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A Gualberto Solano le dijeron que su hijo Daniel, desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, dejó su trabajo en los campos de la empresa belga Expofrut por voluntad propia. Pero cuando atravesó el país desde Tartagal, Salta, para buscar el rastro de su hijo en el Valle Medio, encontró una historia de explotación laboral y complicidad policial y judicial. Desde ese momento clama por el cuerpo de su hijo. Hoy la familia y su abogado, el salteño Sergio Heredia, acompañan la presentación del documental "¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa" que se proyectará esta tarde en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, a las 18hs.

Daniel tenía 26 años cuando viajó desde Tartagal para trabajar en las plantaciones de manzana del Valle Medio, en la localidad de Lamarque. Viajó en “El Tucumanito” —una empresa de transportes “trucha”, contó su tío Pablo Solano— junto a otros aborígenes de la Misión Cherenta, convocados por dos punteros de la zona. En la causa, Heredia afirma que la empresa Agrocosecha Argentina SRL, que tercerizaba el servicio a Expofrut, se quedaba con gran parte del sueldo de los jornaleros y les sacaban la documentación, para desactivar cualquier reclamo. Por testimonios que se incorporaron en el expediente, la familia pudo saber que un día antes de su desaparición, Solano había hecho un reclamo porque les pagaron la mitad de lo prometido. Era viernes y esa noche fue a un boliche en la localidad de Choele Choel. Como a las dos de la madrugada lo vieron rodeado de policías. Su cuerpo nunca apareció pero la causa fue caratulada como homicidio.

Heredia le contó a Infojus Noticias que cuando llegó a Choele Choel, un mes después de la desaparición del joven, el expediente solo tenía 200 fojas. “Ahora son 40 cuerpos y cada uno tiene 200 fojas”, dijo. Hasta que la apartaron, la causa estuvo a cargo de la jueza Marisa Bosco, pero solo hubo detenidos cuando recayó en manos del juez Víctor Soto. El juez ascendió a camarista y la instrucción quedó en manos de Natalia Constanzo, que la quiso elevar a juicio. El fiscal se opuso porque considera que la investigación está incompleta, y la familia pide la remoción de la nueva jueza. En la conferencia de prensa, que dieron en la capital neuquina los querellantes explicaron que la mujer es prima de María Cecilia Costanzo, la abogada de Agrocosecha, que sospechan intentó plantar pruebas falsas durante la instrucción.

Hasta el momento, los únicos imputados son siete policías: Cristian Toledo, Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz, Raúl Aramendi, Luis Irusta, Claudio Chazarreta y Armando Vega. “Seis de ellos están detenidos en una casa al lado de la comisaría de Lamarque”, lamentó el tío de Daniel, y contó que una vecina denunció que “salen a fumar a la vereda”. Heredia afirmó que enfrentan a una mafia y, mientras la Justicia pretende acotar la responsabilidad del crimen a los siete policías, ellos tienen indicios que los hacen sospechar de una red que trafica con personas para explotarlas laboralmente.  

Más de 20 meses después que Daniel llegara a Río Negro, su familia recorrió el camino que emprendió desde Tartagal. Primero lo buscaban a él, ahora por lo menos su cuerpo: “Algo tenemos que encontrar, un brazo una pierna…algo de él nos vamos a llevar”, dijo Pablo. Los Solano ya pasaron dos inviernos sureños en una carpa frente a la fiscalía, Pablo y Romina Solano, los tíos y una prima del muchacho, Maira Solano. Su padre, Gualberto, y el abogado, pasan las noches en la iglesia del pueblo. Sobreviven con la solidaridad de los vecinos y un bono de comida que les da el municipio local.

Ahora, la familia acompaña la presentación del documental donde cuentan la búsqueda y las historias de la desaparición de Daniel Solano y otros dos trabajadores de la cosecha de manzana: el paraguayo Pedro Cabañas Cubas que trabajaba en la Estancia Negro Muerto y el jujeño, Héctor Villagran, empleado de Expofrut como Solano.