Padre e hijo condenados por trata en Mar del Plata
Las penas fueron de doce años de prisión para Alejandro Aguirre y de cinco para Gonzalo, su padre, por ser responsables de trata de personas con fines de explotación sexual de dos hermanas adolescentes que captaron en Florencio Varela y trasladaron hasta Pinamar donde las encerraron en un departamento, obligadas a tener relaciones sexuales.
Alejandro y Gonzalo Aguirre, padre e hijo, fueron condenados a 12 y 5 años de prisión, respectivamente, como responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. Además, en el fallo se absolvió a Valeria Esther Giménez, que llegó acusada de haber actuado como captadora, pero que a lo largo del debate se comprobó que actuaba bajo una situación especial de vulnerabilidad y que incluso recibió amenazas de los Aguirre. La propia Fiscalía había pedido que se le quitaran los cargos. El 7 de septiembre se darán a conocer los fundamentos.
La sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata se dio a conocer por la tarde. Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, además de las penas, impusieron multas de 30 y 15 mil pesos para los condenados y confiscaron el auto que utilizaban para cometer los delitos.
Los casos que fueron juzgados eran de dos hermanas adolescentes que fueron captadas y trasladadas en la temporada de verano de 2013 desde Florencio Varela hasta Pinamar. Ahí las encerraron en un departamento, donde eran obligadas a mantener relaciones sexuales.
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Durante el juicio, en representación del Ministerio Público, actuó el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, y el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez. Ellos habían pedido condenas de 16 y 8 años para padre e hijo. Durante la instrucción, estuvo a cargo de la causa de Giménez y comenzó a partir de la denuncia de las adolescentes, que después de escapar del departamento en el que las mantenían cautivas hicieron la denuncia en la estación de Policía Comunal de Pinamar.
Pyme familiar con fines criminales
Según se pudo establecer, Alejandro Aguirre captó a las chicas con una propuesta de trabajo en Pinamar, durante la temporada de verano, cuidando chicos y vendiendo productos en la playa. Ante la muerte de la madre ellas habían quedado al cuidado de su abuela. La situación económica apremiaba. Así que decidieron aceptar. Como eran menores, Aguirre le hizo firmar un permiso a la abuela.
Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que los Aguirre operaban en una suerte de “pyme familiar con fines criminales, de explotación sexual” –allí ubicó a Alejandro Aguirre como “dueño del negocio”–, y argumentó la definición con un informe elaborado por Protex y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip): “(Las redes de trata relevadas en causas judiciales) podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas (…) muchas veces de carácter familiar”.
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En ese escenario, mencionó que Gonzalo Matías Aguirre (hijo de Alejandro) colaboró con los hechos, “con pleno conocimiento y voluntad”. “Su rol no fue necesario sino accesorio, pero su contribución al hecho total debe igualmente ponderarse”, sostuvo y mencionó diversos elementos: dijo que fue el encargado de conseguir el departamento donde se alojó a las víctimas y lo visitó, compró los pasajes –ida y vuelta- de la joven víctima, e incluso fue acusado por la imputada y su hermana de amenazar a su padre: “Ojo con lo que va a declarar tu piba”, le dijo diez días antes de iniciarse el juicio.
JC/AF
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