Infojus Noticias

La semana pasada el juez federal Ariel Lijo dio a conocer el procesamiento del ex jefe de calle de la comisaría 1ª de San Miguel, Walter Azor y el ex oficial de la bonaerense Miguel Ángel Vara, junto con otras 14 personas, en una causa por trata de personas para la explotación sexual. En ese partido del oeste del conurbano se rescataron a 31 víctimas argentinas, dominicanas, paraguayas y uruguayas. La connivencia policial quedó acreditada pero organizaciones sociales de San Miguel denuncian la falta de políticas públicas locales para combatir la trata. Mientras tanto, la Justicia investiga la presunta complicidad de funcionarios municipales que habrían permitido el funcionamiento de los locales.
"Hay una clara inacción del municipio de San Miguel. No puede ser que haya siete o más lugares con más de 30 víctimas y el municipio no lo sepa. Los prostíbulos funcionaban en el centro. Los volantes se repartían y se veían en cualquier parada de colectivo”, dijo a Infojus Noticias, Gladys Villalba, integrante de la Organización de Derechos Humanos Razonar, que trabaja la problemática en la zona.

La connivencia policial
 

El ex jefe de calle de la comisaría 1ª de San Miguel, Azor y el ex oficial de la bonaerense Vara hacían posible el funcionamiento de esta red. Consultada sobre quién era Vara, una de las imputadas declaró en sede judicial: “Si, lo conozco, creo que es policía retirado. Lo conocí en el ambiente porque era cliente”.
En una de las escuchas entre dos imputados, un diálogo puso de relieve el sistema de coimas:

-Vino federal
-¿Qué?
- La federal vino y le pagué.
- 600 pesos le tenés que pagar, eh?
-Sí, si yo le pague nomás y se fueron.

De la investigación judicial se desprenden datos fundamentales, como un manuscrito de Vara donde el policía anotaba las direcciones por las que pasaba a cobrar a distintos prostíbulos, y casas de juego de la zona oeste del conurbano. Según este documento, el hombre llegaba a recaudar $28.000.

La denuncia que destrabó esta red de trata llegó a judicializarse en abril, después de un llamado a la línea 145 de la Oficina Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mensaje anónimo denunciaba la explotación sexual de diez mujeres en un prostíbulo de la calle Lima al 1400. A partir de ahí se hicieron escuchas y un intenso trabajo de inteligencia hasta lograr la identificación de siete domicilios más donde se explotaba a una treintena de mujeres. La red estaba compuesta por 16 personas, entre ellas los policías. En el centro de San Miguel, en un perímetro de 10 cuadras a la redonda, funcionaban ocho prostíbulos comandados por la misma organización.

Muchas de las víctimas habían sido convocadas ante la oferta de avisos en diarios, negocios barriales y paradas de colectivos donde solicitaban “señoritas”. Los volantes que se repartían en el centro de San Miguel reivindicaban la prostitución como un trabajo elegido. El que entregaba en mano un hombre en muletas decía: “Paraguayitas dispuestas al placer, de 21 a 26 años, nuevo plantel, las 24 hs. Hacemos lo que queremos”.

Cuando llegaban al lugar eran obligadas a trabajar en turnos de hasta 48 horas seguidas. Del dinero que cobraban se le descontaban para pagarle a los tarjeteros que repartían volantes ofreciendo la explotación de sus cuerpos y para la limpieza. Casi todas tenían una familia y necesitaban ese dinero para sobrevivir. También las obligaban a pagar el alquiler y los servicios del lugar. Los clientes abonaban entre $70 y $200 por “pases” que duraban entre diez minutos y una hora. Según la causa, en cada uno de estos prostíbulos entraban entre 40 y 50 hombres por día.

Las mujeres tenían que pedir permiso para comer y dormir. Pero muchas veces, en los momentos de descanso, las despertaban para atender a los clientes. “No se podía estar embarazada, ni indispuesta”, declaró una de las víctimas ante el juez Lijo. Todas eran víctimas de malos tratos. Una de ellas había sido inducida a provocarse un aborto con pastillas.
Los proxenetas estaban preparados ante posibles operativos de rescate. Para adoctrinar a las víctimas, hacían simulacros de allanamientos. “Ustedes lo único que pueden declarar es yo trabajo acá, yo pago mi parte, me llevo todo mi dinero, nadie me obliga, trabajo los días y las horas que quiero, somos nuevas, acá no hay dueña, no hay recepcionista, no hay nada, todas trabajamos para mantener el lugar y para mantener nuestra familia”, les repetían los cabecillas.

Después del procesamiento se espera la elevación juicio por este caso que parece ser la punta de ovillo de una red de trata informal pero aceitada al oeste del conurbano. En el debate oral serán juzgadas por lo menos 16 personas.