Infojus Noticias

La precarización del trabajo en el Ministerio Público de Salta fue denunciada por la defensora oficial Natalia Buira. Muchos trabajadores de las fiscalías, defensorías y asesorías de la provincia renuevan su contrato anualmente desde hace 6 años. La semana pasada ingresaron 200 nuevos empleados a planta permanente. Este hecho “avasalla a los trabajadores que esperan hace 6 años salir de la inestabilidad laboral” dijo Buira a Infojus Noticias.

“En el año 2012 se agudizó el problema –explicó la defensora- cuando se despidieron a 12 pasantes rentados. Yo hice la denuncia en enero en el ministerio de Trabajo y en febrero en el ministerio de Derechos Humanos, ambos se declararon incompetentes”.

Los 12 abogados que fueron despedidos trabajaban en diferentes áreas del Ministerio Público. El Colegio de Abogados de Salta pidió “reglas claras para el ingreso y permanencia de los letrados en las diferentes dependencias” del organismo y expresó públicamente que las formas de contratación eran una “arbitraria e injustificada precariedad laboral”.

Los agentes contratados cobran menos que los trabajadores de planta permanente y realizan la misma tarea. Les corresponde vacaciones más cortas y menos licencias reglamentarias. “Las contratadas mujeres –cuenta Buira- no contaban con la licencia por maternidad. Se consiguió a través de una presentación en la justicia”.

Cada año, llegado diciembre, tienen que firmar un nuevo contrato por un año. Las modalidades irregulares van desde las “pasantías” hasta las “locaciones de servicios” pasando por la facturación como monotributistas. La defensora oficial afirma que en el Ministerio Público de la provincia existe “discriminación” y que hay “empleados de primera y empleados de segunda”. Además entiende que la poca organización gremial que existe entre los contratados se debe al temor de no renovar su contrato: “muy pocos contratados acceden al derecho a huelga porque, justamente, al ser contratados tienen que dar cuentas en diciembre. Están en la cuerda floja”.

A raíz del ingreso de trabajadores nuevos a la planta permanente, Buira hizo una solicitud al Procurador General de Salta, Pablo López Viñals. “Hice uso del derecho a la información pública y le peticioné que me remita, con carácter urgente, el listado de todo el personal que trabaja en el Ministerio Público, la fecha de ingreso y en qué ámbito se desempeña. Hasta el día hoy no obtuve respuesta”.

Las presentaciones que se hicieron durante el 2012 y que no tuvieron lugar en los organismos locales, podrían llegar ahora al ministerio de Trabajo de la Nación. “La información que le pido al Procurador es porque con esa lista puedo hacer una presentación en los organismos nacionales ya que los de la provincia se declararon incompetentes”, explica Buira. El argumento del ministerio de Trabajo de Salta para no tomar el caso fue que se “trataba de empleados de la provincia”. Para la defensora oficial esto es inadmisible. “En muchísimos casos intervino por vía de conciliación con empleados municipales y ahora dicen que esto excede su competencia”.

La defensora oficial se pregunta cómo van a defender a la ciudadanía si los trabajadores del organismo que vela por sus derechos están viviendo una situación de injusticia tan grave. “Resulta que el organismo que debe velar por los derechos de los ciudadanos realiza fraude, porque estas contrataciones no son el modo legal de pertenecer al empleo público”, enfatizó Buira.