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Luego de una extensa ronda de alegatos realizada entre el viernes y le sábado, será el turno hoy de las últimas palabras para los ocho imputados de pertenecer a una red de trata con fines de explotación sexual entre República Dominicana y Mar del Plata. Mañana a las 14hs darán la sentencia. Para los principales imputados se esperan penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

El sábado alegó la defensa de Claudio Marcelo Campo, el efectivo de la Delegación de Drogas Ilícitas acusado de prestar colaboración en el sometimiento de las víctimas, incluso en las amenazas posteriores a quienes lograron escapar del prostíbulo Dulcinea, y la defensora oficial a cargo de la tutela de la dominicana Rosa Anyolina Adames Cruceta, para quien la Fiscalía pidió la pena de tres años de prisión en suspenso. En ambos casos los defensores pidieron la absolución de los imputados.

En el caso de Campo, los defensores Sergio Meneghello y Marcelo Peralta argumentaron que no existieron pruebas durante el debate que vincularan al efectivo policial a los delitos que se le atribuyen.

Para el caso de Adames Cruceta, la defensora oficial Ana María Gil basó el pedido de absolución en la no punibilidad de aquellas personas que son víctimas de trata, contemplada de en artículo 5 de la ley 26.364. La abogada explicó la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad de Adames Cruceta por ser mujer, pobre y migrante, de su pasado como víctima de violencia, de haberse visto obligada a casarse con un hombre mayor que la golpeaba, de dos intentos de suicidio y la llegada a la prostitución como último recurso, ante la falta de alternativas de vida.

De esta manera culminaron los alegatos que coincidieron en el pedido de absoluciones para los ocho imputados. Por su parte la Fiscalía, el viernes, había solicitado ocho años de prisión para Jorge Daniel Sánchez y seis para su esposa, la dominicana Orfelina Valdez Montero, ambos considerados autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual doblemente agravado por ser cometido por y en perjuicio de tres o más personas.

Para  Fernando Manuel Sánchez, hijo de Jorge, se pidió seis años por considerarlo partícipe necesario del mismo delito. Para el caso de Ángel Hernández Cabral y Carmela Concepción Colas, ambos dominicanos y considerados partícipes secundarios, se pidieron tres años en suspenso y cuatro de cumplimiento efectivo, respectivamente, teniendo en cuenta que a Concepción Colas se la consideró autora del delito de trata para el caso de una de las víctimas. En este mismo sentido, el fiscal pidió tres años en suspenso para la dominicana Rosa Angelina Adames Cruceta. Por último, para Reinaldo Iacovone se pidió un año de prisión en suspenso por considerarlo partícipe necesario del delito de presentación de documentación falsa.