban la provincia, el delasotismo se hizo el tiempo para acusar a Senestrari de ser kirchnerista e inventar una causa falsa.

El martes 10, el fiscal apagó su celular y se encerró el día entero en su despacho a sopesar las pruebas. El miércoles, mientras el comisario Sosa lo denunciaba por violación del derecho profesional e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el fiscal ordenó allanar las oficinas de la Dirección de Drogas de la Jefatura de Policía y la casa de cinco policías sobre quienes también ordenó captura. Entre ellos Rafael Sosa, que ya estaba licenciado. En la sede de la Policía se encontraron marihuana y cocaína no declarada, y entre otras cosas, una celda no habilitada con una persona detenida y esposada en su interior. En la casa de uno de los policías secuestraron armamento, chalecos antibala y hasta una picana eléctrica.

El viernes 13 de setiembre el ministro de seguridad Alejo Paredes y el jefe de policía, Ramón Frías, presentaron su renuncia. El último fin de semana, José Manuel De la Sota nombró a un nuevo jefe de Policía, César Almada, y a una nueva ministra, Alejandra Monteolivo.