Río Negro: Casación rechazó recursos en causa por defraudación
El ex intendente de Bariloche, Omar Goye, y otros cuatro sindicalistas que fueron condenados por administración fraudulenta habían solicitado la nulidad del debate y del ofrecimiento de prueba. Además, habían cuestionado la legitimidad de la Oficina Anticorrupción para intervenir en el interior del país.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos del ex intendente de Bariloche, Omar Goye, y de otros cuatro sindicalistas que fueran condenados por la defraudación por dos millones de pesos/dólares en el “salvataje” del Policlínico sindical Arbos, en 1999. Se trata del primer caso en que la Oficina Anticorrupción (OA) actúa como querellante en el interior del país.
Los recursos de todos los condenados llegaron aproximadamente hace 14 meses a la Cámara Federal de Casación Penal. Previo a la feria, la diputada rionegrina, María Emilia Soria, envió una nota al máximo tribunal penal del país en la que sostuvo que era testigo de “la negligencia con que vuestra Cámara de Casación Penal tramita la denominada causa Arbos” y pidió impulsarla. Los condenados pedían, entre otras cosas, se declare la nulidad de la audiencia de debate y del ofrecimiento de prueba y hasta la supuesta falta de legitimidad de la OA para actuar en el caso.
La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico, declaró “inadmisibles” los recursos de queja presentados por el ex intendente de Bariloche, Omar Goye y a los sindicalistas Walter Cortés, de la Asociación de Empleados de Comercio, Ovidio Zúñiga, de Uthgra, y el secretario general de la Uocra de Neuquén, Víctor Cárcar.
Fuentes del tribunal explicaron que la demora tuvo que ver con el apartamiento de la causa de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, motivo por el cual la sala debió integrarse con los subrogantes Roberto Boico y Norberto Frontini, que incluso trabajaron durante la última feria judicial para leer los 50 cuerpos que contiene el expediente.
La causa no termina aquí puesto que aún Casación debe resolver otros recursos como el presentado por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca contra la prescripción parcial de la acción penal y el sobreseimiento de Madrazo en relación a un hecho. A esto se suman los recursos de Casación de todos los imputados contra las condenas que les impusiera el TOF sureño por fraude en perjuicio de la administración pública.
Los imputados fueron condenados por fraude en marzo de 2014, luego de un juicio que se realizó entre el 18 y el 28 de marzo de ese año, y donde se analizó la gestión, obtención y utilización fraudulenta de importantes subsidios por un total de 2 millones de dólares, que en el año 1999 fueron otorgados por el Estado Nacional a ARBOS –Asociación Regional Bariloche de Obras Social–, que resultaba propietaria de un conocido policlínico en esa ciudad.
En el juicio se demostró que, desde un comienzo, los subsidios fueron pedidos con objetivos fingidos que nunca se pensaban cumplir; y que una vez obtenidos fueron “circulados” a través de cuentas privadas, en efectivo, y mediante empresas que figuraban a nombre propio de los condenados. En realidad, se trataba de subsidios que tenían destinos específicos, en beneficio de los trabajadores con problemas de salud asociados a las diversas entidades gremiales fundadoras de ARBOS.
Los imputados fueron condenados a cuatro años de prisión y, además, fueron inhabilitados para actuar en los gremios. A Goye, además, no se le permitirá ejercer la profesión de contador. El TOF les aplicó multas de 45 mil pesos a cada uno en concepto de restitución de los subsidios de Nación.
GA/LL
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