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“¡Cómplices!”, gritó alguien en la sala ni bien se terminó de leer el anticipo de veredicto del juicio por los asesinatos de Franco Almirón y Mauricio Ramos, y por el intento de homicidio contra Joaquín Romero, sobreviviente de la llamada “segunda masacre de José León Suárez” en el barrio La Cárcova. Los jueces Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen –tras siete horas de deliberaciones– decidieron por unanimidad absolver al policía Gustavo Rey, acusado por el doble homicidio. Condenaron a Gustavo Vega, por los escopetazos contra el sobreviviente. Los fundamentos del fallo se conocerán el 26 de marzo. La fiscalía y los abogados de la familia aseguraron que desde ese momento trabajarán para demostrar en la instancia superior que hay prueba suficiente contra Rey.

María Elena Ramos, la mamá de Mauricio se fue de la sala corriendo, sin que nadie la llegara a verla. Estaba descompuesta y necesitó una ambulancia para dejar los tribunales de San Martín. Sus hermanas, familiares y compañeros también masticaban bronca, y dolor, y lloraban como se llora ante la impotencia. Miriam Medina, madre de otro joven asesinado por la policía (Sebastián Bordón) estaba allí para acompañarlos y fue la primera en entonar el himno de las víctimas del gatillo fácil: “Yo sabía/ yo sabía/ que a los pibes/los mató la policía”. Nadie quería irse de la sala, dejar ese veredicto así. “Sólo le pido a Dios que haya Justicia y que los pibes puedan descansar en paz”, había rezado Rosana Ramos, una de las tías de Mauricio.

Del otro lado de la sala celebraban los familiares de Rey, el joven sargento motorizado de la Policía Buenos Aires II. Entre ellos había varias mujeres vestidas de azul, con remeras que decían “derechos humanos para todos”. “¡Vamos!”, se escuchó que festejaban. En la sala había muchos más gendarmes que en las audiencias anteriores. El jefe del operativo les había pedido que en la última audiencia realizaran una requisa “más exhaustiva”.

Minutos después de las siete de la tarde el tribunal anticipó parte de la sentencia. Justificó la absolución diciendo que Rey contaba con el beneficio de la duda. En la puerta de Tribunales, la fiscal Ana Armetta –que había pedido prisión perpetua para rey y quince años para Vega- se acercó a la familia de Mauricio. “Vamos a hacer un recurso y a continuar apelando en instancias superiores”, se comprometió. “Las puertas de la fiscalía están abiertas para ustedes”, les dijo, sin lograr consuelo. Federico Efrón, abogado del CELS que representa a la familiar Ramos y a Romero, explicó que “la duda” indica la exigencia de seguridad en una condena. En una instancia superior, anticipó, se trabajará para demostrar que esa duda no está justificada y que hay prueba suficiente para mostrar que Rey mató a los chicos.

“Como el Poder Judicial no se ha democratizado, la Justicia no llega a nuestros pibes”

La directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, destacó la responsabilidad de la Policía Bonaerense y la brutalidad del operativo de represión. “Como el Poder Judicial no se ha democratizado, la Justicia no llega a nuestros pibes”, dijo Miriam Medina, activa militante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, con la foto de su hijo colgada en el pecho. “El tribunal volvió a asesinar a Mauricio y a Franco”, dijo Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita. “Está claro que a los pibes los mató la policía, y el encubrimiento posterior con complicidad del poder judicial, y del entonces ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, que repitió las versiones policiales”, agregó.

Durante el juicio los testimonios habían dado al público una clara idea de lo que pasó el 3 de febrero de 2011. Aquel día un tren carguero del CNA descarriló accidentalmente en el barrio La Cárcova, donde muchos viven de reciclar lo que los demás deshechan, a base de revolver durante una hora la montaña de residuos que llegan al CEAMSE. Ese día la gente se agolpó como siempre, con carros y bicicletas, a rescatar algo del esos vagones. Los primeros policías llegaron rápido: estaba en el Camino del Buen Ayre porque habían asesinado a un agente de esa fuerza en un robo. Llegaron cargados de bronca y de prejuicios: muchos aseguraron que había personas armadas en el lugar, pero nadie vio concretamente a alguien del barrio disparando.

Hay un video que se incorporó como prueba en el que una persona dispara, pero eso fue a 100 metros del lugar donde murieron los chicos. No se encontró ninguna bala de plomo que impactara contra los vagones del tren. No se pudo probar que los supuestos daños causados contra los patrulleros que estaban detrás del tren, sobre un terraplén más arriba, hayan sido causados en ese momento.

Lo que queda del juicio

A lo largo de este juicio sí quedó probado que el descarrilamiento fue accidental y que no existió ningún enfrentamiento en el barrio. La línea de escopeteros que se formó en un terraplén detrás del tren, logró “recuperar la formación” con disparos de balas de goma. A los policías parapetados ahí se les terminaron los cartuchos. El comisario de la comisaría 4ª de José L. Suárez, Víctor Uhalde, fue a buscar más balas y trajo también una pistola lanza gases. El policía de esa misma dependencia Carlos César Aguirre tiró una bomba de humo contra una pila de chatarra. Había un grupo de pibes ahí atrás, que salieron corriendo. Hubo disparos. Franco murió en ese momento, y Mauricio llegó vivo al quirófano del Hospital Belgrano.

Joaquín oyó que le gritaban “¡corré!”. Vio salir a Vega de entre los pastos, “como en una cacería”. Sintió una ardor en la espalda, le costaba respirar. Estuvo casi un mes internado. Fue parte del programa de testigos protegidos, pero extrañaba y decidió volver al barrio. En el juicio declaró como testigo y presenció las audiencias. La fiscalía había pedido, a su turno, 15 años de prisión para Vega por dispararle.

Tras los alegatos de los acusados, los dos hablaron mirando fijo a Garibaldi. Gustavo Vega, acusado de “homicidio en grado de tentativa” contra Joaquín Romero, dijo que cargó su arma sin mirar el tipo de munición. El ex instructor de tiro teatralizó el gesto con el que cargó su escopeta, y dijo que no se dio cuenta de la diferencia de peso entre una bala de goma y otra de plomo. Joaquín Romero lo escuchaba absorto.

A Vega lo entregó otro policía. El jefe de la Policía II Jorge Antonio Cortéz contó que Ignacio Azario le informó que Vega había hecho un disparo con munición de guerra. También recordó así las cosas Mario Briceño, el ex jefe de la Departamental de San Martín que fue removido por las acusaciones del vicegobernador Gabriel Mariotto respecto de este caso.

Gustavo Rey fue más breve. Acusado de haber matado a los dos chicos, casi se larga a llorar cuando dijo que entró muy joven a la policía, que lo hizo por vocación y para trabajar por la sociedad. Al momento de los hechos tenía 23 años. Su defensor se había centrado en desacreditar a los chicos que declararon, las pericias de Gendarmería, la investigación de la fiscalía. Pidió la nulidad del juicio, pero le fue negada.

La fiscalía había pedido prisión perpetua para Rey. A lo largo del debate varias personas lo identificaron porque es muy alto y flaco, por su corte de pelo, sus anteojos negros y por el chaleco donde guardaba los cartuchos rojos, municiones de plomo. Fue reconocido porque entró con su moto por una calle hasta el barrio y los jóvenes lo corrieron a piedrazos. Después volvieron a verlo atrás del tren, con el resto de los policías. Además la fiscalía acusó por falso testimonio a los tres policías motorizados que estaban con él: dicen que Rey se dejó el casco puesto todo el tiempo, y que no podrían haberlo reconocido. Nadie más vio a personas con el casco puesto en el lugar. No hay otros motorizados que hayan estado en el operativo que tengan estos rasgos tan distintivos de Rey. Sin embargo, para el TOC 2 no quedó probado quién fue el autor material de los disparos de escopeta 12/70 que impactaron en el Pela y el Gordo. No fue suficiente. Una vez más.