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Rocío Villaverde tiene 18 años y es la cuarta de seis hermanos. Con sus padres, Oscar y María, viven en el barrio Santa Rosa de Lima, uno de los más populares de la ciudad de Santa Fe, en el siempre postergado cordón oeste. Concurre desde hace 6 años a la Escuela Especial N° 1429, “Dra. Sara Faisal”. Tiene síndrome de down y su familia decidió hacer un esfuerzo para poder enviarla a un colegio privado, “por todo lo que conlleva el cuidado de un chico especial, la estimulación, la contención, los médicos”. “Nuestro mundo es ella”, dice María. 

Ese mundo empezó a cambiar a fines del año pasado. El 3 de septiembre Rocío salió de la escuela “muy alterada”. Sus padres pensaron que se había peleado con un compañero y enviaron una nota en el cuaderno de comunicaciones para pedir una audiencia, que no se concretó. Al tiempo, desde la escuela le informaron a la familia que ya habían hablado con Rocío y con los profesores. “Lo hicieron sin estar nosotros presentes”, afirma Oscar.

Su mamá se dio cuenta que tenía un atraso, pero jamás imaginó la posibilidad de un embarazo. “Un día la estaba ayudando a cambiarse, le vi la pancita hinchada y la llevé al pediatra, que me derivó a un ginecólogo. Casi me muero, fue un golpe muy duro, porque nosotros vivimos para ella. El médico me dijo, antes de hacer la ecografía, que si estaba embarazada no había sido algo consentido, que era un abuso”, relató.

La familia no tiene dudas: sostienen que el hecho ocurrió en la escuela, que es el único lugar en el que Rocío se mueve fuera del hogar. Allí concurre de lunes a viernes, entre las 8 y las 16. A la mañana la lleva su hermano mayor y a la tarde la retiran sus padres. “A partir de ahí no sale de casa. Es una nena muy alegre, muy pegada a nosotros. Nos sentimos culpables porque cuando ella más nos necesitó, no estuvimos. Y porque el médico nos dijo que esto no pudo haber pasado sólo una vez”, se lamentó Oscar.

Sin respuestas

El enojo con las autoridades del colegio no sólo está relacionado con el abuso, sino con la falta de contención una vez denunciado el hecho. En un primer momento, y ante el cambio en el carácter de Rocío, se confrontó a la joven ante un grupo de docentes, sin la presencia de los padres. Luego no hubo otros ámbitos de apoyo. Según María, “cuando a Rocío le empezó a crecer la pancita tuvo ataques de llanto, nunca nos llamaron para ofrecernos un sicólogo, si hoy está superando esto es porque nosotros, como podemos, estamos enseñándole a entender lo que pasó”.

Padres de otros jóvenes con síndrome de down que también  concurren al colegio manifestaron a Infojus su incomodidad ante el pedido de la escuela de no sumarse a la difusión del caso porque eso “pone en riesgo la continuidad de la institución”.

Mariela, una de las hermanas mayores de Rocío, manifestó que la joven “empezó a contar lo que pasaba en la institución cuando le dijimos que no volvería a ir”. “Tenía miedo. La aislaban para amenazarla, sujetarla y violarla. Todo este horror ocurrió durante el ciclo lectivo del año pasado. Se aprovechaban de su vulnerabilidad", agregó.

“Hay otra criatura que fue obligada a participar,  los cómplices y autores directos siguen adentro de la escuela.  No podemos esperar a que nazca la criatura y hacer un ADN. Esto fue una violación, que  se repitió durante mucho tiempo”, remarcó.

"Lo único que hicieron las autoridades fue publicar una pequeña solicitada diciendo que nos apoyaban y estaban a nuestra disposición. Todas mentiras. Están tapando la verdad, escondiendo a los responsables. Lo peor es que continúan trabajando con chicos”, insistió. Allegados a la familia coincidieron en que Rocío está más tranquila desde que dejó de concurrir a la escuela.

El comunicado

El colegio emitió un nuevo comunicado hace tres días en el que sostiene que hasta el momento “no pesa imputación de delito sobre persona alguna, no existiendo en consecuencia certeza ni manifestación por parte de la justicia de que este lamentable hecho haya sido cometido por un docente dentro o fuera del establecimiento educativo”.

En un párrafo apunta directamente contra los dichos de Mariela y algunas publicaciones periodísticas, ya que “no es cierto que la denuncia verse sobre coacción de docentes sobre alumnos para la realización de prácticas sexuales y menos cierto aún es que ello haya sido comprobado por una pericia médica”, por lo que “tales expresiones se constituyen en manifestaciones susceptibles de ser encuadradas en responsabilidades civiles y penales”.

Además, afirma que “la investigación judicial se dirige hacia todos los ámbitos de cotidianeidad de la alumna, entre ellos su núcleo familiar”. Es más, en una reunión de padres que se realizó hace algunos días, las autoridades sostuvieron que “en el conflicto, está la familia”.

Tanto Oscar, su papá, como Martín, su hermano mayor, se pusieron a disposición de la justicia para someterse a los estudios de ADN correspondientes. La fiscal Milagros Parodi dispuso la extracción de sangre de dos profesores. En su poder tiene la lista del personal docente y no docente de la institución, por lo que evalúa tomar otras medidas en ese sentido.

Al tratarse de una violación, ya que Rocío no pudo haber prestado su consentimiento para mantener una relación sexual, el Código Penal establece la posibilidad de realizar un aborto no punible. La familia desestimó esa posibilidad y decidió que Rocío siga adelante con el embarazo, por lo que espera el nacimiento del bebé para el mes de abril.

Es precisamente esa decisión la que estira los tiempos para la comparación de las muestras de ADN, que podrían ser decisivas en la investigación. “Cuando consultamos por el estudio de ADN el médico nos dijo que habría que hacerle una punción a ella y que es invasivo para Rocío y para el bebé, por lo que preferimos esperar”, afirmó su padre.

La causa judicial

La denuncia se radicó en el mes de diciembre en la Fiscalía Regional N°1 y quedó a cargo de Milagros Parodi. El Centro de Asistencia Judicial, a través de Zulema Rivera y Federico Lombardi,  patrocina a la familia, aunque hasta el momento no se han constituido como querellantes, ya que la familia evalúa la contratación de un abogado de manera particular.

La fiscal solicitó a las autoridades del colegio la lista de empleados, docentes y no docentes, que concurren al establecimiento. La semana pasada se realizó la extracción de sangre de dos docentes, que serán cotejadas con las muestras de ADN que se le realicen al bebé, luego del parto.

La familia solicita que se tenga en cuenta el testimonio de Rocío pero para Ricardo Fessia, que está al frente de la Fiscalía Regional, “la joven no tiene buena expresión con gente desconocida, por lo que en la declaración en la Fiscalía no se pudo obtener mucha información”. Por ese motivo se hizo una presentación para que se contemple la posibilidad de una cámara Gesell, una alternativa que, hasta el momento, no se concretó.

La familia convoca a una nueva marcha el próximo viernes a las 20 horas, en la que solicitarán el esclarecimiento del caso. La marcha será desde la Legislatura al palacio de Tribunales.