Además fue detenido el subcomisario Walter Joaquín Ramírez. Por esta golpiza, están presos hace dos meses siete policías que alegan su inocencia y culpan a los altos mandos.
Después de las denuncias en conjunto realizadas por siete policías detenidos por golpear y arrojar a un basural a dos menores de Orán, el exjefe de la Guardia de Infantería, subcomisario Walter Joaquín Ramírez y el jefe de la Unidad Regional 2, el comisario Antonio Cruz, fueron también imputados en la causa por “apremios ilegales” que lleva la jueza de instrucción Norma Vera.
La causa por la que está imputado desde esta semana el exjefe de la guardia comenzó el 3 de mayo, cuando la madre de un adolescente de 15 años denunció que en la madrugada de ese día, personal de Infantería se hizo presente en el asentamiento Kunsen de la ciudad salteña de Orán. Después de recorrer las calles, la infantería ingresó a su vivienda para sacar a su hijo y llevárselo vestido, sin zapatillas. La madre recién lo encontró por la tarde en el hospital local, luego de que lo encontraran inconsciente en un basural junto a un amigo en igual estado.
Las pericias ratificaron la existencia de lesiones en los dos chicos de 15 años: hematomas, heridas y signos de haber sufrido torturas. En respuesta, la primera acción legal llegó dos meses después, cuando la jueza de Instrucción Norma Vera ordenó la prisión preventiva de siete policías de la dependencia de Orán como presuntos coautores responsables de los delitos de lesiones leves calificadas, y desde entonces están presos.
“En una primera instancia, les pidieron que se callaran y ellos lo denunciaron. El comisario general, se presentó a infundir temor y procurando un encubrimiento para los oficiales, ellos lo denunciaron también, porque están decididos en probar que ellos no fueron”, dijo a Infojus Noticias Pablo Cardozo, abogado de los siete policías y aseguró que “hay muchísimos testigos que lo prueban, y hay constancia en el libro de guardia que ellos ya no estaban prestando servicio en el momento de las agresiones”.
Fue así que los policías con reclusión preventiva pidieron que se investigara al exjefe de la Guardia de Infantería, subcomisario Walter Joaquín Ramírez y a la vez denunciaron por abuso de autoridad al tercer jefe de la Unidad Regional 2, el comisario Antonio Cruz, a quien además responsabilizan de haber sido quien armó la causa que los mantiene detenidos. “Logramos demostrar que en ningún momento hubieron detenciones durante el turno de mis defendidos, acá hay tres turnos y aparentemente habían jefes implicados que estuvieron en el turno noche”, dijo Cardozo.
En la denuncia que presentaron el 18 de este mes, los policías dicen que inmediatamente después de la acusación de las madres, Cruz se presentó en sus casas y los condujo detenidos, luego de exigirles que entregaran el arma reglamentaria, las credenciales y también los uniformes. “Sé que ustedes se mandaron una cagada; dos pendejos los denunciaron, así que digan la verdad de lo que pasó para ver si les puedo dar una mano”, les habría dicho Cruz.
Los policías también acusaron al oficial Juan Pablo Segovia, designado como actuario de la causa.
Denunciaron que hizo figurar que los menores habían sido examinados por el médico legal cuando no fue así. También emitió certificados que no tenían impreso el sello del profesional.
Lo que los policías sostienen es que el caso de los menores ocurrió en el turno anterior y que llama la atención que el subcomisario Ramírez, a pesar de ser el responsable de Infantería de la provincia, quedó al margen de la causa, lo mismo que Cruz y la esposa de éste, la comisario Gladys Chambi, quien estaba como Jefa de Día. Para Cardozo, “están presos hace dos meses para cubrir el nombre de los altos cargos, y es una práctica que no vamos a permitir”.