“Tráemela a A. que le pongo una bala entre las cejas”, dijo en referencia a una empleada, el juez subrogante de La Pampa, José Antonio Charlín. Tenia un arma cargada entre las manos, apuntando al pasillo del juzgado desde su escritorio.
El juez federal José Antonio Charlín fue procesado sin prisión preventiva por la Justicia Federal de Santa Rosa, La Pampa, por haber desviado fondos, acosado y amenazado a empleados cuando subrogaba ese juzgado. El año pasado Charlín había sido separado de ese cargo por el Consejo de la Magistratura debido a estas denuncias.
El juez “palpó de armas” al custodio del juzgado. Luego le preguntó “¿Estás calzado?”. El custodio había empezado a portar de nuevo su arma con este juez ya que el anterior no lo permitía. “¿Está cargada?”, preguntó Charlín. Y siguió: “¿Cómo es esto?”, ya con el arma en la mano.
Después de que el custodio le “enseñara” a usarla, el magistrado se puso en posición, apuntando desde su despacho en dirección al pasillo común. Además del custodio, otras dos empleadas estaban en la escena. Se miraban con terror. Una de ellas tomó un expediente y lo abrazó contra el pecho. “Tráemela a A. que le pongo una bala entre las cejas”, dijo en referencia a una empleada del juzgado.
Charlín fue designado por la Corte Suprema como juez subrogante de Santa Rosa. Sin embargo, se encuentra designado en el juzgado Federal de General Pico, un tribunal que aún no está habilitado. En poco menos de dos meses generó una serie de irregularidades que derivaron en su procesamiento dictado por el juez federal ad hoc de Santa Rosa, José Rodríguez Berdier.
Los gastos indebidos
Ni bien empezó a subrogar el juzgado, Charlín comenzó las compras. En julio del año pasado, aprobó la compra de un sillón, un televisor Full HD de 32 pulgadas y un reproductor de música, gastó más de 8 mil seiscientos pesos. En agosto de ese año compró, un escritorio y un equipo de música, allí pagó más de 9 mil doscientos pesos.
Un detalle fue que para estos gastos el juez utilizó fondos destinados para afrontar las elecciones primarias de agosto de 2013 en aquella provincia. El juzgado federal de Santa Rosa tiene competencia electoral. La Resolución n° 1863 del Ministerio del Interior de la Nación, establece que “los fondos que se otorgan a los Juzgados Federales con competencia electoral para atender a sus gastos de funcionamiento destinados a la organización de los actos electorales”.
A Charlín no le interesó esta reglamentación. La secretaria electoral le advirtió de la norma pero el juez compró sanitarios, juegos de sillones, una notebook y hasta arregló el auto oficial. Uno de los testigos, que trabaja en el juzgado sostuvo que “tuvieron que pedir otra partida para cubrir los gastos relativos al proceso electoral en curso”.
El juez Rodríguez Berdier consideró probado estos gastos indebidos y lo procesó por malversación de fondos porque “Charlín -en su carácter de funcionario público- sabía que esos fondos tenían como destino fines electorales e hizo caso omiso a las advertencias de la habilitada de la Secretaría Electoral”.
El acoso sexual
Pero el juez no sólo realizó malos manejos de fondos. También tuvo situaciones de acoso sexual contra una de las empleadas del juzgado. Realizaba comentarios incómodos a la secretaria penal “refiriéndose recurrente e insistentemente a sus atributos físicos, especialmente a sus senos, preguntándole si eran de ella o si había pasado por el bisturí”.
En ocasiones se acercaba a la empleada “acercándosele a una distancia mínima con la excusa de examinar o elogiar su ropa” y preguntándole de qué estaba hecha. También la rozaba “innecesariamente en la espalda cuando pasaba cerca de ella”. La secretaria penal del juzgado debió pedirles a compañeras que no la dejaran sola con el juez y que dejaran la puerta del despacho abierta cuando el magistrado iba a su oficina. Tenía miedo a lo que él pudiera hacerle.
“El juez hacía valer su condición jerárquica respecto de la nombrada a los fines de propasarse con ella sabiendo que no iba a reaccionar”, dice la sentencia que también lo procesa por acoso sexual simple en situación de violencia de género.
La persecución política
El juez también realizaba persecuciones políticas a los empleados. En una oportunidad el magistrado llamó uno por uno a los empleados contratados de la Secretaría Electoral para que “manifiesten a través de quien habían ingresado y cuál era su inclinación política”. Si no lo decían, los amenazaba con echarlos. El tenía que ubicar a “su gente”.
Charlín le ordenó a la secretaria electoral repartirles a los contratados una copia del contrato, resaltando con fluor que “el juzgado podía rescindir el mismo por la causa que creyera conveniente”. Todos los contratados fueron interrogados por orden del juez, por la secretaria, sobre sus ideologías políticas. La mayoría de ellos salieron llorando: “Te hacía sentir miedo, todos pensábamos que nos iban a echar, más aún, cuando momentos previos a esto, nos habían dado una copia del contrato que teníamos, donde estaba subrayado con resaltador la parte que decía que nos podían echar”, dijo uno de los testigos en la causa.
El juez sostuvo que “con su accionar quiso amedrentar y amenazar a todos los empleados contratados, aprovechándose de la juventud de casi todos, a hacer abandono de trabajo, creando así un clima hostil”. Lo procesó por amenazas coactivas.
Y la prensa
Muchos de los maltratos y situaciones irregulares fueron difundidos por la prensa de La Pampa. Aunque allí también Charlín dio que hablar. “¿Así que usted es de El Diario? Pórtese bien”, le dijo a un fotógrafo diario “El Diario de La Pampa”, uno de los que había dado la noticia. “Yo tengo al Ejército a mi disposición. Si quiero lo dejo entrar y si no, no”, le dijo. El hecho pasó en el edificio de Vialidad Provincial, donde se llevaba a cabo el escrutinio de las elecciones ocurridas el domingo 11 de agosto.
Por todo esto el juez federal ad hoc de Santa Rosa lo procesó por delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos; abuso sexual simple en situación de violencia de género; por daño en dos oportunidades (rompió un sillón y una pared) y por amenazas coactivas. Además lo embargó con 80 mil pesos y envió una copia del procesamiento al Consejo de la Magistratura “a los fines de poner en su conocimiento y a los efectos que estimen corresponder”.