La decisión fue del juez federal Alejo Ramos Padilla y alcanza a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. Los cargos son de asociación ilícita destinada a la eliminación "mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas".
El juez Federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento con prisión preventiva contra cinco acusados de haber integrado la organización paramilitar Triple A en esta ciudad del sur bonaerense durante los años 1974 y 1975. Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno deberán responder por haber conformado una asociación ilícita destinada a la eliminación "mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas". Además, Aceituno está acusado por el homicidio del militante de la Federación Juvenil Comunista David Hover "Watu" Cilleruelo.
En una resolución de 100 carillas, el juez Federal bahiense también ordenó embargar los bienes de los detenidos cuyos valores oscilan entre un millón, tres millones y cinco millones de pesos. En abril de este año, los fiscales de Derechos Humanos, José Nebbia y Miguel Angel Palazzai, habían solicitado al juez que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".
Poco después, los fiscales solicitaron al juez la imputación contra los cinco hombres por "haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.
En el marco de la causa, los imputados Chisu, Curzio, Forcelli, Pallero y Aceituno de desempeñaron como custodios del ex rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu. Curzio, quien además, fue identificado entre "los matones de la patota de la UOCRA" local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisu, por su parte, se incorporó, tras el Golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.
En la resolución el juez Ramos Padilla sostuvo que el grupo de seguridad "funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación (Oscar) Ivanisevich".
TELAM/JC