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A pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, camino a Monte Cristo, funcionaba hasta el miércoles un importante cortadero de ladrillos. Al predio se llega por la ruta 19, y todavía están allí las casillas sin puerta en las que vivían sus trabajadores. Entre las pirámides de ladrillos recién horneados, medio centenar de personas pasaba sus días horneando los bloques de arcilla. Lo hacían en jornadas sin descanso y por 150 pesos. A veces, era a cambio de algunos ladrillos. Algunas eran madres que debían detener el trabajo para amamantar a sus hijos. Otros eran chicos de entre 14 y 17 años que habían abandonado la escuela hacía mucho tiempo.

El miércoles, la Justicia Federal cordobesa y agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, allanaron el predio y liberaron a las 45 personas que se encontraban allí. Constataron que vivían en el lugar y en pésimas condiciones de salubridad e higiene. Dormían bajo techos de chapa con todo tipo de filtraciones y cocinaban sobre la tierra. El capataz era un hombre de nacionalidad boliviana, al igual que gran parte de las personas explotadas allí.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, quien dio la orden de allanamiento.Del operativo participaron también agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre el miedo y la sorpresa, las víctimas se negaron a ser trasladadas a los centros de rescate y a recibir cualquier tipo de asistencia.

“El personal de la Oficina de Recate estuvo todo el día entrevistando a las víctimas”, contó el fiscal Federal Enrique Senestrari. “La oficina les ofrece alojamiento, asistencia psicológica, económica, jurídica, y nosotros también recomendamos que aceptaran la contención, pero no quisieron. Es muy triste, ellos prefirieron seguir durmiendo allí”, relató, quien aclaró que tampoco pudieron atender a los menores.

Hoy, dos días después y sin que nadie las esperara, las cuarenta personas fueron a ver al fiscal. Quieren saber qué les va a pasar. “El planteo es lógico, quieren saber qué les va a pasar, algunos son migrantes sin papeles y temen que los deporten. Nosotros tratamos de que se den cuenta que están viviendo una situación peor que la del resto de los trabajadores”, apuntó Senestrari. “Lamentablemente, en estas cosas la Justicia llega poco y lento”.

El fiscal explicó que pedirá al juez que intervenga la autoridad responsable por los menores. Las víctimas aseguraron que el juez había prometido enviar a un interlocutor en el día de ayer, pero que no concurrió nadie.

Por su parte, el propietario del cortadero quedó imputado por el delito de trata de personas. Está detenido desde el miércoles y podría afrontar penas de hasta quince años de prisión, porque entre las víctimas había menores. Su nombre es Roberto Ángel Cabrera.

Cabrera también evadió normas impositivas: escondía en una caja de zapatos la suma de 500 mil pesos y de seis mil dólares, aunque figuraba como monotributista “categoría D”, con un límite de 48 mil pesos anuales. El fiscal aseguró que se trataba de un cortadero de gran producción –tenían ocho hornos-, por lo que también evalúan investigar a las empresas que compraban los ladrillos.