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Los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, argumentaron hoy oralmente ante la Cámara Federal el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón por 270 víctimas del denominado Operativo Independencia, que implementó el terrorismo de Estado localizado en el ámbito de aquella provincia en 1975.

Según informaron desde Fiscales.gob.ar, la intervención de la fiscalía se dará en el marco del recurso de apelación interpuesto el 6 de febrero pasado a la negativa del juez federal Raúl Daniel Bejas de llamar a declarar como imputada a la ex presidenta. Contrariamente a lo que considera el Ministerio Público Fiscal, Bejas sostiene que las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán de manera autónoma y sin la aquiescencia del Poder Ejecutivo Nacional.

La exposición de la fiscalía estará centrada en atacar por “arbitraria”  y por constituir un “sobreseimiento ficto” -es decir, de echo- la decisión de Bejas, al no permitir el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada. En ese sentido, apuntarán al rol “esencial” cumplido por la presidenta Martínez en los hechos.

Bejas había concluido que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno constitucional y que, por tal motivo, “no habrían contado con la ‘aquiescencia’ del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar”.

En ese sentido, el juez federal también expuso la teoría de la autonomía de los militares. Indicó que “desde el año 1974 las FF.AA. y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”.

Camuña y Rovira habían solicitado la detención de Martínez el 20 de diciembre de 2011 e imputaron alrededor de 130 personas. El juez demoró más de un año en resolver el pedido y el 27 de diciembre pasado negó la solicitud de indagatoria de la ex mandataria.

Los fiscales sostuvieron en su primera presentación que Martínez era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que “con esa función tenía como atribución disponer de las fuerzas militares, su organización y distribución según las necesidades de la Nación”. En ese sentido, destacaron que Martínez firmó en febrero de 1975 el decreto 261/75 “que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la directiva 333 de enero de 1975″. El decreto, precisaron, “ordenaba ‘neutralizar y/o aniquilar’ los elementos subversivos en la provincia de Tucumán, empleando a las fuerzas armadas en la represión interna”.

Camuña y Rovira dijeron no desconocer que el fin último de los militares era derrocar al gobierno constitucional, pero consideraron que Martínez “efectuó una contribución esencial a la efectivización de las conductas delictivas, mediante su inacción, defraudando el rol de garante en el que se colocó con la firma del decreto mencionado y por su propia función como comandante civil de las FF.AA”.

Cuando apelaron la resolución de Bejas, los fiscales cuestionaron el argumento de la supuesta autonomía de las FFAA respecto de la entonces presidenta. Sostuvieron en ese sentido que si bien “el proceso de autonomización de las FF.AA. orientado a la toma del poder estatal para la ejecución de un plan político-económico” comenzó antes del gobierno de Martínez eso “no obsta a que ésta haya efectuado una contribución penalmente relevante (ya sea por acción o por omisión) a la concreción de los hechos delictivos”.

De los alrededor de 130 imputados que tiene la causa por el Operativo Independencia, 32 ya fueron indagados. El juez Bejas le dictó la falta de mérito a 13 de ellos (en algunos casos, parcialmente) y procesó a otros 17, mientras que sobreseyó a los dos restantes. Los dos sobreseimientos no fueron apelados por la fiscalía, que los consintió por entender que correspondían.