Infojus Noticias

Esta mañana, cerca de las 9, un operativo contra la trata de personas llegó al campo "El Ombú", en la zona de Baradero y detectó a 106 personas en condiciones de explotación laboral. El operativo estuvo a cargo del Programa Nacional de Rescate, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La orden de allanamiento la dictó un Juzgado Federal de Campana que subroga Adrián González Charvay, a raíz de una inspección realizada por la AFIP.

“Vamos a hacer dos filas y los identificamos”, pidió el policía federal que llevaba la orden de allanamiento en sus manos. Al otro lado de la tranquera –constató Infojus Noticias en el operativo- unos cien hombres de manos sarmentosas y ojos pacientes, separados en grupos de siete, miraban con desconcierto las camionetas que llegaron.

El campo El Ombú produce soja y maíz para la empresa multinacional Southern Seeds Production S.A.. En el suelo yacen los bolsos recién preparados de los trabajadores que llegaron desde Santiago del Estero el 27 de diciembre para desflorar los maizales, proceso vital en la producción de semillas híbridas, muy resistentes a ciertas enfermedades. Hoy, sus patrones los iban a trasladar a otro campo.

Las condiciones de vida de los trabajadores son muy precarias. Entre el verde del campo, están las nueve casillas de chapa donde pasan las noches. En cada una hay 16 cuchetas y no hay espacio para nada más. Son verdaderos hornos rodantes, que las noches de viento fuerte se convierten en una pesadilla. Hay otras tres construcciones bajas que funcionan como duchas y cocinas –les dan guiso, carne, fideos, yerba mate y dos bidones de agua por cuadrilla, compuesta por siete trabajadores-, y una gran carpa celeste y blanca, de unos 80 metros cuadrados, funciona de comedor. El agua que usan para bañarse es la que está en un tanque descubierto, con algas e insectos. No tienen baños ni agua potable.



El allanamiento lo motivaron sospechas de que se trataba de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Allí, el equipo profesional del Programa Nacional de Rescate entrevistó a varios trabajadores para conocer cuáles eran sus condiciones de trabajo. En arduas jornadas de nueve horas de trabajo, que incluían sábados, domingos y feriados, con la promesa de cobro de sueldo más horas extras, se dedicaban a desflorar el maíz: sacar la flor para que no germine.

Los psicólogos del Equipo de Rescate, confirmaron además que los trabajadores no contaban con asistencia médica. Dos de ellos están enfermos: a uno, después de lastimarse el pie trabajando, se le formó un edema, que está hinchado y picado, y tiene una herida con pus. Ningún médico lo vio. El segundo tenía fuertes cólicos renales: lo llevaron a un médico que le dio un antibiótico y volvió al régimen de trabajo normal.



Todos las víctimas llegaron a ese campo del interior bonaerense hace quince días desde distintos pueblos de Santiago del Estero, reclutados por un jefe de cuadrilla que tiene, ahora, el mismo régimen de trabajo que ellos. En principio, según explicaron las especialistas del Ministerio, estos capataces no forman parte de la red sino que también son víctimas. Los traen en micros desde su provincia y algunos ni siquiera saben bien cuánto ni cuándo cobrarán.

Los 106 trabajadores estarían bajo un régimen de trabajo formal –en blanco-, situación que aún no ha podido ser corroborada por las autoridades. A la mayoría de los trabajadores les habían dicho que cobrarán 228 pesos por día y que les descontarán 6 por “papeleo”, aunque –según lo relatado por los profesionales del Programa de Rescate- nunca se cumple con la paga prometida: cuando la cuadrilla finaliza su trabajo, quienes los emplean les realizan descuentos por alimentación, elementos de higiene, etc.



La empresa

No es la primera vez que Southern Seeds Production es investigada por la justicia federal por posible explotación laboral en el desflore de maíz hacia sus peones. En enero de 2011, una denuncia llevó a la justicia a una inspección a los campos “La Esperanza”, “El Paraíso” y “La Luisa”, en la ruta provincial 191, cerca de San Pedro. Encontraron 398 personas trabajando “en condiciones no acordes”, según el abogado del sindicato, desflorando el maíz. Entre los trabajadores había nueve menores de edad. El fiscal federal de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, pidió su indagatoria por trata de personas. El juez Villafuerte Ruzo allanó la casa de uno de los directivos y la sede administrativa en la ciudad de Arrecifes, y secuestró documentación. Cuatro meses después, el magistrado consideró que no había pruebas suficientes para encuadrar el escenario en el delito de trata y les dictó a seis imputados la falta de mérito.

Fuentes del Ministerio de Justicia confiaron que en 2012 los mismos campos volvieron a ser allanados por las mismas sospechas.