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El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Neuquén, durante la última dictadura cívico militar, comenzó hoy y tiene en el banquillo de los acusados a cinco represores, dos de los cuales permanecieron prófugos de la justicia durante varios años. Los imputados son el teniente coronel (R) Jorge Di Pascuale, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia; Jorge Soza, por entonces segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; y el coronel (R) Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182.

También serán juzgados, por un total de 55 víctimas, el mayor (R) Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada; y el médico Hilarión de la Paz Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén inició el juicio esta mañana bajo la presidencia de Leónidas Moldes (Juez de San Carlos de Bariloche-Río Negro) junto a los vocales Diego Barroelaveña (Buenos Aires) y Richard Gallego (General Roca- Río Negro) con Luis Gustavo Lozada como cuarto juez.

Los fiscales son Marcelo Grosso y Adrián García Lois; las defensas de los imputados están a cargo de los defensores oficiales, Eduardo Peralta, Laura Giuliani y Pablo Matcovick. Son querellantes la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH-, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos -CEPRODH-.

El fiscal federal Marcelo Grosso dijo a Télam que "la requisitoria fiscal tiene que ver con los hechos que ya fueron juzgados en los juicios anteriores respecto a la participación que les pudo caber a los imputados en este tramo".

Anticipó que "el Tribunal dispuso el reconocimiento de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la región". Agregó que "no está la fecha pero en la providencia de la prueba dispone la inspección ocular de donde funcionó "La Escuelita" (batallón militar de Neuquén), en la delegación de la Policía Federal de Neuquén, en la comisaría de Cutral Co (Neuquén) y en la de Cipolletti (Río Negro)".

Grosso señaló que "los hechos ya han sido ventilados y la expectativa es ver la responsabilidad que le pudo caber a estas personas". Destacó que "aparece como muy importante la predisposición de algunas de las víctimas de querer volver a declarar lo cual a nosotros nos parece muy importante para el caso".

Por su parte, la delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, expresó que "Neuquén con este juicio se suma a lo que está sucediendo a nivel nacional que es un marco de enjuiciamiento que se viene dando desde hace más de ocho años con casi 700 procesados, con más de 900 imputados, con 300 condenados que cumplen condena en cárcel común".

"Creo que estamos cerrando el ciclo de la impunidad en la Argentina, por lo tanto Neuquén me parece que forma parte de esto y en ese sentido la expectativa esta puesta precisamente en terminar con lo que han sido los delitos de lesa humanidad en la región". Durante la primera jornada del juicio se conocerán cada uno de los 55 casos juzgados, los requerimientos de la fiscalía, las querellas y los planteos de las defensas.

Mañana los imputados tendrán el derecho a declarar en indagatoria y por lo que ha trascendido solo serían Di Pascuale y Soza los que lo harían, mientras que los otros tres guardarían silencio.