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El abogado Milton Urrutia, que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso reveló que ayer explotaron dos bombas caseras en el garaje de su casa. Urrutia, que representó a cuatro de los siete jóvenes que reconocieron ante el juez de Instrucción de Paraná, Alejandro Grippo, haber sido abusados por el cura Justo José Ilarraz, responsabilizó del atentado a "un grupo organizado de cuasi terroristas".

Urrutia,  que hizo la denuncia en los tribunales locales, explicó que los dos artefactos que explotaron dentro de su garaje "estaban preparados con tornillos y pólvora" y que encontró una carta en la que le decían que "deje de joder con la causa de los curas y que la próxima iba a ser un tiro en la vivienda". "Atento a las amenazas que vengo recibiendo, he resuelto no continuar con la causa Ilarraz. Me han agotado y no hay garantías", manifestó.

La iglesia católica santafesina inició una nueva investigación interna para analizar las acusaciones que involucran al sacerdote. Ilarraz está sospechado de haber abusado sexualmente de niños de entre 12 y 14 años, cuando asumió como prefecto de disciplina del Seminario Menor de Paraná, entre 1985 y 1992. Entonces, tenía a cargo a unos 200 niños de primer y segundo año. Entre sus tareas estaban el control nocturno de los pabellones. Él era el formador espiritual y tutor de los chicos, y la segunda autoridad de la Arquidiócesis Nuestra Señora del Rosario, de Paraná.

Una investigación con historia

Es la segunda vez que estos hechos se ventilan en el Tribunal Interdicesano de Santa Fe, esta vez a cargo del vicario Alejandro Bovero. La primera se hizo en 1995, por orden del entonces arzobispo de Paraná, monseñor Esteban Karlic del que Ilaraz “era secretario”, explicó uno de los abogados que acompaña a las víctimas. Meses después, en diciembre de 1996, Ilarraz fue sancionado: se le prohibió “permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas”.

El abogado Marcelo Baridon, que representa a uno de los jóvenes que denunció al sacerdote penalmente, dijo a Infojus Noticias que en abril presentaron una nueva denuncia ante la Conferencia Episcopal Argentina (máximo órgano de la iglesia católica en el país), el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig (representante del Vaticano) y las autoridades eclesiales en Santa Fe. Pedían que se investigara al sacerdote por violación del sexto mandamiento: “no cometerás actos impuros”. “A Bovero, el sacerdote a cargo de la investigación, le presentamos copia certificada de la denuncia penal y mi representado viajó desde Chile, donde vive actualmente, para dar nuevamente testimonio”, dijo el abogado.

En 1996, el Vicariato de Roma intervino y el sacerdote se recluyó en la provincia de Tucumán. Cuando el caso tomo estado público, y ante supuestas denuncias en las localidades tucumanas de Monteros y Concepción, el Ministerio Público provincial inició una instrucción. Esta mañana, uno de los abogados que defiende a Ilarraz, el entrerriano Juan Forneron dijo a Infojus Noticias que esta instrucción se archivó por falta de pruebas, según lo dispuso en abril el fiscal tucumano Jorge Carrasco. Para Forneron, su cliente es claramente inocente, pero adelantó que, según su perspectiva, la nueva investigación en el marco del derecho diocesano, “seguramente va a prescribir”. Explicó que las últimas reformas prevén un plazo de 20 años para que esto suceda; pero como los hechos que se investigan son anteriores corresponde la aplicación de la legislación más benigna: que establecía la prescripción a 5 años de cometidos los abusos.

Bovero, que es párroco de la Sagrada Familia de Santo Tomé y docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica de esa provincia, aclaró que la tarea que desarrolla "no es un juicio, sino una instrucción previa" y que la inició hace alrededor de un mes y medio. En declaraciones a peridperiodísticas explicó que su misión es "hacer la investigación previa y devolver todo lo instruido a la Santa Sede". La pena máxima prevista para hechos considerados graves por la iglesia puede ser la “reducción al estado laico”, explicó el abogado de Ilarraz.

En la justicia penal, la causa fue considerada prescripta por la Cámara del Crimen de Paraná que aceptó el pedido de la defensa del sacerdote.Ahora, la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integran los vocales Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, deberá convocar a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.

Hace unas semanas Urrutia, el abogado que representaba a cuatro de los denunciantes, afirmó que de ser ratificado el fallo de la Cámara por el Superior Tribunal de Justicia, llevará el caso a la Corte Suprema de la Nación e incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero las reiteradas amenazas, lo hicieron desistir. Urrutia, que conocía a Ilarraz porque también fue alumno en el seminario, afirmó que atento a las amenazas que recibió, ha resuelto “no continuar con la causa Ilarraz”. Me han agotado y no hay garantías", manifestó a Telam.

Urrutia hizo un ferviente llamado para que el papa Francisco "no permita que Ilarraz siga ejerciendo como sacerdote y consagrando el vino en sangre y el pan en cuerpo de Cristo". También se pronunció por el "cierre" del seminario local o que, en su defecto, tenga "un control estricto del Consejo Provincial del Menor (COPNAF), porque en él hay menores de edad".