Piden cárcel común para genocidas en Santa Fe
Representantes de organismos de derechos humanos le plantearon a diputados santafecinos que no puede haber represores detenidos en la alcaidía rosarina. Lo hicieron pensando en el peligro de fuga y en los privilegios de los que gozan en ese predio.
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Ilustración: kitsch
Desde el bloque Frente para la Victoria se presentó en la Cámara de Diputados provincial un pedido de resolución para que los represores no estén más en cárceles especiales y pidieron una entrevista con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Desde ayer, el proyecto de comunicación ya tiene sanción. “Ahora la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, esperemos que lo cumplan”, dijo a Infojus Noticias el diputado del Frente para la Victoria, Luis Rubeo
“Estamos con muchos juicios orales y las fugas se incrementan, por eso creemos que debe aumentar la seguridad”, dijo Gabriela Durruty, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe.
En la alcaidía rosarina conviven presos acusados de delitos comunes y cumplen la preventiva imputados por delitos de lesa humanidad. La guardia está a cargo de la policía ordinaria.
“En Santa Fe no tenemos cárceles federales, sino provinciales. Los presos federales van a las cárceles provinciales y Nación le envía recursos por cada preso. En la alcaidía no hay cuestiones seguridad y tememos que haya peligro de fuga. Queremos que los saquen de ahí y los pongan en cárcel común, custodiados por el Servicio Penitenciario”, agregó Durruty.
Los diputados le pidieron al fiscal federal Gonzalo Stara la lista de presos por causas de lesa humanidad detenidos en la Alcaidía de la Unidad Regional II, que al momento son siete. “Al ser tan pocos, este tipo de presos se pueden albergar en los penales de Rosario, Coronda o en Santa Fe”, dijo el diputado Rubeo.
También destacó la resolución emitida por el Ministerio de Defensa de Nación a cargo de Agustín Rossi, que indicaba que los detenidos por causas de lesa humanidad no pueden atenderse en hospitales militares sino en hospitales comunes. La resolución salió después de la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi del Hospital Militar en julio pasado, quienes habían recibido penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel en la provincia de San Juan por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El pedido fue impulsado después de lo que pasó con el represor Carlos Caramelo Altamirano. A principios de año, el ex integrante del grupo de tareas que operaba en el Servicio de Informaciones en Santa Fe durante la dictadura, se creó una cuenta personal de Facebook en la alcaidía rosarina y amenazó al juez de instrucción federal Marcelo Bailaque. A los pocos días, la fiscalía pidió el cierre de la cuenta y semanas después Altamirano fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz.
Lista de los detenidos actuales en la Alcaidía de la Unidad Regional II:
* Gianola, Héctor Oscar, a disposición del juzgado federal N° 4 en la causa Videla N1130/04, ex Feced.
* Ibarra, Ramón Telmo Alcídes a disposición del mismo juzgado por la misma causa.
* Isach Rodolfo Daniel, a disposición del Tribunal Oral Federal N° 1 en la causa Guerrieri N° 367/03 y acumuladas que fue elevada parcialmente y conocida como Guerrieri III.
* Langlois, René Juan a disposición del juzgado federal N°4 por la causa Klotzman N121/06.
* Nast, Julio César, a disposición del Tribunal Oral Federal N° 2, conocida como causa Feced II.
* Sfulcini, Carlos a disposición del Juzgado federal N° 1 por la causa conocida como Guerrieri II.
* Vallejo, Ernesto a disposición del juzgado federal N°14 por la causa Videla N° 130/04.
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