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El juez tucumano, Juan Pisa, y los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera fueron triplemente denunciados para que se investigue si en una causa por usurpación y robo de cosechas favorecieron a Rubén “La Chancha” Ale, uno de los cabecillas del clan al que Susana Trimarco vincula con el secuestro de su hija Marita Verón. La primera presentación la hizo el juez federal Fernando Poviña y después se sumaron el Colegio de Abogados tucumano y Carlos Garmendia, el abogado de Trimarco.

En 2011, Ale estuvo primero prófugo. Fue detenido por entrar con un grupo de hombres armados y robar en 150 hectáreas de cosechas de soja y maíz en una finca en la localidad de Los Pereyras, a kilómetros de la capital tucumana. Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció al fiscal en lo penal ante la Cámara de Apelaciones Alejandro Noguera por sospechas de irregularidades en esa investigación.

La UIF presentó la denuncia ante el juez federal Fernando Poviña, que investiga al clan tucumano por lavar dinero de una red de explotación sexual; pero el magistrado, por una cuestión de competencia, remitió el caso a la Justicia provincial. En los tribunales ordinarios la investigación recayó en manos del fiscal provincial Diego López Ávila, donde se sumaron las otras dos denuncias.

La del Colegio de Abogados incluye al fiscal de instrucción Herrera, ante la sospecha de que “se estén utilizando los tribunales penales como meras agencias de cobranzas y/o para dirimir conflictos de intereses que no guardan relación alguna con la persecución penal”. Y la de Carlos Garmendia, el letrado que acompaña a Trimarco en la búsqueda de Marita, que agregó en la triada de sospechosos al juez Pisa.

El fiscal López Ávila, desde los últimos días toma declaración a los denunciantes, para que ratifiquen o rectifiquen sus dichos y, de contar con ellas, se incorporen nuevas pruebas.

La carta

La denuncia que la UIF presentó en el juzgado federal se basa en una carta que se encontró en la casa de Ale, durante uno de los allanamientos ordenados por Poviña en la investigación por lavado de dinero. En esa nota, un escriba no identificado, se dirige al cabecilla del clan como “Querido Rubén” y se compromete a “seguir luchando para que se haga justicia con vos”. El remitente lamenta haber perdido mucho “porque estoy involucrado con un hermano”. Y se queja de haber perdido “con el animal de Herrera, quien ahora se va a sentir poderoso protegido por el resto de los jueces”.

La nota escrita en computadora e impresa en una hoja oficio no lleva firma; pero tanto la querella de la UIF, como el fiscal federal Carlos Brito -que acompaña a Poviña en la investigación federal- abonan las sospechas sobre vínculos entre Noguera y el clan delictivo. La UIF sospecha que el autor de la nota sería el fiscal Noguera. Más adelante los colegas zanjarían esas diferencias coincidiendo en la resolución del expediente que terminó con el sobreseimiento de Ale.

“Habría una presunta connivencia o al menos una amistad íntima entre estos dos actores (Noguera y Ale)” concluyó Brito, citado por Poviña en la denuncia, al referir que eso “explicaría la actuación del Fiscal de Cámara que se parece más a una encendida defensa que a una intervención de un representante del Ministerio Público Fiscal”, en la causa donde Ale terminó sospechosamente sobreseído.

Para Poviña resulta por lo menos “asombroso” desde el punto de vista jurídico, que ese expediente culminara con un “acuerdo”, en el que Ale y su coimputado Daniel Jorrat reconocen los derechos de propiedad de la querella sobre el inmueble y acuerdan pagarles una indemnización de 300 mil pesos. Como si se tratara de un asunto privado y no de una causa penal, eso bastó para que Herrera y luego Noguera dejaran extinguir el caso. Lo que llevó al juez federal a informar al respecto a la justicia provincial para que determinen si la acción del fiscal Noguera no se encaminó a la búsqueda de la verdad, sino “consciente” y  “voluntariamente” a beneficiar a los imputados.

La simulación

El Colegio profesional remarcó la necesidad de “profundizar” la investigación más allá de la causa por usurpación que involucró a Ale, ante la posibilidad de que no se trate de un único caso. Advierten la posibilidad de estar frente a una práctica recurrente, que puede ir desde “prevaricato, al haber hecho el juez una renuncia consciente y voluntaria de investigar” hasta “el acto delictivo de ‘comprarse’ al juez o fiscal”.

Después de eso, y como Garmendia analizando el trámite de la causa, señalaron una serie de irregularidades. Según el Colegio, en el inicio del expediente Herrera había “desplegado una intensa actividad” investigativa. Garmendia recordó que el fiscal había acumulado por entonces más de 80 pruebas en contra de Ale, tras sus reiterados intentos de retomar el predio por la fuerza, en marzo, julio y agosto de 2011.

Para entonces, el cabecilla de la banda se encontraba prófugo. Cuando reapareció en escena internado en una clínica en la capital tucumana (una modalidad que repitió cuando Poviña pidió su detención en la causa por lavado), el juez a cargo de la instrucción Víctor Pérez, le dio la razón a Herrera. Ale quedó detenido preventivamente, aunque hospitalizado.

El giro

Ale apeló la prisión preventiva. Al llegar el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Noguera en un escrito que según Garmendia parece preparado por la defensa, emitió un dictamen que lo beneficia. “Lo que más llama la atención es cómo el fiscal Noguera hace de cuenta que nunca existió la actitud renuente de Ale a presentarse ante la Justicia”, afirmó el abogado. No tuvo suerte entonces, y la Cámara le confirmó la prisión, lo que según sospechan los denunciantes podría haber motivado la carta sin firma encontrada en la casa de Ale.

Pero a partir de la firma del convenio entre Ale y las víctimas, Herrera volvió sobre sus pasos. Según el Colegio de Abogados “pasó a una sugerente inactividad investigativa y a una apoyo recurrente y sostenido a las peticiones defensistas”. Y una vez concretado el pago acordado entre las partes, en los primeros días hábiles de 2014 dejó caer la acusación sosteniendo que “no existían en el legajo elementos suficientes”.

El juez de instrucción Víctor Pérez rechazó esa posibilidad, enumerando cada prueba recopilada por Herrera. El caso volvió a manos de Noguera, que en esa oportunidad coincidió con el fiscal Herrera y repitiendo sus argumentos consideró que el acuerdo entre las partes “expone la buena fe de los imputados por el delito de usurpación”, olvidando que también estaba investigados por “hechos tan graves como el hurto y el robo agravados y la amenazas con armas de fuego”.

Carlos Garmendia extiende las sospechas hasta el juez Pisa, que llegó a la causa por usurpación luego de que el juez Pérez tuviera que excusarse, porque ya se había negado a dictar el sobreseimiento para Ale. “Es quién garantiza la impunidad”, aseveró Garmendia y denunció a los tres funcionarios judiciales por “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y negación y retardo de justicia”. 

MB/LC