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Infojus Noticias

18-8-2015|12:53|Trata sexual Buenos AiresProvinciales
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A partir de una denuncia de dos adolescentes

Tres imputados a juicio por trata de personas en Pinamar

Las víctimas eran llevadas hasta la ciudad balnearia con promesas de trabajo falsas y obligadas a mantener relaciones sexuales. En la causa, también figura el caso de una mujer que no llegó a ser prostituida pero sí engañada con el mismo fin. Dos de los acusados eran los responsables del negocio; la tercera, mujer, está señalada como captora.

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Por: Infojus Noticias

Tres víctimas y tres imputados tiene la causa por trata de personas con fines de explotación sexual que comenzará a ser juzgada el próximo jueves, en la ciudad de Mar del Plata. Dos de las víctimas son adolescentes que fueron captadas y trasladadas en la temporada de verano de 2013 desde Florencio Varela hasta Pinamar. Ahí las encerraron en un departamento, donde eran obligadas a mantener relaciones sexuales. A ellas se suma una tercera mujer que no llegó a ser prostituida, pero sí fue llevada mediante engaño al lugar, para ese fin. Los acusados son Alejandro Daniel Aguirre, de 57 años; Gonzalo Matías Aguirre, de 35; y Valeria Ester Giménez, de 23, oriunda de Temperley, provincia de Buenos Aires. Los dos hombres eran los responsables del negocio; la mujer, la captadora.

Durante el juicio, en representación del Ministerio Público, actuarán el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, y el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez. La investigación estuvo a cargo de Giménez y comenzó a partir de la denuncia de las adolescentes, que después de escapar del departamento en el que las mantenían cautivas hicieron la denuncia en la estación de Policía Comunal de Pinamar.

Según el relato de las víctimas, que consta en la elevación a juicio, Alejandro D. Aguirre les prometió trabajo en Pinamar, durante la temporada de verano, cuidando chicos y vendiendo productos en la playa. La madre de ambas murió y ellas quedaron con su abuela y hermanos. La situación económica apremiaba. Así que decidieron viajar a la costa para hacer unos pesos.

Durante la primera semana en la ciudad balnearia, una de las chicas trabajó en un lavadero de autos, y la otra de niñera en la casa donde vivía Aguirre, con su familia. Luego, Aguirre les dijo que no había más trabajo para ellas y las obligó a prostituirse para obtener dinero, al tiempo que las amenazaba con matar a sus familiares si no aceptaban.

La otra víctima

Mientras estuvieron cautivas, las dos chicas pudieron ver a otras mujeres que paraban de forma transitoria en el departamento. Entre ellas, recordaron a la otra víctima que consta en esta causa. Según los investigadores, esta mujer fue captada por Valeria Giménez que, con la promesa de trabajo doméstico en Pinamar y por un sueldo de 4 mil pesos mensuales, la acercó a la banda de Aguirre. El 1 de febrero, Giménez viajó con ella a la ciudad costera y la acompañó al departamento.

La vulnerabilidad en la que se encontraba esta mujer fue, como en la mayoría de los casos de trata, la clave para su captación. Ella vivía con sus cuatro hijas de entre 6 y 10 años en una sola habitación de extrema precariedad. Dormían las cinco en una cama cucheta.

Finalmente, en Pinamar, las cosas no salieron como era esperado y la mujer pidió regresar a su lugar de origen. Según informó la Fiscalía, una vez que la investigación se había iniciado y ella ya estaba de regreso en su casa, contó que fueron a verla los dos imputados.

Vulnerables

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Giménez reparó en la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Respecto a las hermanas citó el informe elaborado por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes de Quilmes, donde se indicó que las chicas convivían en su hogar con otras seis personas además de su abuela, cinco hermanos y un tío. Los hermanos concurrían a la escuela, pero también a comedores comunitarios que les proveen de almuerzo y merienda por la imposibilidad de cubrir los gastos básicos de alimentación.

Al mismo tiempo, al no tener la abuela otorgada legalmente la guarda de los menores no tenía acceso a subsidios estatales que podrían permitir cubrir los gastos mínimos, como sí podía cobrar su mamá, que falleció el año anterior por padecer HIV.

Las profesionales del Servicio Local de Pinamar, por su parte, indicaron: “…no se evidencian señales de angustia, sino más bien indicadores de una naturalización del hecho, se refiere que desde las estrategias de supervivencia en las que ambas hermanas están inmersas, sumado a un contexto de vida marginal, la naturalización y la desafectivización se figuran en ellas como grandes mecanismos de defensa que vienen utilizando para lidiar con estos traumáticos episodios…”.

JC/LL

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