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Doce personas, seis integrantes del Pueblo Mapuche y seis criollas, componen el primer juicio por jurado intercultural en América Latina. Desde ayer, con traducción simultánea en mapuzungun (el idioma Mapuche), escuchan lo que sucedió el 28 de diciembre de 2012 en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Ese día, cuando los miembros de la comunidad Winkul Newen bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. La comunidad se defendió con piedras y una oficial de justicia resultó herida. Le rompieron el tabique nasal. Por eso, la acusan a Relmu Ñamku, dirigente de esa comunidad de “tentativa de homicidio”, una calificación que contempla una pena de hasta 15 años de cárcel. En la causa hay otros dos imputados, Martín Maliqueo y Mauricio Rein, ambos de comunidades mapuches de la misma región, a quienes se los imputa por “daños agravados”.

Neuquén fue la primera provincia del país en implementar el sistema de juzgamiento penal mediante juicio por jurados. “El sistema de juicios por jurados se inició el 14 de enero de 2014, con la entrada en vigencia en la provincia el nuevo Código Procesal Penal”, explicó a Infojus Noticias Gastón Rosenfeld, director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción de esa provincia. Y dijo que estos solo se dan cuando “el fiscal pide más de 15 años de prisión y si el resultado del delito haya provocado la muerte”. 

El conflicto por la tierra, detrás de la acusación

En el caso de Remul diferentes voces se alzaron para repudiar que la mujer esté siendo juzgada por “tentativa de homicidio”. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, afirmó el abogado defensor de Remul, Darío Kosovsky. El apoyo a la mujer también llegó desde organizaciones como el Movimiento de Tierras y Amnistía Internacional, que participa como observadora en el debate. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel presentó un pedido para ser considerado “Amigo del Tribunal”, algo que fue desestimado por la justicia local. El debate está a cargo de la oficina de la III Circunscripción de Zapala.

La agresión por la que se acusa a Relmu data de fines de 2012, pero desde hacía varios años la comunidad Winkul Newen venía resistiendo el avance de las empresas petroleras en su territorio ancestral.  En 2010 habían comenzado un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en tierras mapuche sin respetar los derechos indígenas. El conflicto se agravó aún más con una serie de derrames de hidrocarburos y en  2012 la comunidad cerró el paso a la empresa.

En abril de ese año la comunidad denunció ante la justicia que habían sido atacados por una patota vinculada a la petrolera. Un joven herido de bala, una anciana desfigurada, y los golpes feroces a una referente de la comunidad que estaba embarazada fueron parte de la presentación judicial que no investigó la fiscal Sandra González Taboada.

Los ataques se repitieron. El 27 de diciembre la comunidad enterró a una beba que había fallecido unos días antes, convencidos de que la causa de muerte era la contaminación de la zona. Un día después llegó la orden de la jueza Ivonne San Martín, que hizo lugar a un pedido de la petrolera y ordenó que se notificara a la comunidad que permitieran correr los alambrados y tranqueras para que pase la empresa. Para eso llegó hasta el lugar la oficial de justicia Verónica Pelayes. Llevaba la notificación y estaba acompañada por efectivos policiales, miembros de seguridad privada, una retroexcavadora y empleados de la firma.

En medio de un ambiente tenso, la retroexcavadora comenzó a avanzar y casi atropella a un joven de la comunidad, que indignada ante lo que pasó respondió arrojando piedras para detener el avance. Una de ellas dio en la cara de Pelayes y le rompió el tabique.

“Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nosotros y nuestros hijos. En ningún momento quisimos quedara una persona herida, de hecho la comunidad hizo un pedido de disculpas. En todos estos años siempre nos ha tocado tener los heridos nosotros y sabemos lo que es estar lastimado por las empresas petroleras”, dijo Relmu.

Poco después Pelayes hizo su presentación judicial acompañada de Julián Álvarez, un reconocido abogado neuquino que defendió desde estancieros hasta un juez acusado de delitos de lesa humanidad. Tras hacerse cargo del caso, insistió en que se trató de un intento de homicidio y dijo que los mapuches eran “delincuentes que viven en la ilegalidad”. La fiscal del caso fue González Taboada, que esta vez sí avanzó con la investigación. Primero la  caratuló como “lesiones” y luego concordó con Álvarez en recaraturarla como “tentativa de homicidio y daño agravado”. La mujer también interviene en el debate y fue la encargada de dar cuenta ayer cuál es la teoría del Ministerio Público Fiscal.

Un jurado intercultural

Respecto de la conformación intercultural del jurado, Rosenfeld explicó que se trató de “algo muy particular y lo decidió el juez”. Y detalló que para armar los jurados, que están compuestos por 12 titulares y cuatro suplentes, siempre se recibe el listado de la justicia electoral unos días antes del debate y se sortean “20 hombres y 20 mujeres” sobre los que luego se va haciendo la “selección, se ve y pregunta si tienen impedimentos para hacerlo, porque por ejemplo, el gobernador no podría serlo, tampoco un abogado o un miembro de las fuerzas de seguridad”. Luego se eligen 6 hombres y 6 mujeres, y dos suplentes de cada sexo. En el caso de que quieran declarar culpable a él o los imputados, deberán reunirse al menos ocho votos del total.

Rosenfeld también contó que entorno de la organización hasta se prevén cuestiones de alojamiento, movilidad, alimentos y todo lo necesario “para que los jurados estén lo más cómodos posibles” y destacó que “con solo 4 personas que trabajen se puede organizar el juicio por jurado, sin demandar costos excesivos”. Y agregó que luego de la experiencia del juicio “terminan todos fascinados con la experiencia de lo que pasó”.

En el caso puntual del juicio de Remul se debió hacer una depuración del listado electoral para dar con los ciudadanos Mapuches y asegurar que estuvieran dentro del jurado. Ellos, junto a los otros seis, entre ayer y hoy escucharon a los primeros testigos, de un total de 43, y vieron un vídeo del día del hecho. El martes próximo oirán los alegatos de clausura y se retirarán a deliberar. Es probable que ese mismo día se conozca su decisión.

CD/LC/MEL