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La Cámara Federal de Mendoza revocó los sobreseimientos y procesó a una banda que elaboraba facturas falsas para facilitar la evasión del pago de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La investigación se inició cuando la AFIP-DGI detectó, durante una inspección, la existencia de una organización delictiva que se dedicaba a la comercialización de facturas falsas para respaldar operaciones ficticias o simuladas. 

Para esto se utilizaban prestanombres insolventes y de sociedades, creadas por ellos en algunos casos, para permitirle a sus "clientes" generar costos o créditos fiscales falsos, y reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos. 

Según las estimaciones de la AFIP, la actuación de la asociación ilícita dio lugar a un perjuicio fiscal millonario sufrido por las arcas fiscales. 

Se trata de "la causa de mayor relevancia en la jurisdicción, tanto en función de los hechos y montos evadidos involucrados, así como en función de las empresas usuarias de facturación apócrifa", informó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 

El organismo prestó colaboración técnica a la fiscal federal sanjuanina Katia Troncoso y al fiscal general Mateo Bermejo en la elaboración del requerimiento de elevación a juicio. 

En el comienzo de la causa, el juez federal se excusó por amistad manifiesta con los imputados, como también lo había hecho el entonces fiscal federal Juan Carlos Yannello. 

El juez subrogante, luego de haber dictado procesamiento y prisión preventiva, y sin que mediaran nuevos elementos de prueba, dictó tres tandas de sobreseimientos. 

Estos fueron confirmados por la antigua conformación de la Cámara Federal de Mendoza en la Sala A, integrada por Otilio Roque Romano (hoy procesado por delitos de lesa humanidad), Alfredo Juan López Cuitiño y Julio Demetrio Petra Fernández. 

Luego, en su actual conformación, la cámara mendocina revocó la cuarta tanda de sobreseimientos y dispuso el procesamiento. 

"Esto ha significado un cambio importante en las expectativas del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante AFIP/DGI con respecto al avance de la causa", sostuvo la Procelac. 

En la actualidad, las primeras tres tandas de sobreseimientos se encuentran en la Cámara de Casación Penal por los recursos presentados por los fiscales y la querella, y fue informado uno de los recursos. 

"Una resolución de Casación en el sentido solicitado por el Ministerio Público y la AFIP permitiría la realización del juicio oral y público", concluyó la Procuraduría.-