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Un hombre fue acusado y detenido por asesinar a una chica que nunca había muerto, una mujer estuvo secuestrada por denunciar una estafa, dos hombres siguen detenidos pese a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “San Luis es Macondo”,  suele decirse en esta provincia donde víctimas de violencia institucional y organizaciones preparan una campaña para frenar el atropello  a los derechos.

En la sede del Sindicato de Empleados Públicos de la capital provincial, familiares y representantes políticos se reunieron e intercambiaron experiencias y estrategias para darle una visibilidad a la problemática. Daniel Sosa, responsable provincial del Movimiento Evita, resaltó el hostigamiento policial que viven los jóvenes de las barriadas más humildes de San Luis. “Este no es otro país, como dice el slogan. Las cifras de inseguridad son similares a las de todo el país si se tiene en cuenta su porcentaje por habitante”.

Allí también se subrayó el problema de la mora judicial, que hace unos meses provocó una huelga de hambre entre detenidos. “Tengo varias causas que no han sido proveídas desde hace largos meses”, denunció un abogado penalista que, como tantos otros, recorre todas las Mesas de Entrada de los Juzgados de Instrucción. De hecho, casi todos los presentes se refirieron a las dificultades para encontrar apoyo de vecinos y amigos, que temen a las represalias por denunciar este tipo de irregularidades.

La madres de Facundo Giménez y Adrián Porras van juntas a todos lados. “Yo iba a las marchas que se hacían cuando esto le pasaba a otras madres. No puedo creer que no me acompañen. A mí un funcionario me había dicho “me las vas a pagar”. Y era verdad: lo estoy pagando”. Sus hijos están detenidos  por los asesinatos de Esteban Quaranta y Elsa Ferrayolli de Quaranta. La causa está en Casación desde febrero de 2012, con todos sus plazos vencidos.

Leonardo Rebolino, coordinador nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional, conversó hizo hincapié en la necesidad de construir una estructura que supere las banderías políticas y apuntale la lucha de las víctimas y sus familiares, reuniendo apoyos en el plano de la política, de las organizaciones sociales y de las universidades. “Los protagonistas coinciden en apuntar a un Poder Judicial servil ante las demandas del Poder Ejecutivo. Y una policía bien dispuesta a ejecutar sus mandatos”, sintetizó Rebolino.

Nelson Madafs y un asesinato que nunca ocurrió

En 1989 Nelson Madafs tenía 19 años. Claudia Díaz tenía 16 y se conocieron cerca de la escuela. Se sentaron en la plaza. Hacía frío. Él le dejó una campera nueva que recién se había comprado. La acompañó hasta la casa y luego ella se fugó. “A los 10 días me detuvieron, me sacaron con artillerías y armas, de adentro de la casa de mamá, con el chorrillo. Estaba durmiendo, eran las 2 de la madrugada. Me dijeron que me levantara callado, que yo había matado a una chica”.

Después se supo que el padrastro la maltrataba, y que por eso Claudia había juntado  coraje para irse de su casa. San Luis se movilizó, incluso estuvo la hermana Marta Pelloni. La versión policial era que ella estaba embarazada, que un noviecito la había hecho abortar. El gobernador había dicho públicamente que “este hecho se tiene que resolver”. Buscaban un culpable para aplacar el revuelo.  

El caso de Nelson es uno de los más emblemáticos de la provincia. El entonces juez Néstor Ochoa, del juzgado penal n° 3, se basó en una supuesta carta anónima que le había llegado: decía que Claudia estaba enterrada en la ruta 3. “Ahí me empezaron a pegar más. Hasta que dije que yo la maté, que estaba ahí donde ellos decían”. Pero a Claudia no la encontraban.

Después a Nelson le dieron la libertad condicional, y él se fue para San Juan porque se había enterado de que ella estaba allá. Una noche empezaron a decir por los medios que habían encontrado a Claudia Díaz, no se sabía si viva o muerta. “A mí me llamaron por televisión para que me presentara a un reconocimiento. Era ella. Tenía cinco niños. Estaba de la mano con la madre. Dijo que nunca supo que yo estaba preso”.

Con lo que cobró de un arreglo extrajudicial,  Nelson le compró una casa a sus padres. Pero los golpes de la policía lo dejaron incapacitado para trabajar y ahora se las tiene que arreglar con una pensión de 1.200 pesos.  “Quiero seguir en esta lucha, para que me hagan juicio como la gente, y que la gente se entere en San Luis como es la trata de la Justicia acá. Quiero que me devuelvan mi dignidad”.