Infojus Noticias

En La Plata, febrero no es un mes más: se cumple un nuevo aniversario del femicidio de la joven peruana Sandra Ayala Gamboa. Un caso que todos recuerdan por el cruel desenlace: el cuerpo apareció en un edificio estatal platense a seis días de su desaparición. Por el hecho, hubo un único imputado. Diego Cadícamo, un maestro mayor obras de 35 años, conocido como el “sátiro de las niñeras”, fue condenado en 2012 a cadena perpetua por abuso sexual seguido de muerte. Se convirtió en una de las figuras más siniestras de los últimos tiempos: también recibió sentencia por ochos casos de violaciones. Sus víctimas, tal como ocurrió con Sandra, eran jóvenes pobres, migrantes y habitantes de la periferia con carencias económicas. A ellas las atraía con ofertas laborales, simulaba entrevistas y luego las violaba.

A ocho años del crimen, Nelly Ayala Gamboa, la madre de Sandra, le dijo a Infojus Noticias que la causa sigue en curso. “Estoy a la espera que la justicia investigue la responsabilidad de los policías de la Comisaría Primera, que fueron los encargados de buscar a mi hija y no lo hicieron. Si hubieran hecho lo que correspondía, el hecho se hubiera esclarecido antes”, explicó. Nelly se refirió a los seis días que Sandra estuvo desaparecida tras ir a una presunta cita laboral en una dependencia del Ministerio de Economía. Allí la había citado Cadícamo, que se hizo pasar por un falso empleador. La misma noche que desapareció, su novio había realizado una denuncia en la Comisaría Primera y señaló la dependencia estatal como un posible lugar que Sandra habría visitado. Sin embargo, los policías jamás investigaron esa pista.

El abogado de Nelly, Eduardo Montané López, aclaró a Infojus Noticias que “todo el personal de la comisaría está siendo investigado por negligencia, porque tendrían que haber abierto el edificio y no lo hicieron y con eso se entorpeció la pesquisa. Hubo varias pruebas que se echaron a perder, porque el cuerpo de Sandra fue encontrado a seis días de su desaparición. La recolección de datos es fundamental en cualquier crimen, y aquí hubo mucha demora en reconstruir el hecho. Creemos que el Estado debe resarcir de algún modo a su madre, que durante mucho tiempo sufrió los daños y perjuicios de no saber qué había ocurrido con su hija”.

Y enfatizó: “No es la única responsabilidad estatal que necesita ser aclarada en el crimen de Sandra. Entendemos que si hubiera existido custodia policial en el edificio, a Sandra no lo hubieran violado ni matado. Pero el edificio lucía en obras, estaba bastante abandonado, y Cadícamo se las ingenió para entrar sin ningún impedimento a una dependencia pública y consumar su hecho delictivo”.

Otra de las cuentas pendientes del caso, según Montané López, es investigar el posible encubrimiento del personal público. “El edificio estaba cerrado por una obra de construcción cuando Cadícamo violó a Sandra, pero en los días que ella estuvo allí muerta entró personal y estamos seguros que vieron el cadáver y no  hicieron nada”. Por otra parte, Nelly pidió a las autoridades actuales del Ministerio que el edificio, que desde el crimen permanece cerrado, llevara el nombre de su hija. “Quiero que la memoria de Sandra quede grabada en la puerta del edificio, así puedo seguir llevándole flores como todos los meses”, dijo.

Los pormenores del caso

El viernes 16 de febrero de 2007, cerca de las 14.30 y a unas cuadras de plaza Italia, Cadícamo preguntó en una verdulería si alguien conocía a una niñera. Pagaba 10 pesos la hora. Minutos antes, Walter Silva De la Cruz, 38 años, peruano, había salido de la pensión de avenida 44 y 6. Entró al negocio y escuchó las palabras del hombre y enseguida se acordó de Sandra, 21 años, también peruana, la novia de un amigo suyo llamado Augusto Díaz Minaya.

Walter le comentó del trabajo y Sandra salió hacia la entrevista. No encontró a nadie y regresó con Walter. Luego llegaron hasta la avenida 7 entre 46 y 47, en la vereda de un banco, y en breve apareció Cadícamo, quien les dijo que la entrevista de trabajo la haría en la otra cuadra: era una dependencia del Ministerio de Economía que probablemente Sandra desconocía.

Caminaron unos metros. El supuesto empleador detuvo la marcha frente a una casona. Pidió que lo esperaran entre 15 y 20 minutos porque tenía que ir a lo de una hermana a buscar a los hijos para presentárselos a Sandra. A los pocos minutos, Walter regresó a la pensión y ella quedó sola. Eran cerca de las 15.30. Nadie los vio entrar ni salir de la casona. Y desapareció.

El 22  de febrero, un bombero del Ministerio caminó por la vereda y olió a podrido. Entró a la dependencia y encontró el cadáver. El cuerpo fue sometido a la rueda de identificación. La policía, que tenía la denuncia de desaparición hacía unos días y no había hecho los rastrillajes suficientes por la zona, convocó a los familiares. Se comprobó que el cuerpo había estado encerrado casi una semana.

La cara estaba irreconocible por los seis días pasados a la intemperie, con más de treinta grados de temperatura de ese verano platense que parecía taladrar el cemento. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, el pelo negro ensangrentado y señales de una violación que la autopsia  confirmaría. Era Sandra.

Desde que el bombero encontró el cuerpo en el archivo del Ministerio de Economía, reinó la confusión. Se asoció a Sandra con un posible caso de trata de personas. Desde este ángulo, Walter Silva, el vecino que acompañó a Sandra a la entrevista, fue visto como un “entregador”. El caso se archivó sin rumbo, pero el fiscal platense Fernando Cartasegna encontró ADN en la escena del crimen y conjeturó la hipótesis de un crimen.

Cadícamo cayó a comienzos del 2010 en Apóstoles, un pueblo de Misiones. Una chica de 15 años lo denunció por violación. En aquel momento, Cartasegna ordenó el cotejo de ADN de este caso con una colilla de cigarrillo encontrada en la escena del crimen de Ayala Gamboa y con los rastros de otras violaciones ocurridas en La Plata entre 2005 y 2007. Pronto descubriría que se había armado la serie policial más escalofriante de los últimos tiempos. Era Cadícamo.

El año pasado, el violador serial confesó la autoría de la violación ocurrida en Apósteles y firmó un juicio abreviado por quince años de prisión ante el Tribunal Oral y Criminal Nº1 de Posadas. Aún resta que ese alto órgano judicial homologue el fallo. De ese modo, podría recibir otra condena que alargaría su permanencia en la cárcel, pese a que su defensor elevó un recurso al Tribunal de Casación para que se le recorten los años de prisión.