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Los integrantes de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social de la Nación rechazaron el pedido de juez destituido Francisco Miret. El ex camarista mendocino pretendía que se dictara una medida cautelar y se ordenara el pago del 75 por ciento de la jubilación extraordinaria, para “atender al derecho alimentario de la esposa” y de su hija “a cargo en razón de su discapacidad”. Miret fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de su provincia por no denunciar torturas policiales en 1975 cuando era juez federal subrogante.

Los camaristas Lilia Maffei de Borghi, Bernabé Chirinos y Victoria Pérez Tognola sostuvieron que “la medida cautelar de no innovar no puede, como regla, interferir en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales, ni ser empleada para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de recurrir a la justicia para hacer valer los derechos que las partes interesadas consideran tener”.

En la decisión, firmada el pasado 30 de julio, los jueces sostuvieron que la decisión dictada en primera instancia “no resulta ajustada a derecho” ya que con la medida cautelar “se pretende el cumplimiento forzado de una sentencia que aún no está firme”. Los jueces de la misma sala son los que todavía tienen que resolver el amparo principal de la causa donde deben decidir sobre la validez de la jubilación extraordinaria para Miret.

No es el primer pronunciamiento contra una medida cautelar solicitada por Miret. En 2011 la misma sala rechazó y dejó sin efecto otra medida cautelar dictada por el juzgado federal N° 2 de Mendoza, a cargo en ese entonces del conjuez Gustavo Campo. Esta ordenaba el pago total de la jubilación extraordinaria al ex camarista destituido. En aquel rechazo los jueces sostuvieron que el intento de Miret era “un medio para arribar precozmente a un resultado al que sólo podría accederse mediante el correspondiente dictado de una sentencia”.

Miret fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en marzo del 2011 por “mal desempeño” en sus funciones ya que el ex juez omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en 1975 cuando era juez federal subrogante. El magistrado tenía conocimiento de los "delitos cometidos contra varios de los detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la Policía mendocina", sostuvo el Jurado de Enjuiciamiento en ocasión de destituirlo.

En 2010 Miret había intentado eludir el jury presentando su renuncia. Pero la maniobra fue frustrada ya que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se la aceptó.

Ahora Miret brega por intentar recibir la jubilación extraordinaria que poseen los jueces aunque no le corresponda. La Ley 24.018 en su artículo 29 expresa claramente: “Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.