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La ciudad más austral del país tuvo esta tarde su primera condena por trata de personas. El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego sentenció a siete años de prisión a Víctor Morales, principal acusado y dueño del prostíbulo “Black and White” que funcionaba en Ushuaia. Los jueces dictaron penas de cinco años a otros cuatro imputados y de tres años en suspenso para el hijo de Morales. El veredicto se dio a conocer en el Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas. Los fundamentos se difundirán el próximo martes.

Durante el juicio, quedó comprobado que la punta del ovillo para captar a las víctimas fueron avisos publicados en el diario Clarín donde convocaban a las mujeres que luego eran sometidas a la explotación sexual. A lo largo de las audiencias, que comenzaron el 26 de agosto, se debatió la responsabilidad de seis imputados en perjuicio de 18 mujeres que fueron rescatadas en abril de 2012. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad dominicana.

Los jueces Luis Giménez, Ana María D`alessio y Alejandro Ruggero siguieron los lineamiento reclamados por los fiscales generales Adrián García Lois y Abel Córdoba en sus alegatos. La titular del Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Zaida Gatti viajó hasta Tierra del Fuego para declarar en el marco de la causa. El procedimiento en “Black and White” fue el primero que hizo el equipo que dirige Gatti, que ya lleva rescatadas –junto a otros organismos del Estado nacional-9.025 víctimas desde la sanción de la ley que tipificó el delito.

Los seis imputados llegaron libres a esta instancia. Sin embargo, luego de la declaración de una de las víctimas, donde quedaron manifiestas amenazas contra ella para que cambiara su testimonio, Morales quedó detenido. El Programa de Rescate intervino en la asistencia y acompañamiento de la víctima que reconstruyó frente a los jueces lo que había vivido en el prostíbulo.

Hoy, en la lectura del veredicto, la sala del Tribunal estaba colmada por militantes por los derechos humanos del sur del país. También estuvo Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata en esa misma provincia, quien querella para que se juzgue a sus proxenetas.

La condena más alta la recibió Morales. En tanto que Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja del dueño del prostíbulo; Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma fue sentenciada a cinco años de prisión. Mientras que Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del jefe de la banda, fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

Avisos y múltiples denuncias

El expediente reúne una serie de denuncias. Una de las primeras, de marzo de 2010, cuando una mujer buscó ayuda en una comisaría de Rosario, en Santa Fe, porque su hija había viajado a Ushuaia y le había enviado un mensaje de texto en el que le advertía de una situación sospechosa.

Ese mismo año, un mes después, la Procuraduría que asiste a los fiscales de todo el país en la investigación de la trata (PROTEX) recibió un alerta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en la que advertían sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del 4 de octubre de 2009, a través del cual convocaban “señoritas para cabarets en Ushuaia”.

La investigación se complementó con un informe de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que informó sobre otros del mismo tenor, publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Según la acusación, Morales tenía montada una estructura que le permitía captar víctimas en distintos puntos. Su ex pareja, María Ledesma, llegó a este juicio acusada de colaborar en el traslado de las mujeres hasta Ushuaia, y sus hijos, Alejandra y Mauro Morales Ledesma, por hacerse cargo del funcionamiento del prostíbulo, junto a Mirta Puglia –“Mami”, “Mamá” o Marcela Rey- y Cristina “Camila” Ramírez.

MFA/RA