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En el paraje tucumano de Pueblo Nuevo, un grupo de vecinos denuncia que un empresario catamarqueño avasalla sus tierras. Esta comunidad rural donde los pobladores crían animales y cultivan maíz está ubicada al norte del departamento de Graneros, muy cerca de Santiago del Estero y de Catamarca. El 31 de octubre la policía provincial, acompañada por el juez de Paz Esteban Molina, llegó hasta ahí para hacer cumplir una medida cautelar a favor de Juan Carlos Rojano, el dueño del terreno vecino al lugar que habitan las familias. Se trata de la causa “Sucesión de Lizarraga”, iniciada en el año 2000. Rojano reclama derechos de propiedad sobre un territorio habitado desde hace generaciones por un grupo de familias. La causa pasó por distintos juzgados de la provincia y ahora está a cargo del Juzgado Civil y Comercial Segunda Nominación, subrogado por la jueza Ivonne Heredia. El 7 de agosto este juzgado había ratificado una medida cautelar de 2007: no innovar. Además, fijaba el perímetro del terreno de Rojano, delimitándolo con un alambrado.

En julio, Rojano denunció que los pobladores habían avanzado sobre una porción de su propiedad. El juzgado ordenó una inspección ocular. El juez de Paz de Graneros, Luis Molina, informó al juzgado: el alambrado ya no estaba, la tierra tenía las marcas de una cosecha reciente. En base a esa información, el juzgado ratificó la cautelar de 2007 y ordenó volver a construir el alambrado en el punto en el que estaba aquel año. Es decir, autorizó al demandante a volver a colocar el alambre para que se cumpliera la medida cautelar de 2007. El 31 de octubre a las 9.30 de la mañana el juez de Paz con la policía provincial se hizo presente en Pueblo Nuevo para iniciar las tareas de construcción de una cerca nueva.

Daniel Ruiz, uno de los habitantes del paraje, denunció que el propietario "tenía que extender los alambres unos 200 metros al sur. Sin embargo, vino con policías y el juez de Paz, para avanzar también sobre lo nuestro. Son tierras que nos dejaron los bisabuelos. Les mostrábamos los papeles pero nadie nos quería escuchar". Y agregó: "Está claro que no nos oponemos a que tome lo que le corresponde, pero no vamos a permitir que se extralimite con lo que nos pertenece. Además, es lo único que tenemos para vivir".

Los habitantes de Pueblo Nuevo contaron al diario La Gaceta de Tucumán que el propietario usó la disposición judicial para avanzar con una topadora sobre la cerca de alambre que delimitaba sus viviendas y derribarla. Fuentes del juzgado dijeron a Infojus Noticias que no hay ninguna orden judicial que ordene un desalojo ni la expulsión de las familias de esos terrenos. “La medida sólo autoriza el corrimiento del alambrado” informaron desde Tucumán.

Por su parte el juez de Paz Esteban Molina explicó a Infojus Noticias que se limitó a cumplir la orden judicial que ordenó la restitución del alambrado. Al mismo tiempo, en el juzgado afirmaron: No tenemos información de que con el alambrado se haya afectado a familias”. También aclararon que la medida cautelar del 7 de agosto está firme, ya que no fue apelada por los pobladores ni por su representante legal. Sobre la denuncia que realizan los habitantes de Pueblo Nuevo, en el juzgado respondieron: “si la parte motus propio avanzó más de lo que tenía que avanzar es responsabilidad de la parte o del juez de Paz que estaba ahí. Nosotros no estamos informados. Si se afectó a familias nosotros no tenemos conocimiento”.