Infojus Noticias

El buque salió el 6 de julio de un puerto en la República Democrática del Congo. Veinte días después llegó al puerto privado Dreyfus, en Rosario. La justicia federal argentina investiga el posible asesinato de cuatro ciudadanos congoleños que viajaban como polizones, en el curso de esos veinte días en altamar. El sábado pasado el ciudadano rumano que denunció los asesinatos fue enfrentado en un careo con el marinero filipino que, hasta ese momento, negaba todo. Sin embargo, confrontado con la palabra de su compañero de trabajo, aceptó que los cuatro congoleños que encontraron habían sido lanzados al mar.

En las primeras dos declaraciones testimoniales de hoy, los marineros ratificaron su primera declaración y dijeron no haber visto nada. Si todos los testigos se mantienen en negar lo que pasó, la Justicia no descarta cruzarlos en careos con el denunciante.

Los cuerpos de los congoleños no fueron encontrados y la Justicia no tiene información sobre las víctimas. Después de las declaraciones testimoniales de hoy se espera información que podrían aportar dos ciudadanos griegos. Fuentes de la fiscalía contaron a Infojus Noticias que todavía desconocen quiénes son y con qué tipo de datos cuentan, pero presumen que estarían ligados a la empresa dueña del buque.  

La causa ya tiene siete imputados: cinco marineros filipinos, un oficial y el capitán del barco, ambos rumanos. Les asignaron defensores oficiales de la justicia rosarina y ayer se abstuvieron de declarar. Los otros catorce tripulantes prestaron declaración testimonial hoy en el Juzgado Federal N° 3 de Rosario. La Defensoría Oficial también acompañó a los testigos a fin de garantizar la defensa de los imputados, con la posibilidad de hacer u oponerse a las preguntas del fiscal y el juez.

La embajada filipina envió intérpretes para que asistan a los ciudadanos de ese país involucrados en la causa. El juzgado también gestionó la presencia de intérpretes rumanos.

La cantidad de nacionalidades involucradas hace que el proceso judicial sea complicado. Imputados de dos países diferentes, Rumania y Filipinas, víctimas de la República Democrática del Congo, un barco con bandera de las Islas Marshall pero que pertenece a una empresa de capitales griegos. Y la justicia argentina, que interviene en la instrucción básica de la causa por ser el primer puerto que tocó el buque desde que salió de África.

Las fuentes de la fiscalía federal de Mario Gambacorta explicaron que si se confirma que el delito fue cometido en aguas internacionales, la justica que deberá actuar será la de la bandera del buque.

A poco de zarpar del Congo la tripulación encontró a siete personas escondidas en el barco. En el marco de la ley internacional, fueron devueltos a su país de inmediato. La empresa “W.E.M. Line SA”, dueña del buque, le ordenó al capitán rumano Florin Filip que registrara exhaustivamente el barco antes levar anclas. No quería volver a encontrar polizones. El trabajo se hizo mal y 400 kilómetros de la costa volvieron a encontrar a cuatro personas. Esta vez decidieron no volver a puerto.

Por orden del capitán los polizones fueron atados de pies y manos, amordazados, golpeados y tirados inconscientes al mar. Varios marineros decidieron desvincularse de la empresa y presentaron diferentes razones –desde problemas de salud a situaciones familiares- para irse. Al gerente Binios Stravos le llamó la atención y le pidió al capitán que diera más explicaciones.

-Es que ellos tiraron la basura al mar y ahora quieren volver a sus casas -les respondió Filip-.

Una vez en Rosario, uno de los tripulantes se quebró y contó la historia a la Justicia. Si bien todavía no aparecieron testigos presenciales, el hecho era un secreto a voces en el buque durante esos veinte días en el mar. En las primeras declaraciones testimoniales, el domingo pasado, ninguno habló. Pero los sospechosos todavía estaban en libertad. La Justicia confía que ahora, con los imputados detenidos, aparezcan nuevos relatos del crimen entre los testimonios. En el primer día no se obtuvieron resultados, y los dos testigos ratificaron no haber visto nada.

Con el barco anclado en puerto argentino un marinero murió el jueves pasado. Cayó al agua desde y todavía la prefectura no encontró su cuerpo. La fiscalía no descarta ninguna hipótesis, pudo ser un accidente, un suicidio u otro homicidio.

Hubo dos allanamientos en el barco. Se secuestraron celulares particulares, varias computadoras del buque y se ordenó la pericia de la Caja Negra de la embarcación. También se encontraron algunos objetos que podrían pertenecer a las víctimas o a las siete personas que fueron devueltas a la costa africana. Entre los elementos había galletitas, botellas de agua mineral, ropa y excrementos humanos. Estos últimos fueron enviados a peritos de prefectura que presentó un informe afirmando que el estado de descomposición impedía tomarlo como prueba.

Aunque todavía no se avanzó en la cooperación con la justicia congoleña,  se podría pedir mediante un exhorto que declaren los siete ciudadanos congoleños que fueron devueltos a poco de zarpar el buque para saber si tenían algún dato que permitan identificar a los  cuatro que quedaron en el barco.

Un país devastado por la guerra

Según un cable de la Agencia EFE, los enfrentamientos entre el ejército de la República Democrática del Congo y el grupo armado “Frente Democrático Aliado” dejó 130 muertos a mitad del mes pasado. El proceso político del país es frágil desde que terminó la segunda guerra del Congo, que duró desde 1998 hasta 2003. Hay 19.000 efectivos de la ONU desplegados en el territorio.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que la cifra de refugiados en Uganda desde el Congo llegó a 60.000. Los refugiados congoleños empezaron a cruzar la frontera a principios de julio cuando el “Frente Democrático Aliado” tomó la localidad de Kamango, en el este del país.