Prisión domiciliaria para la joven quechua que no habla español
Así lo dispuso la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, que luego de tres años y dos meses, le dio la posibilidad de aguardar el inicio del juicio en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires junto a su hija más pequeña.
Helen Zout
Reina Maraz Bejarano, la joven quechua de nacionalidad boliviana que estuvo detenida sin entender el proceso que se le seguía, ni poder comunicarse en el único idioma que habla, esperará el juicio oral por el asesinato de su marido con prisión domiciliaria. Así lo dispuso la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, que luego de tres años y dos meses le dio la posibilidad de aguardar el inicio del juicio en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires, junto a su hija más pequeña– nacida en la Unidad 33 de Los Hornos, en La Plata-.
Reina nació en Bolivia, en una comunidad kichwua y su lengua materna es la única que aprendió. En noviembre de 2010, cuando la detuvieron por el asesinato de su marido Limber Santos no pudo comunicarse con los operadores judiciales; es que el poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias que puedan garantizar un pleno acceso a la Justicia a los migrantes y originarios como en el caso de esta mujer. Cuando la detuvieron hacia un año que vivía en Argentina, había llegado con Santos en busca de trabajo y a la par trabajaron en un taller textil y después cociendo ladrillos en un horno en Florencio Varela. Durante todo ese tiempo, Reina sufrió por los golpes y abusos del hombre con el que vivía, que además pagaba las cuentas a un vecino “entregándola” para que abusara de ella.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires comenzó a intervenir en el caso cuando la entrevistó en una de las inspecciones de rutina que realiza a las unidades carcelarias. Al interiorizase de la situación, solicitó la designación de una interprete para que se comunique con Reina y presentó un amicus curiae en el marco de la causa penal que la tiene como imputada. La presentación realizada desde la Dirección de Litigio Estratégico y el Programa de Pueblos Originarios y Migrantes hacía hincapié en la necesidad de que la causa sea asumida “desde una perspectiva integral de derechos humanos” y que se garantice “un abordaje que tome en cuenta las particulares circunstancias, condicionamientos y situaciones en las que se encontraba y se encuentra Reina Maraz Bejarano, y las múltiples violencias que la misma padeció y padece”.
“La Justicia provincial no está preparada para este caso. No es lo mismo un traductor que un intérprete. El intérprete incorpora las pautas culturales”, explicó entonces a Infojus Noticias Margarita Jarque, del área de Litigios de la CPM que intervino en el caso. El debate oral en el que se juzgará a Reina será en marzo del 2014. Después de la intervención de la CPM, en abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes, a cargo del Dr. Diego C. Agüero, declaró como nula la única audiencia en la que Reina había declarado y pidió que se le tomara una nueva declaración ante los intérpretes propuestos por la CPM.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por pedido de la CPM, ordenó que Frida Rojas sea incorporada en el expediente formalmente. En abril de este año, a casi tres años de su detención, Reina tuvo la posibilidad de una primera declaración ante el TOC Nº1 de Quilmes.
La figura del intérprete es una garantía del acceso a la defensa de juicio. El Convenio 169, un pacto internacional sobre pueblos indígenas al que Argentina adhiere desde 1989, plantea que “deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.
