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Encerrado en un espacio de dos por dos, sin baño ni ventanas, Manuel entregaba las bolsitasa través de un pequeño hueco en una de las paredes reforzadas del búnker del barrio Itatí, en el sur de Rosario. Cuando la policía allanó el lugar, en diciembre de 2012,  tenía 740 gramos de cocaína y 390 de marihuana. La causa -una de las 1284 originadas ese año por comercio de drogas en ese departamento judicial- es una de las tantas que llegará a juicio oral este año. La mayoría de los imputados tiene entre 16 y 24 años. Son los llamados “soldaditos”. Matilde Bruera, defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales Federales de Rosario, propone que se investigue si son víctimas de trata.

A los días de haber sido detenido, Manuel recibió en su celda a un abogado contratado por los narcos para los que trabajaba. Esa fue la única vez que lo vio. Al poco tiempo, el profesional renunció y el caso quedó en manos de un defensor oficial que nunca lo visitó. Hasta principios de este año -cuando la madre y la hermana del joven entraron a los gritos en su despacho- el hombre tampoco había leído el expediente. Unos días después, el juez Juan Carlos Vienna le concedió la excarcelación.

Según indicaron fuentes judiciales a Infojus Noticias, en unos veinte días la causa sería elevada a juicio. En el debate oral a Manuel se le asignará otro defensor oficial y se lo juzgará por comercialización de estupefacientes, un delito que prevé una pena de cuatro a quince años de prisión.

“Si esta persecución penal es para eliminar el narcotráfico, estamos errando el camino. Vamos contra los más vulnerables, incluso hasta con los que son víctimas. No se investiga a la organización, ni se analiza si este tipo de explotación puede encuadrarse en la figura de trata”, explicó Bruera aInfojus Noticias. La defensora ante los tribunales orales es la única que planteó el debate en la arena judicial: soldaditos, ¿víctimas o victimarios?

Exclusión social y persecución policial

El año pasado Bruera intervino en un caso en el que dos jóvenes eran juzgados por vender drogas al menudeo. “Contra uno no había pruebas, el otro era el que atendía el kiosquito. Se trataba de una persona que estaba siendo explotada porque trabajaba en situación de riesgo, no tenía condiciones laborales mínimas, le pagaban poco. Los soldaditos son los que sufren la violencia que hay alrededor del búnker y la persecución policial”, explicó.

En el juicio, la defensora oficial pidió que se analizaran lascircunstancias en la que estaba siendo explotado el chico. Los jueces no hicieron lugar al planteo pero morigeraron la pena. Tuvo una condena mínima y en suspenso. “Hay que evaluar el marco de la elección que tienen, son jóvenes absolutamente excluidos. Incluso algunos de ellos son adictos”, dijo Bruera. 

Desde 2008 la trata  laboral y sexual de personas está tipificada como delito en Argentina. La ley 26.842 ocupó un vacío legal y puso definiciones claras. En el artículo 4 especifica que existe explotación “cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas” y “cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados”.

Diego Luciani es fiscal ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Capital Federal y especialista en la temática de crimen organizado y trata de personas. "Estan organizaciones se valen de la vulnerabilidad de la persona. El único medio de vida que tiene para subsistir es vender droga”. “En todas las causas de narcotráfico los más visibles son los más vulnerables”, agregó.

Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe 

Mundo búnker

Los búnkers son construcciones de no más de nueve metros cuadrados con paredes de hasta 45 centímetros de ancho resistentes a las balas. Adentro trabajan jóvenes en turnos de diez o doce horas que no tienen más que un tacho que utilizan de inodoro. Forman parte de la escala más baja en la estructura del comercio de drogas.

“Muchos búnkers están cerrados desde afuera con candado, de modo que los pibes no se puedan escapar”, explicó un jefe policial a Infojus Noticias. Eso evita, además, que un grupo armado intente “mejicanear” el kiosco. En muchos casos, afuera hay otros “soldaditos” armados que custodian el lugar.

“En la villa La Lata había un kiosquito que funcionaba al fondo de un pasillo, en una zona muy caliente. Ya tenía tres soldaditos muertos en enfrentamientos”, contó el policía. “Era de los que se cerraban por fuera. Un fin de semana se agarraron a los tiros en el pasillo. Primero los pibes le levantaron la chapa del techo, lo rociaron con thinner y lo prendieron fuego. Los que estaban adentro tuvieron que salir por arriba. Les robaron todo”, detalló.

Para Bruera, al ser tratados como víctimas, los soldaditos tendrían el beneficio de la “no punibilidad” que establece la ley de trata. “Se debería sobreseer a estos chicos por la vía de la excusa absolutoria. Son personas obligadas”, explicó.

El informe más completo sobre trata laboral lo elaboró la  Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El texto echa luz sobre el tratamiento judicial de los casos en el fuero federal. El monitoreo revela que 516 personas fueron identificadas como víctimas de este delito desde la sanción de la ley. Ninguno de estos casos son de “soldaditos”.

“A veces no se investiga porque se entiende que el narcotráfico es una actividad ilícita entonces no puede ser considerado trabajo. Pero al menos la Justicia debería dar intervención a los equipos de rescate y después comprobar si hay o no delito”, confió a Infojus Noticias una fuente judicial.

En seis años, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Estado, dirigida por Zaida Gatti, intervino en el rescate de 6431 víctimas de trata en el marco de casi 3 mil allanamientos. Solo en una oportunidad el equipo de psicologas y trabajadoras sociales visitó un búnker de drogas. Los juzgados y fiscalías nunca más pidieron la intervención de la Oficina en casos de narcotráfico.

“Fue llamativa la convocatoria del Juzgado. Eran casos de niños de entre 8 y 10  años que eran encerrados en casillas de dos por dos y obligados a vender droga por una ventanita. No recibían más que agua durante todo el día. El lugar ‘estaba limpio’, la policía provincial había hecho un ‘allanamiento’ la madrugada anterior, por otros delitos. No detuvo a nadie pero alertó a los miembros de la organización que operaban en este barrio. El allanamiento se suspendió y nunca más se hizo”, recuerda Gatti.

Para Bruera los fiscales y jueces son los que deben invertir la lógica con la que se abordan las causas de los soldaditos. “Desde la policía y desde la administración de Justicia sólo se lo ve desde la perspectiva punitiva porque el proceso penal tiene un defecto: lo maneja la policía y los jueces y los fiscales obedecen”, sentenció.